El anuncio por parte de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de que buscará una nueva sede para la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB), emplazada desde 1932 en el histórico edificio del Pla de Palau, ha provocado que las ciudades cercanas con intereses marítimos llamaran estos días a la puerta del rectorado de la universidad. Los ayuntamientos de Vilanova i la Geltrú y Mataró, por este orden, se han postulado para acoger la facultad si se acaba aprobando su traslado. Todo ello ante el recelo de la propia facultad, que considera estratégica su ubicación actual, por estar cerca del puerto de Barcelona, y ante los intereses del consistorio barcelonés, que justamente ayer declaró -por boca del concejal de Hábitat Urbano, Antoni Vives- que estos estudios son “imprescindibles” para consolidar el futuro “clúster náutico” de la ciudad, ligado a las ambiciosas reformas previstas para el Port Vell.
La mudanza de la histórica facultad –sus orígenes fechan del año 1769– se incluye dentro de un plan de reestructuración organizativa y de oferta de estudios de la UPC, un documento de trabajo aprobado el pasado 17 de diciembre por el Consejo de Gobierno del centro para hacer frente a una deuda acumulada de cerca de 100 millones de euros, la más elevada de las universidades catalanas. Uno de los puntos del plan es la “dotación a la Facultat de Nàutica de una nueva sede que resuelva las limitaciones del emplazamiento actual”. Sin embargo, la facultad, en un manifiesto aprobado por su junta, expresó su miedo a que “el traslado se realice con el objetivo de utilizar el patrimonio para reducir la deuda”. Es decir, temen que la UPC se venda su edificio.
Ante las protestas de los estudiantes –unos 700 actualmente–, profesores y demás trabajadores de la facultad –han izado la bandera pirata en la fachada en señal de sublevación–, la universidad ha asegurado que aún no hay nada zanjado. Fuentes del centro aseguran que las distintas comisiones de estudio del plan de reestructuración –entre ellas la que atañe a Náutica– se han dado de plazo hasta julio para tomar una decisión. Sin embargo, semanas después del anuncio, las localidades cercanas de Vilanova i la Geltrú y Mataró ya han presentado candidatura para acoger la nueva sede.
“En Barcelona, Náutica es una facultad más, mientras que en Vilanova sería la facultad”, expone Neus Lloveras, alcaldesa de la capital del Garraf. La ciudad ya cuenta con un campus de la UPC, y su alcaldesa defiende que desde que empezó su mandato, hace casi dos años, el consistorio lleva trabajando en un “clúster náutico”. Algo parecido a lo que sucede en Mataró, capital del Maresme, cuyo Ayuntamiento impulsa junto a otros municipios el proyecto del clúster Mataresme Marítim. “Este proyecto nos ayudará a abrir la ciudad aún más al mar”, detalla el concejal de Promoción Económica de Mataró, Miquel Rey. Su municipio también cuenta ya algunos cursos de formación relacionados con la náutica.
La facultad, amotinada
“Si lo mejor para una facultad de medicina es estar dentro un hospital, para nosotros lo mejor es estar al lado del puerto”, razona el decano Santiago Ordás, quien destaca las “sinergias” que se generan a su entorno. En el manifiesto secundado por toda la comunidad de Náutica, la facultad se niega a un traslado. Así lo advierte la pancarta que, junto a la bandera pirata, cuelga de la fachada: “La Náutica no está en venta; rector Giró, no vamos a pagar su deuda”.
Ordás admite que aceptaría la mudanza si conllevara una mejora en forma de “más infraestructuras y laboratorios”, o con la creación de los másteres, ahora inexistentes, que den continuidad al grado de Ingeniería en Sistemas y Tecnología Naval, una oferta que la facultad viene pidiendo desde hace años para favorecer su “crecimiento”. Pero temen que no será así.
Ante tantas hipótesis de futuro, la peor solución, para Ordás, sería que la facultad se trasladase a una sede provisional. A la espera, por ejemplo, de que esté acabado el campus Diagonal-Besòs, un espacio cuya inauguración estaba prevista para este año pero cuyas obras se encuentran hoy empantanadas debido a las dificultades económicas que padece la Administración pública.
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