El Consell Esportiu de L'Hospitalet despide a la trabajadora que denunció corrupción de sus jefes

“Nunca imaginé que esto podía pasar”. Quien habla es M., administrativa del Consell Esportiu de L’Hospitalet hasta hace unas semanas. El Consell ha despedido a la trabajadora después de que testificara contra los cargos socialistas locales imputados en la causa abierta por irregularidades en la entidad.

La empleada ya ha impugnado ante los tribunales su despido, que considera “una represalia” por su testimonio judicial. Por su lado, el Consell niega una motivación política en el cese de M. y sostiene que se debe a “causas organizativas” previstas en el Estatuto de los Trabajadores.

“El despido de la trabajadora nada tiene que ver con su testimonio en el proceso penal”, han añadido desde la dirección del Consell, que ha rehusado contestar a más preguntas sobre los hechos “por respeto a la independencia judicial y al derecho de defensa”.

Aunque M. prefiere mantener el anonimato, en su conversación con elDiario.es admite que en L’Hospitalet ya empieza a ser conocida. “No es una ciudad tan grande”. Su despido del Consell fue el último episodio de lo que M. describe como el “calvario” que le han hecho pasar los dirigentes de la entidad desde que estallara el caso.

“¿Por qué hay que pagar un precio tan alto cuando yo lo único que he hecho ha sido responder a las preguntas que me hicieron la Policía y la jueza?”, se pregunta M., a quien ninguna institución ha amparado pese a la ley que obliga a proteger a los alertadores de casos de presunta corrupción.

“Me siento desprotegida por el Estado”, lamenta la mujer. Los únicos ingresos de M. provenían de su nómina, que ya no recibe desde el pasado 28 de junio, fecha en que fue despedida.

El caso Consell Esportiu arrancó en la primavera de 2020 con la denuncia de un concejal socialista que luego se pasó a ERC. M. fue citada a declarar primero ante la Policía Nacional y luego ante la jueza, donde ratificó su revelaciones que comprometieron a varios dirigentes del PSC de L’Hospitalet.

Tres años después, la pieza principal del caso sigue parada a la espera de un informe de la Intervención General del Estado sobre la licitud de las subvenciones que recibía el Consell. La jueza ha descartado la participación en la trama de la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, si bien ha enviado a juicio a dos de sus antiguos hombres de confianza, acusados de estafar al Consell con un despido simulado.

“La vida imposible”

“Hay momentos en que he llegado a pensar ‘qué he hecho, por qué he hablado’, pero tampoco podía mentir si me llaman como testigo, tenía que contar lo que viví”, expone M. Desde que testificó en el caso, sus jefes, vinculados al PSC de L’Hospitalet, le han hecho “la vida imposible”, asegura.

M. ha pasado de baja la mayor parte de la instrucción del caso debido a un accidente que sufrió en su puesto de trabajo en enero de 2021, cuando al sentarse en su silla se cayó porque varios de sus tornillos estaban aflojados.

Antes de este episodio, M. ya había causado baja por ansiedad y depresión y ya habría recibido las primeras presiones en su puesto de trabajo, en las que sus jefes –e investigados en el caso– le reprochaban “el daño” que, a su juicio, realizaba al Consell por haber testificado en la causa. La entidad también le abonó con retraso varias nóminas.

Según expone M. en su demanda contra su despido, en noviembre de 2020 la entonces presidenta del Consell, María Teresa Revilla –también miembro del PSC–, la citó en su despacho y le instó a demostrar que ella no había denunciado el caso sino tan solo respondido a una citación para que uno de los cargos imputados no le reclamara “daños y perjuicios”.

En marzo de 2023 se le terminó la baja, y el Consell la envió de vacaciones remuneradas. Durante todo este tiempo ha sufrido de estrés y ansiedad, tal y como consta en un informe de riesgos psicosociales que ha podido consultar esta redacción.

Los médicos recomendaron que M. realizara teletrabajo “el mayor tiempo posible mientras persistiera la situación clínica y laboral”. Pero lo que se encontró M. fue una denegación del teletrabajo primero y una carta de despido después.

En su demanda, M. reclama que el despido sea declarado nulo y una indemnización mínima de 50.000 euros por los “daños morales” que le han ocasionado “las amenazas y presiones” a las que le sometió el Consell por no haberse retractado de sus acusaciones en la causa por el desvío de fondos de la entidad. Para la resolución del caso, M. todavía tendrá que esperar: la vista por su despido se ha fijado para dentro de un año.