Los responsables del PGOU denuncian que se les “apartó” cuando llegó García de Coca como concejal de Valladolid

“Te apartan, dejas de existir… Es más sutil. No te llaman y no te piden nada. No es que te aparten, es que no te piden nada y no te encargan nada”, ha señalado este jueves la arquitecta Irene Serrano durante su declaración como testigo en el juicio que investiga la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid. Serrano —que continúa en el Ayuntamiento y ha trabajado en el PGOU de 2019—y el resto de testigos han señalado un cambio en el método de trabajo del equipo después de que José Antonio García de Coca entrara en la Concejalía de Urbanismo: “Nos encargaban cosas menores”.

La segunda sesión del proceso ha tenido como protagonistas los testimonios de los cuatro miembros del equipo redactor del plan, que posteriormente fue modificado sin someterlo a información pública y por cuya manipulación se investiga a la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid.

El Caso PGOU afecta al concejal de Urbanismo en 2003-2007, José Antonio García de Coca, el arquitecto Luis Álvarez Aller, el exjefe de área, Modesto Mezquita, y el exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo. La Fiscalía pide cuatro años de prisión para todos y varios años de inhabilitación. Los encausados por falsedad en documento oficial, prevaricación y un delito sobre el patrimonio negaron ayer haber manipulado el Plan general de Ordenación Urbana en beneficio de varios empresarios y responsabilizaron a Carlos Cándido Fraile Casares, arquitecto fallecido en 2006.

El funcionamiento con García de Coca no era “normal”, ha afirmado Serrano. “En Administración uno trabaja el proyecto, lo entrega y defiende en la Junta de Castilla y León, las asociaciones de vecinos y los centros cívicos”, ha subrayado la arquitecta, que ha notificado que en el desarrollo del PGOU de 2019 sí ha acudido a centros y asociaciones a explicar las modificaciones planteadas. “Esta no era la tónica con García de Coca”, ha sentenciado. 

“Nuestro protagonismo cambió de manera importante, tuvimos mucho menos”, ha asegurado Francisco Pérez, ingeniero de caminos y parte del equipo, quien ha reconocido ser el responsable de introducir los cambios de la normativa en un documento de Word “para evitar que las diferentes versiones que se desacompasaran”. “La última versión que yo tengo es del 23 de octubre de 2003”, ha señalado. El PGOU se publicó en el BOE en febrero de 2004.

Serrano también ha explicado que no acudió a la defensa del proyecto ante la Junta de Castilla y León y el Consejo Consultivo de Castilla y León. “No sé por qué no asistí, porque ahora sí estoy participando en esas reuniones”, ha aseverado.

Su compañero en la elaboración del PGOU Jesús Valverde, ha añadido que se sintieron apartados y que las reuniones se redujeron desde la entrada de García de Coca. “Antes de la nueva corporación [con Federico Sumillera como concejal], las indicaciones eran más habituales”, ha reconocido Valverde, ya jubilado. 

La arquitecta ha explicado que se produjeron reuniones entre la empresa redactora (Inzamac) hasta que se entregó el proyecto provisional del PGOU, pero después el responsable de la compañía “dijo que ya se dirigía él directamente a Modesto Mezquita [exjefe de área]”. “Inzamac nos indicó que tenían instrucciones de no intercambiar información directamente con nosotros. No recuerdo el texto exacto, pero el correo supuso una sorpresa”, ha afirmado el ingeniero de caminos.

También ha comparecido el que fue director del servicio de planeamiento hasta finales de 2003, Ricardo Núñez. Le sustituyó en el cargo José Luis Cerezo, investigado en la causa y para quien la Fiscalía solicita cuatro años de cárcel y 19 de inhabilitación. Núñez también ha reconocido que se redujo el número de indicaciones por parte del nuevo concejal (García de Coca) y ha explicado que las decisiones de calado en el proyecto —como la categorización de una parcela o quitar unas restricciones de una parcela— “se consultaban y se decidían con la concejalía”.

Núñez ha concretado que él era el coordinador del equipo interno y no como jefe de Servicio. A pesar de su función, no defendió la aprobación provisional del Plan General en la Comisión de la Junta de Castilla y León.

Han pasado 16 años desde que en febrero de 2004 se publicara en el BOE el Plan General de Ordenación Urbana, presuntamente manipulado. El descubrimiento y la posterior denuncia se produjeron en 2008, y los testigos declararon por primera vez en 2011. El paso del tiempo ha dificultado a los testigos recordar con exactitud algunas cuestiones puntuales sobre asistencia a las reuniones o algunos artículos concretos del PGOU. “Disculpe que me falle la memoria, que han pasado 16 años de esto”, ha lamentado Pérez Nieto.

El ingeniero de caminos ha afirmado que la tramitación del PGOU se realizó “a la carrera”, en un lapso de tiempo “mucho más breve del que habría sido necesario y el documento no era técnicamente tan limpio como habríamos querido, con errores”.

El arquitecto fallecido en 2006

Carlos Cándido Fraile Casares fue un arquitecto interino del Ayuntamiento de Valladolid que se incorporó al equipo interno durante un tiempo. Cuando salió la oposición, suspendió y abandonó su puesto de trabajo. “A partir de julio de 2003 le contratan con una asistencia técnica y le ponen a trabajar en algunas cosas julio y agosto”, ha indicado Serrano, que ha negado que el equipo tuviera una “relación directa” entre el equipo y Fraile Casares. El arquitecto, ha sido el principal señalado como responsable del PGOU por los acusados.