Juristas denuncian violaciones de derechos humanos en las cárceles catalanas
El centro para la defensa de los derechos humanos Irídia ha organizado este viernes la presentación de Barcelona del proyecto europeo de una red de litigios penitenciarios, que pretende poner el foco en la defensa de derechos humanos en aquellos países condenados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por violaciones vinculadas a problemas sistémicos de su sistema penitenciario. El Estado español es uno de ellos, y con unas jornadas han querido poner el foco en el sistema penitenciario catalán y las violaciones de derechos que se producen en él.
Jaume Saura, adjunto general del Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán), asegura que no hay ninguna duda de que hay casos de maltrato en las cárceles catalanas, y que no siempre son físicos, sino que los casos más comunes son de vejaciones. Saura denuncia que el Síndic, uno de los mecanismos de control del servicio penitenciario, tiene problemas para actuar ante casos de malos tratos. “En otros temas hay documentación que podemos analizar y podemos hacer recomendaciones, pero en el caso de los malos tratos hay un elemento importante que es la falta de prueba, y aquí reclamamos la aplicación del protocolo de Istambul”, dice, y explica que “cuando hay quejas por maltrato termina siendo la palabra de uno contra la de los otros, y los partes médicos son absolutamente insuficientes”.
“La situación de las cárceles catalanas es de opacidad”, ha dicho contundente Andrés García Berrio, penalista y miembro de Irídia. El abogado ha denunciado que esta opacidad es aún peor en el régimen de aislamiento –“cárcel dentro de la cárcel”–. En este ámbito, asegura, los mecanismos de control fallan “totalmente”. “Hay un grado de impunidad alto con el que queremos empezar a romper”, ha afirmado antes de apuntar que es uno de los ejes en los que trabaja Irídia. Saura remarca que a pesar de que el aislamiento está limitado a 14 meses nada impide que se encadenen medidas disciplinarias que pueden durar meses.
Trato diferenciado de los presos extranjeros
Josetxu Ordoñez, de la comisión de defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, ha puesto el énfasis en la vulneración de derechos de las personas migrantes en las prisiones catalanas. Al final de 2015 un 40% de la población penitenciaria en Catalunya eran personas extranjeras. “No es un reflejo de la población catalana, donde no hay un 40% de personas extranjeras”, ha remarcado Ordoñez.
En este contexto, se pueden dar situaciones en que personas condenadas con la misma pena por el mismo delito pueden tener grados diferentes de cumplimiento de la pena, asegura el abogado. “Se deniegan constantemente los permisos a los presos extranjeros porque aseguran que la falta de arraigo es un riesgo, pero precisamente los permisos son un elemento que facilita el arraigo”, critica Ordoñez, que denuncia que se dejan pasar los períodos de renovación de permisos de residencia de personas migrantes presas, que a veces están en prisión preventiva sin condena.
El abogado ha denunciado lo que considera “una anomalía del sistema penal catalán”. Desde 2011, cuando la población extranjera alcanzó el 46%, el Departamento de Justicia ha emitido dos circulares sobre presos extranjeros a las prisiones catalanas, “el objetivo declarado de las cuales es la reducción de la población penitenciaria extranjera”, explica Ordoñez . Esta reducción pasa por una utilización de los mecanismos de expulsión vinculados a la ley de extranjería o de cumplimiento de penas en el país de origen. “Las cárceles catalanas se están utilizando como CIE, porque la pena se convierte en un internamiento cautelar previo a la expulsión y la puerta de salida de la prisión lleva a un vuelo de deportación”, concluye.
Más riesgo de enfermedades infecciosas
Con el foco en la salud, la investigadora Cristina Fernández ha trabajado la prevalencia del VIH, la hepatitis C y la tuberculosis en las prisiones. “Los asuntos relacionados con la salud, y especialmente con enfermedades infecciosas, no son una prioridad de los mecanismos de control de las cárceles”, ha denunciado, con un llamamiento a las entidades de derechos humanos por un cambio en este abordaje. “El derecho a la salud en una situación de privación de libertad es indisociable del derecho a no sufrir maltrato”, remarca Fernández.
La prevalencia de la hepatitis C en las prisiones catalanas es 7,2 veces superior al del conjunto de la población, en el caso de la tuberculosis es 10 veces superior, del VIH entre 20 y 28 veces más y del sida 23 veces más. Fernández apunta elementos que hacen más difícil evitar el contagio, como la reducción de los kits higiénicos y el empeoramiento de la calidad de la comida, elementos vinculados a recortes que afectan al estado de salud de las personas internas. “Las cárceles son un entorno de riesgo para la propagación de este tipo de enfermedades por el elevado encarcelamiento de colectivos vulnerables y desfavorecidos, con una proporción elevada de salud delicada”, apunta Fernández.
