El Govern catalán admite ahora que no puede frenar los desahucios de los más vulnerables porque es competencia del Estado

La Generalitat de Catalunya ha diluido su decreto antidesahucios aprobado hace solo dos semanas. El conseller de Interior, Miquel Samper, ha reconocido que la norma es un “parche” porque el Ejecutivo autonómico “no tiene competencias” para establecer por ley que los jueces no ordenen los desahucios de los colectivos más vulnerables al tratarse de una competencia estatal.

En una entrevista en SER Catalunya, Sàmper se ha enmendado a sí mismo y a otros miembros del gabinete, como la titular de Justicia, la republicana Ester Capella, o a su compañero neoconvergente y conseller de Territorio, Damià Calvet. Cuando el Govern aprobó el decreto el pasado 3 de noviembre, Sàmper afirmó que la norma servía “para proteger a las familias vulnerables del riesgo de exclusión residencial durante el estado de alarma”. Calvet sostuvo que el decreto era un “instrumento potentísimo” para que los jueces no tuvieran “ninguna duda para evitar desahucios”, mientras que Capella argumentó que la norma no permitía “interpretaciones” de los jueces contrarias a suspender los lanzamientos de las familias vulnerables.

Sin embargo este viernes Sàmper ha reconocido que, a pesar del decreto catalán, parar los desahucios es competencia del Gobierno, que debería “prever una moratoria hasta que se termine el decreto de alarma en mayo”. Según Sàmper, “se están haciendo gestiones” para lograr que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos apruebe esta moratoria. “Mientras vamos haciendo parches”, ha apostillado.

Es la primera vez que un miembro del Ejecutivo catalán reconoce con claridad que las competencias para evitar los desahucios son estatales. La controversia entre el Govern y los jueces se basa en que la suspensión del desahucio o la no admisión de una demanda de lanzamiento son actos procesales cuya competencia para regularlos corresponde al Gobierno central y no a las autonomías.

Hasta ahora la interpretación que los jueces habían dado a las normativas catalanas autonómicas sobre desahucios era que no tenían efectos procesales y por lo tanto no servían para detener desahucios. La Audiencia de Barcelona, en un acuerdo de todas sus secciones, estableció que el decreto antidesahucios aprobado por el Parlament el año pasado permite a la Generalitat multar a los grandes propietarios si no ofrecen un alquiler social, pero que la norma no sirve para paralizar desahucios. En otras palabras, que la falta de protección del inquilino vulnerable solo tiene consecuencias administrativas en forma de multa para el propietario, pero no el efecto procesal de suspender el lanzamiento.

Por ahora los jueces no han tomado un acuerdo común respecto al nuevo decreto y cada magistrado procederá a resolver las demandas de desahucio de forma individual. Existen serias probabilidades de que la nueva norma de la Generalitat acabe en el Tribunal Constitucional después de que un magistrado plantee una cuestión de inconstitucionalidad.

“Tenemos lo que tenemos, y esperamos que llegue la delegación de competencia o bien una actualización del decreto de alarma de Madrid. No puede ser que en un momento complejo y con la pobreza actual haya personas que no tengan lugar donde dormir y donde vivir”, ha aseverado el conseller.

Sàmper también se ha referido al papel de los Mossos d'Esquadra en desahucios de familias vulnerables. El conseller ha confiado en que regreso de Josep Lluís Trapero al frente de la policía catalana comporte una gestión más “garantista” de los desahucios, habida cuenta de la apuesta del major por la mediación y de que siempre dedica el 50% de las intervenciones a temas sociales. “No podemos dar imagen de fuerza, que debería ser la última opción”, ha indicado.