Las plazas rebosan vida en el barrio de La Florida, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Una mujer, hija de la migración interna de los años sesenta, ha plantado dos mesas en la calle y las ha llenado de comida y refrescos para celebrar su cumpleaños. A pocos metros se organiza otra comida. También de hijas de la migración, pero de la que llegó en los 2000 desde el extranjero.
En un local se juntan mujeres nacidas en L'Hospitalet con otras venidas de Marruecos, Ecuador o Gambia para reproducir recetas de sus tierras de origen. Hoy el ingrediente estrella es la malanga, un vegetal típico de Cuba que ya se ha plantado en el huerto comunitario del barrio. Las comidas abiertas son una de las actividades del proyecto 'La Florida s'Aveïna' (La Florida se Avecina), impulsado por varias entidades y la Asociación de Vecinos para promover la integración y los vínculos entre residentes. Es una de las fórmulas que tiene el barrio para contener la amenaza de la extrema derecha.
El local en el que se han juntado las mujeres para comer se encuentra en el corazón de La Florida, un barrio que cuenta con diversos récords. Es el que tiene la renta más baja de l'Hospitalet. También el barrio con más densidad de población de toda la Unión Europea (30.000 habitantes en 0,38 km2). Y el que tiene más población migrada de todo el Área Metropolitana de Barcelona: el 31,99%.
Este cóctel tiene consecuencias: “Tenemos falta de espacio público, masificación, déficits en el alumbrado... Todo ello agrava las situaciones de precariedad, vulnerabilidad, los índices de pobreza o la marginalidad”, explica Pedro Luna, miembro de la Asociación de Vecinos de La Florida. La situación de este barrio es extrema, pero se repite en otras zonas humildes de la ciudad, cosa que la convierte en “el caldo de cultivo perfecto” para los partidos de extrema derecha.
El tema estrella de la campaña de estas elecciones es la inseguridad, de la que se culpa, primordialmente, a la población migrada, que en la ciudad tiene cara y nombre. “Culpan al Morad”, se lamenta Luna. El rapero de origen marroquí ha tenido diversos encontronazos con la justicia, acusado de atentado contra los agentes de la autoridad, robo y allanamiento. “Dicen que, con sus canciones, anima a todos los chavales del barrio a delinquir”, asegura Norma Véliz, vecina y miembro de la asociación Mujeres Unidas Entre Tierras (MUET).
Antes de ser expulsado de su barrio (La Florida) por orden judicial, Morad residía en 'Los Bloques', unos edificios colmena con 914 viviendas que acogen a 2.300 personas. Esa zona, que se encuentra a escasos metros del local donde las mujeres cocinan la malanga cubana, ha sido el escenario escogido por medios sensacionalistas y paradas de la extrema derecha para “alimentar el discurso racista, xenófobo y aporofóbico en el barrio”, tal como lo resume Véliz.
Mediación contra los extremismos
L'Hospitalet es territorio históricamente socialista. El PSC ostenta la vara de mando desde la democracia y Núria Marín es su alcaldesa desde 2008. La única competencia que ha tenido el partido fue Ciudadanos, durante un breve periodo en el que ganaron las elecciones autonómicas de 2015 y 2017. Pero en las últimos comicios celebrados, los autonómicos de 2021, el socialismo recuperó territorio y los naranjas fueron relegados al quinto puesto. Vox quedó en tercera posición, con un 9,6% de los votos.
En las últimas elecciones la extrema derecha alzó la cabeza, poniendo en alerta a los vecinos y a las administraciones, que trabajan para evitar que vuelva a entrar al consistorio. La última vez que obtuvo representación fue en 2011, cuando el partido xenófobo Plataforma per Catalunya consiguió el 7,3% de los votos y dos concejales. Todo parece indicar que Vox entrará en el Ayuntamiento de nuevo, un futuro que los vecinos, sobre todo los migrantes, no quieren ni imaginar.
“En el barrio nos quieren divididos. Los autóctonos y los migrantes”, se lamenta Véliz. Pero las entidades del barrio trabajan para romper la división. Por eso, organizan comidas comunitarias, celebran iftar -la ruptura del ayuno durante el ramadán- abierto a todo el barrio, han creado un equipo de fútbol infantil y tienen una escuela de idiomas gratuita. Además, asesoran en materia laboral o acompañan a los vecinos a Servicios Sociales, para atacar las causas de la precariedad que se pueden traducir en ideologías extremistas.
La estrategia, aseguran los vecinos, ha funcionado. “Sólo” han tenido una agresión y no consideran que los insultos o discursos de odio hayan aumentado. Esta percepción es compartida por el servicio de Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de L' Hospitalet, que vela para que no haya conflictos y los extremismos no crezcan. La clave es atender bien a la ciudadanía, según afirma Oscar Negredo, coordinador del servicio.
