Dos exaltos cargos señalan a Bartomeu como responsable del 'Barçagate'

La responsabilidad era del presidente. En eso ha consistido la línea de defensa de los dos exaltos cargos del F.C. Barcelona imputados por el 'Barçagate' que han declarado este lunes ante la jueza que investiga el caso. El exconsejero delegado del club Òscar Grau y el exresponsable de los servicios jurídicos Román Gómez Ponti han coincidido en señalar al expresidente Josep Maria Bartomeu como la persona que ordenó la operación para vigilar la reputación de la Junta Directiva, si bien han dicho desconocer que incluía una campaña para desprestigiar a sus rivales en redes.

Grau y Gómez Ponti han comparecido este lunes como investigados en la causa, y por lo tanto sin la obligación de decir verdad y con el derecho a desplegar la mejor defensa para sus intereses. Sin embargo su declaración casa con la investigación realizada por los Mossos d'Esquadra sobre el escándalo, que sitúa a Bartomeu como ideólogo de la contratación de la empresa I3 Ventures y a su asesor Jaume Masferrer como principal ejecutor.

Fuentes presentes en la declaración han explicado que Grau y Gómez Ponti han negado que supieran que los contratos sirviesen para desprestigiar a rivales de la anterior Junta y han asegurado que solo Bartomeu decidió y ordenó la contratación del servicio de monitorización de redes sociales. Grau ha llegado a decir a la jueza, según las mismas fuentes, que “una orden de presidencia no se discute”, informa Europa Press.

La investigación de los Mossos y la magistrada del juzgado de instrucción 13 de Barcelona ha revelado que la Junta de Bartomeu fraccionó los pagos por total de 2,3 millones de euros a I3Ventures para esquivar los mecanismos de control interno del club, llegando a camuflarlos como gastos de la Masia. La empresa luego acometió una campaña de desprestigio en redes sociales a jugadores y exdirectivos del club, entre ellos el actual presidente, Joan Laporta, el exentrenador Pep Guardiola o jugadores como Leo Messi.

El sumario del caso también ha detallado que Bartomeu intentó limitar el alcance de la auditoría encargada a Price Waterhouse Coopers (PwC) sobre el caso, que concluyó que no hubo corrupción ni sobreprecios en la contratación, así como el trabajo de investigación interna de la 'compliance' del club, que terminó dimitiendo ante las presiones de la Junta. En su declaración de este lunes, Gómez Ponti ha revelado que el club pagó 600.000 euros a PwC por este informe, según fuentes presentes en la sala.

El abogado del club, Carles Monguilod, ha explicado en declaraciones a los medios que Grau y Gómez Ponti han dicho a la jueza que Bartomeu ordenó las contrataciones, pero “no han señalado a nadie como responsable de ninguna actitud delictiva”. Monguilod ha destacado que Bartomeu dio las órdenes pero que el exconsejero delegado y el exjefe de los servicios jurídicos “no tenían competencias ni tenían por qué cuestionarlo”, y ha llamado a ser prudentes y esperar a que continúe la investigación para valorar los presuntos fraccionamientos en los contratos.

La jueza, que investiga el caso desde mayo de 2020, les atribuye los presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios, y la investigación de los Mossos concluyó que Gómez Ponti, Grau, Bartomeu y su exjefe de gabinete, Jaume Masferrer, están relacionados con la aprobación y supervisión de los contratos a i3Ventures, “incluso diseñando un proceso paralelo de contratación y pagos al margen de lo establecido por la Junta Directiva y los protocolos internos”.

Los cuatro fueron detenidos en marzo y Masferrer y Bartomeu pasaron la noche en comisaría y quedaron en libertad provisional después de pasar a disposición judicial, mientras que Grau y Gómez Ponti quedaron en libertad en comisaría y no han declarado ante la jueza hasta este lunes. También está investigado el dueño de Nicestream, de la que depende i3Ventures, Carlos Ibáñez, que declarará el 20 de julio por videoconferencia desde Uruguay después de que se haya aplazado su citación para este lunes.