El agua: ¿un derecho público o una mercancía?

Las entidades vecinales y ecologistas que han presentado a la Fiscalía Anticorrupción todos los documentos que denuncian “presuntos delitos penales” en el servicio del agua en el área de Barcelona quieren que se depuren responsabilidades ya que, según dicen, se trata de una “estafa ciudadana”. Desde hace dos años reclaman al Ayuntamiento de Barcelona y al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) el “contrato de concesión” que ha servido para que Agbar explote el servicio de la gestión del agua durante años, sin la necesidad de celebrar ningún concurso público. Basándose en este contrato, que la plataforma Agua es Vida todavía no ha conseguido, el AMB creó en el verano del año pasado una empresa mixta formada por Agbar (85%) y por la propia administración (15%) para gestionar todo el ciclo del agua. Una vez más, la operación se realizó sin celebrar ningún concurso público.

“Esconder el contrato del primer o el segundo servicio más importante de Barcelona es realmente sospechoso”, dijo Albert Recio, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (Favb) durante la presentación a los medios de comunicación de la denuncia. Recio añadió que “siempre que se ha privatizado un servicio se ha hecho defendiendo que la competencia mejora el servicio, pero en este caso no ha habido ni concurso ni competencia”.

Pero más allá de las responsabilidades penales que se puedan encontrar, la plataforma también reivindica un debate de fondo, que quiere situar el agua “como un derecho humano, no como una mercancía”, según palabras de Eloi Badia, de Ingeniería Sin fronteras. Badia denunció que el año pasado se iniciaron 60.000 procesos para cortar el agua a familias que no podían pagar los recibos. Se desconoce el número de cortes efectuados, pero es evidente que hay familias sin agua por falta de dinero para pagar unos recibos cada vez más caros. Además, María García, de Ecologistas en Acción, denunció también “la sobreexplotación de los acuíferos y de los ríos” catalanes. La nueva cultura del agua que reivindican estas entidades pasa por municipalizar este servicio y garantizar el acceso al agua de todos los ciudadanos y el cuidado del medio ambiente. Aseguran, incluso, que además se podría reducir el coste del recibo. “En el mundo el 90% de la gestión del agua es público”, defendió Badia, que criticó también la privatización que ha hecho la Generalitat de la empresa pública Aguas Ter-Llobregat.

El ejemplo de Arenys de Munt

Fuera de los límites de Barcelona hay muchas experiencias que demuestran que la gestión pública del agua es una opción a tener en cuenta. Uno de los cambios más recientes y próximos es el de Arenys de Munt. En este municipio del Maresme de 8.500 habitantes la gestión del agua es municipal desde octubre de 2011.

El cambio de modelo fue gracias al actual alcalde, Josep Manel Ximenis, de la CUP, que logró cancelar la concesión a la empresa Sorea, filial de Agbar, para empezar a gestionar el servicio desde el empresa 100% municipal Aigües d’Arenys. Ximenis reconoce que fue un “reto” pero está convencido de que a partir de la municipalización ha mejorado el servicio del agua.

“Hemos logrado que la solución de los problemas sea mucho más rápida y hemos mejorado el mantenimiento de la red”, asegura. “Se estaban malversando fondos públicos porque el mantenimiento de la red no se hacía o se hacía con materiales de mala calidad”, dice el alcalde. Cuando el ayuntamiento empezó a gestionar el servicio descubrió que el 36% del agua se perdía, por culpa de fugas, mientras que el compromiso de la empresa privada era reducir este porcentaje hasta el 25%. El estado de la red es un tema de disputa ya que la empresa que explotaba el servicio le reclama al Ayuntamiento una compensación de 700.000 euros por haber cancelado la concesión pero desde el consistorio lo consideran desorbitado. El alcalde ha pedido una auditoría externa para comprobar si la empresa hizo las tareas de mantenimiento que le correspondían. “Ya veremos quién debe compensar a quien”, apunta el alcalde.

El jefe de servicios de Aigües d’Arenys, Enric Gormet, explicó que el recibo no bajará de precio, ya que “con la privatización de Aguas Ter-Llobregat subirá el precio del agua” pero, por contra, “ los ciudadanos saben que todo lo que pagan se destina a los gastos de mantenimiento y a la mejora de la red”. Gormet recordó que París, que en 2010 municipalizó el servicio del agua, ha pasado de pagar dinero a una empresa externa para que la gestione, a rebajar el precio del agua y tener un beneficio de 40 millones de euros.

El alcalde de Arenys de Munt, el primer municipio en hacer la consulta de autodeterminación que luego se extendió por cientos de pueblos toda Cataluña, considera difícil que en esta ocasión otros ayuntamientos imiten su caso: “Aquí hay mucho intereses que afectan a muchas empresas ”, dijo.