JxCat propone de nuevo a Jordi Sánchez como candidato a la investidura amparándose en la resolución de la ONU
Jordi Sánchez vuelve a ser candidato a la presidencia de la Generalitat. JxCat apuesta de nuevo por su número dos, encarcelado en Soto del Real, para la investidura, según se desprende de sendas cartas enviadas por Carles Puigdemont, Jordi Turull y el propio Sánchez este mismo jueves.
En todas ellas argumentan que el escenario ha cambiado respecto a la última vez que Sánchez fue candidato, cuando el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena le prohibió acudir al debate de investidura y el Parlament suspendió el pleno. Ahora Sánchez defiende que cuenta con la resolución del comité de derechos humanos de la ONU, que al admitir a trámite su denuncia pidió al Gobierno que tomar las “medidas necesarias” para que pudiera ejercer sus derechos como diputado.
Esto supone, según el candidato, una “grieta” y una “garantía” para que el Parlament convoque un debate de investidura y él pueda presentar un programa de gobierno y someterlo a votación. “Es evidente que el Estado español no tiene otra opción que hacer respectar la resolución del Comité de Derechos Humanos; no hacerlo sería un escándalo jurídico mayúsculo”, prosigue Sánchez en su carta.
En términos similares se expresa Puigdemont desde la cárcel de Neumünster, en Alemania, en una misiva también dirigida a su grupo parlamentario. El expresident ve la candidatura de Sánchez como una “oportunidad sin precedentes” para defender la causa independentista a “nivel internacional”.
Con todo, la misiva emitida por el comité de derechos humanos de la ONU tras la denuncia de Sánchez, con fecha 23 de marzo, no es un pronunciamiento firme sobre la cuestión. Se trata de la comunicación de su registro, con la que el organismo trasladaba a la defensa que había pedido al Gobierno que aportara su información sobre el caso y que adoptara las medidas necesarias para que Sánchez pudiera ejercer sus “derechos políticos”.
El juez Llarena ha realizado hasta ahora dos ponderaciones sobre los derechos políticos de Sànchez, ambas desfavorables al exlíder de la ANC. Primero le declaró incapacitado para ejercer como diputado al estar preso, por lo que le obligó a delegar a el voto. Y después negó su libertad provisional y un permiso extraordinario para acudir al pleno de investidura ante el peligro de que “rompiera inexorablemente la convivencia social, familiar y personal” de los catalanes.
La maniobra de los independentistas consiste ahora en intentar forzar a la justicia española a que se retrate ante el comité de la ONU si opta por impedir de nuevo que Sánchez acuda a su investidura. De hecho, fue esta resolución la que empujó al expresidente de la ANC a mantener su acta de diputado, en contra de lo que había manifestado días antes con la intención de que le dejaran en libertad.
