Unas 212.000 personas vivían en pobreza severa en Castilla y León en 2023, 41.000 más que el año anterior

En Castilla y León vivían en 2023 hasta 212.000 personas en situación de privación material y social severa -pobreza severa-, unas 41.000 más que en el año anterior; aunque la tasa AROPE, que establece el número de personas el riesgo de pobreza, ha bajado un 3,4 por ciento entre 2015, cuando había 574.000 personas en esta situación, y 2023, con 534.000 personas.

Así lo señala el Informe sobre el Estado de la Pobreza 2024, centrado en estudiar las variables de “Pobreza y territorio”, firmado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) y presentado este lunes en el Senado.

Este documento compara la situación existente entre 2015, cuando el porcentaje de personas en riesgo de pobreza en Castilla y León era del 23,2 por ciento, y 2023, con el 22,4 por ciento.

En el caso de la comparativa de las personas en situación de pobreza severa en ese mismo horizonte temporal, el informe detecta una merma de 0,8 puntos porcentuales, con 28.000 personas menos en esta situación.

También desgrana el informe el número de personas que, siendo pensionistas, se encuentran en situaciones de pobreza. En concreto, en Castilla y León el 33,5 por ciento de los pensionistas están en riesgo de pobreza (uno de cada tres) y el 13,6 por ciento están en situación de pobreza severa.

Brecha norte y sur

Las comunidades de Murcia, Canarias, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía tienen las tasas más altas de pobreza, mientras que en el otro extremo se encuentran País Vasco y Navarra, seguidas de Madrid y, en general, todas las comunidades de la mitad norte.

El informe señala la existencia de dos Españas, pero esta vez la división atraviesa Madrid por el sur, y deja abajo a la mitad pobre. Baleares figura en la lista de las mejor situadas.

“Es evidente la división de España en dos mitades con muy diferentes realidades de vida”, señala el informe.

Y apunta: “Las comunidades que se encuentran de Madrid al norte conservan bajas tasas de pobreza y/o exclusión social –entre 0,8 y 11,5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional-, incluso inferiores a las tasas medias europeas; y las situadas al sur mantienen tasas extraordinariamente elevadas -entre 1,5 y 10,9 puntos porcentuales por encima de la media nacional y, en conjunto, superiores a cualquier país de la UE (27)”.

“Parecida relación mantienen la privación material y social severa y la baja intensidad de empleo”, añade.

“¿Se puede permitir un país semejantes diferencias territoriales?”, se preguntaba hoy Juan Carlos Llano, el director del informe, en la presentación en el Senado.

“Si se eliminasen todas las ayudas y prestaciones, 10,8 millones de personas en todo el país entrarían en situación de pobreza”, añade el estudio, antes de apuntar que “el mero crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza”.

Y luego vuelve al factor territorial al apuntar que “pese al aumento del PIB en todas las Comunidades Autónomas desde 2015, la tasa de pobreza sólo ha descendido en diez de ellas” y, especialmente, en Cantabria, Aragón, País Vasco y Asturias, las regiones donde las transferencias reducen la pobreza con mayor intensidad.

En cualquier caso, el efecto que tienen en nuestro país las políticas públicas contra la pobreza es menor que en otras naciones europeas.

Y así, el informe señala que, “aun considerando la importancia que tienen dichas trasferencias, el efecto es menor que en otros países de la Unión Europea (UE): mientras que en nuestro país permiten reducir la pobreza en un 52,6 %, en Alemania lo hacen en un 64,9 %, en Francia en un 67,2 % y en Finlandia en un 70,7 %”.

Además, el informe denuncia “los efectos de las sucesivas crisis y el encarecimiento de la vida derivado de la inflación y del elevado coste de la vivienda”, que “han provocado un aumento del riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) en todo el país, que ha pasado del 26 % en 2022 al 26,5 % en 2023, afectando a 12,7 millones de personas”. EFE