“La violencia se da cuando vecinos que tienen conflictos se sienten abandonados por la administración. Si no nos ocupamos nosotros, los atenderán partidos y movimientos de extrema derecha, como hemos visto en algún barrio de Barcelona”, apunta Negredo, en referencia a las dos fincas okupadas de la Bonanova, con las que partidos de extrema derecha y la empresa Desokupa han intentado crear un conflicto vecinal.
En caso de que haya molestias por ruidos, desavenencias o encontronazos, el consistorio cuenta con un teléfono de atención, que es respondido por profesionales formados que derivan el caso según la estrategia que consideren más efectiva. Una de las más recurrentes es abrir un proceso de mediación, en que ambas partes dialogan e intentan llegar a un acuerdo.
De no fructificar esta opción, existen otras vías, como la policía de convivencia. Se trata de 11 agentes de paisano que acuden a los hogares de los vecinos involucrados y hacen una “intervención de proximidad, pero sin el estigma que supone que un agente uniformado se te plante en casa”, asegura Manuela Martínez, responsable de la oficina municipal de Gestión de Incidencias.
Ya sea de la mano de agentes o de técnicos expertos en mediación, este servicio del Ayuntamiento se centra en la sensibilización y el desmontaje de rumores para prevenir el auge de los extremismos. Pero no siempre es suficiente. En su trabajo en las calles, los técnicos tienen la capacidad y la oportunidad de poder detectar personas “susceptibles” de ser radicalizadas. En esos casos, se lleva a cabo un acompañamiento individualizado “muy parecido al que hace Servicios Sociales”, dice Martínez.
Se asesora en materia sociolaboral, se hacen mediaciones familiares o seguimientos médicos. Desde este servicio, que se ha formado con diversos cuerpos policiales y universidades como la de El Cano, aseguran que en la trayectoria vital de las personas radicalizadas hay patrones comunes. “Siempre hay factores de vulnerabilidad y, para cortar un proceso de radicalización, hay que atajar aquello que no va bien en la vida de alguien”, asegura Negredo, quien destaca que los extremismos pueden llevar a cometer un delito, pero hasta que eso suceda, la persona es “víctima de la precariedad”.
El miedo a la denuncia
Los vecinos y vecinas, por lo general, están contentos con el servicio del Ayuntamiento, pero a la vez aseguran que no siempre es una buena herramienta. “Los procesos de mediación cansan mucho y hablamos de personas que sólo quieren vivir tranquilas. ¿Por qué, sólo por ser migradas, tenemos que pasar por esto, si nos ganamos la vida igual que lo hicieron los padres de quienes nos atacan?”, se pregunta Norma.
En L'Hospitalet, como en muchas ciudades españolas, en los 2000 la migración cambió: pasó de venir de otras zonas del país a venir de otros continentes. Y, pasados los años, los gallegos, extremeños o andaluces que habían abierto sus tiendas, se fueron jubilando. “No había quien los sustituyera, hasta que llegamos los migrantes a cogerles el relevo y a abrir nuestros negocios”, asegura Norma. Recuerda que son un cuarto de la población de la ciudad y que, sin ellos, el comercio “estaría muerto”. Pero ello no les salva de recibir ataques.
El pasado año muchos se encontraron pintadas que decían “Vete a tu país” en sus persianas. Algunos denuncian otro tipo de discriminaciones. Hay una mujer marroquí que tiene un negocio en unos bajos. Los vecinos no le han dejado hacer una salida de humos mientras que el otro local, regentado por un español, no ha tenido problemas. Las entidades vecinales le recomendaron denunciarlo y acudir al consistorio, pero no quiso.
“Muchas personas tienen miedo de crearse problemas y que se les echen encima. Quieren seguir en el barrio y trabajar tranquilas, sin ser acusadas de chivatas”, explica Fátima Zohra, una activista vecinal. En esos casos, la mediación la hacen las entidades del bario, sin involucrar a la policía o a la administración, pero según Fátima esa no es buena opción. “Hay que denunciar, porque no estamos pidiendo un favor, sólo ejerciendo nuestros derechos”, explica esta mujer, quien asegura no tener miedo del racismo ni de la extrema derecha.
“Sé que no estoy sola”, dice. “Desde que trabajamos juntos y los vecinos nos hemos unido, siento que el barrio es mucho más seguro. Que es más difícil que nos ataquen porque han visto que no somos malos”, expresa Fátima, quien desea con todas sus fuerzas que la extrema derecha no llegue a la ciudad. “Pero si llega, nos encontrarán unidos”.
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