Las medidas de reforma educativa aplicadas en estos dos últimos años en Baleares por el gobierno de mayoría del PP, que han dado como resultado una huelga indefinida de los docentes, son un ejemplo de como no deben hacerse las reformas en educación. Además de recortes en los recursos, disminución de profesorado en los centros, incremento del número de alumnos por profesor y eliminación de complementos económicos, se pretende modificar sustancialmente el modelo lingüístico de los centros escolares. Con la excusa de mejorar la formación en lengua inglesa, se rompe con el modelo que garantizaba al final de la escolarización obligatoria las competencias básicas en las dos lenguas oficiales. Se persigue eliminar los mecanismos que garantizaban la integración y la cohesión lingüística de la sociedad de las Islas Baleares.
Es preciso indicar que el modelo que ahora se quiere sustituir de forma precipitada y sin escuchar a la comunidad educativa, ha sido el resultado de décadas de consensos políticos, plasmados en una legislación aprobada básicamente en épocas de gobierno del partido popular y respetada, en sus líneas maestras, durante los gobiernos del pacto de progreso. Un modelo que era evaluado periódicamente, que contaba con equipos de apoyo, que se sustentaba en programas de formación y reciclaje del profesorado desarrollados durante más de veinticinco años por la Universidad y para el cual existía un abundante material didáctico.
La aplicación de lo que han llamado Tratamiento Integral de Lenguas (TIL) se pretende hacer de forma atropellada en contra de la opinión del Consejo Escolar de las Islas Baleares, de todos los sindicatos docentes, de las asociaciones de padres y madres, de la Universidad, de la asociación de escuelas católicas, de la asociación de cooperativas de la enseñanza, de la mayoría de consejos escolares de centro y de muchas otras instituciones.
El TIL pretende que en primaria se puedan impartir algunas materias en lengua inglesa y en secundaria se impartan un mínimo de un 30% en inglés y el resto de materias en castellano y catalán.
Los colectivos que se oponen no son contrarios al incremento de la enseñanza del inglés, pero consideran que no existen las condiciones adecuadas para hacerlo de la manera que pretende el gobierno de la Comunidad de las Islas Baleares. Existen pocos profesores preparados para impartir materias en inglés y los alumnos tendrán dificultades para seguir las explicaciones y actividades lectivas en esta lengua. El nivel B2 exigido para impartir las asignaturas en inglés se considera como insuficiente por parte de los especialistas. Asimismo, los centros no disponen de material ni recursos para facilitar la enseñanza en la lengua extranjera. Las dificultades que pueden tener los alumnos normales pueden convertirse en insuperables para los colectivos con dificultades como los de necesidades educativas especiales o los que tienen idiomas familiares distintos a los oficiales y que son muy numerosos en Baleares. Por otra parte, la falta de profesorado de apoyo, muy recortado por la administración educativa, hará aún más graves estas dificultades.
Las consecuencias negativas del apresuramiento en la aplicación del TIL han sido consideradas por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares que dictó dos interlocutorias suspendiendo de forma cautelar la aplicación del decreto por no cumplir con los procedimientos de consulta preceptiva. En respuesta a esta intervención del TSJB, el gobierno, en 24 horas, aprobó un decreto-ley imponiendo la normativa y evitando subsanar los defectos que había detectado el TSJB. Esta argucia legal ha sido criticada por asociaciones como Jueces para la Democracia o por juristas de prestigio como, por ejemplo, Pedro Horrach, fiscal anticorrupción de Baleares. La actuación del gobierno incluso ha sido considerada como un fraude de ley por los sindicatos docentes.
El desarrollo de la normativa ha sido insuficiente y confuso de manera que, ya iniciado el curso, el decreto-ley no está ni convalidado ni desarrollado. Muchos de los proyectos de aplicación del TIL presentados por los centros no han sido aprobados por la administración educativa y no se sabe si los anteriormente aprobados cumplen con el nuevo decreto-ley. Por estos motivos, los centros no saben a ciencia cierta qué hacer y la planificación del curso es en estos momento totalmente provisional.
Además, la aplicación del TIL olvida la autonomía de los centros escolares y desprecia la intervención de los consejos escolares que reconoce la LOE. El decreto-ley aprobado ahora deroga el único punto del anterior decreto que permitía una cierta autonomía de los centros y la participación de los consejos escolares. En el caso de los centros concertados puede verse vulnerado también el derecho constitucional a establecer un modelo educativo propio.
La nueva normativa, aprobada a mediados de abril del 2013, se ha implantado por el Gobierno de la CAIB con una actitud autoritaria que ha supuesto ya el cese de Rafael Bosch, Conseller de Educación, por no ser suficientemente duro con los docentes críticos; de dos delegados de la Conselleria en Menorca, por sus discrepancias en la aplicación del decreto y la sanción de suspensión de empleo y sueldo a tres directores de centros de secundaria, una medida inédita en la historia educativa de las Baleares.
La huelga indefinida convocada por los docentes no sólo responde a la aprobación del TIL, además de los recortes en las condiciones laborales, se protesta contra una serie de medidas destinadas a controlar ideológicamente el sistema educativo. Unas medidas que comenzaron con la destitución de todos los inspectores provisionales y la convocatoria de un concurso para cubrir nuevas plazas con un tribunal nombrado por la administración y un baremo en el que un mérito muy valorado es el resultado de una entrevista. Voluntad de controlar el sistema educativo que se manifiesta también en el cese del director y buena parte del equipo del Instituto de Evaluación de Calidad del Sistema Educativo de las Islas Baleares, responsable de estudios que acreditaban que con el modelo que se aplicaba se conseguían idénticos resultados en el nivel de conocimiento de la lengua castellana y catalana.
Los intentos de recortar la libertad de expresión y de cátedra de los docentes por parte del Gobierno de la CAIB llegan a los límites de la inconstitucionalidad en dos proyectos de ley aprobados por el ejecutivo. Uno se refiere al uso de símbolos en edificios escolares, prohibiendo aquéllos que pueda puedan ser considerados como manifestación de posiciones ideológicas. El otro, regula los deberes y derechos de los miembros de la comunidad educativa. Entre otras limitaciones de las libertades de alumnos y profesores, se establece que los docentes deberán abstenerse de manifestar cualquier expresión de posiciones personales, familiares, corporativas, políticas, clientelares o cualquier otra que pueda considerarse subjetiva o imparcial. Formulaciones ambiguas que pueden favorecer la arbitrariedad de la administración a la hora de sancionar con multas y penas importantes, que la norma legal prevé, a aquellos que manifiesten opiniones contrarias o críticas con el gobierno. El panorama se completa con el anuncio de un decreto que establecerá los criterios que deben cumplir los libros de texto y el material escolar para su autorización en los centros educativos de la CAIB.
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