Los comuns se reúnen con el PSC en Barcelona e insisten en un pacto de gobierno para validar sus presupuestos

En público y en privado. Barcelona en Comú viene anunciando que no aprobará los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona si no reciben una propuesta para entrar en el gobierno de Jaume Collboni y este miércoles así se lo han hecho saber al equipo negociador de los socialistas. Los comuns han mantenido un encuentro con el PSC y han trasladado sus condiciones llegar a un pacto, pero siempre sujeto a su incorporación al Ejecutivo. 

Collboni, en minoría en el consistorio, anunció a mediados de febrero que volvería a intentar aprobar sus presupuestos, después de que fueran descartados por la oposición el pasado mes de octubre. Pocos días después del anuncio, el alcalde dio un golpe de efecto al atar el voto favorable de ERC. Con la suma de 15 concejales, el gobierno municipal lanzó el órdago y los comuns dejaron pasar el primer trámite de las cuentas. Pero advirtieron también de que los tumbarían en la votación definitiva del 22 de marzo si no se avanza hacia un acuerdo tripartito que les incluya. 

En este escenario, los comuns se han reunido con los socialistas y les han trasladado un documento que resume sus principales prioridades. El texto, al que ha tenido acceso este diario, es una síntesis de las 50 propuestas que pusieron sobre la mesa en septiembre. E incluye la continuidad de algunas de las medidas más reivindicadas por la entonces alcaldesa Ada Colau, como la ampliación de las peatonalizaciones en el Eixample o la prohibición de abrir nuevos hoteles en el centro de la ciudad, medidas que Collboni ya ha puesto en duda.

En cuanto a las políticas de vivienda, la primera que ponen sobre la mesa es el mantenimiento del conocido como reserva del 30%, que es la obligación a los grandes promotores de destinar una parte de sus pisos nuevos a uso social. Collboni anunció, a través de un acuerdo con Junts, que replantearía la medida al no haber logrado sus objetivos. También piden los comuns un compromiso de compra de viviendas residenciales para alquiler social, limitar los pisos turísticos –plantamiento al que ya se ha abierto el PSC– o no abrir más hoteles en las zonas turísticas –sobre esto, Collboni sí prevé excepciones–. Los comuns también piden reducir los cruceristas. 

El documento cita otras reivindicaciones habituales del partido de Colau en los últimos meses, como la conexión “sin dilaciones” del tranvía por la Diagonal, la creación de nuevos ejes verdes, mantener y ampliar el nuevo carril bici de Via Augusta –cuestionado por el actual Ejecutivo–, impulsar una óptica municipal o salvar el programa de acción comunitaria Vila Veïna, que actualmente está en el aire a la espera de la aprobación de las cuentas. Entre otras medidas de ámbito social, reclaman también 800 plazas más para educación infantil. 

A un lado y otro de la Plaza Sant Jaume, tanto en el consistorio como en el Palau de la Generalitat, los comuns tienen la última palabra sobre los presupuestos. Mientras en el Parlament ponen como línea roja el freno al macrocasino Hard Rock para dar el sí a las cuentas del Govern pactadas con el PSC, en el plano municipal insisten en entrar en el gobierno, aunque su capacidad de veto es más reducida, puesto que Collboni tiene la carta de la cuestión de confianza para sacarlos adelante. Aunque nadie lo dice en público, una acuerdo a un lado facilitaría el otro. 

Los presupuestos presentados por el Gobierno municipal alcanzan los 3.800 euros, un 5,9% más que el ejercicio de 2023. El Ayuntamiento dedicará 153 millones a vivienda, 419 a adecuación de las calles y el espacio público y se sumarán 125 agentes a la Guàrdia Urbana, entre otras inversiones.