El Gobierno deja el futuro de la inmersión en catalán en manos de la Justicia y el Govern se niega a acatar

La inmersión lingüística en los centros educativos de Catalunya puede tener los días contados. La providencia del Tribunal Supremo conocida este martes supone el revés definitivo al modelo de escuela en catalán, puesto que obliga a hacer el 25% de las clases en castellano, y anticipa una disputa entre la Generalitat, que ha asegurado que no lo va a acatar, y el Gobierno, que se ha limitado a manifestar que las sentencias judiciales hay que cumplirlas. 

Lo que hizo el Supremo fue inadmitir un recurso de la Generalitat contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), de diciembre de 2020, en la que se obligaba a todos los centros educativos de Catalunya a impartir al menos una asignatura en castellano más allá de Lengua Castellana. Algo que choca con la Ley de Educación de Catalunya, que establece que el catalán es la lengua de uso vehicular en las escuelas. 

Tras conocerse la resolución judicial, el consejero de Educación, Josep González-Cambray, compareció de urgencia y pidió a los centros que no alteren sus proyectos lingüísticos. Una demanda que ratificó horas después, este mismo miércoles, en una carta enviada a todos los directores de escuelas e institutos. 

“No debéis hacer ningún cambio en vuestros proyectos lingüísticos en motivo de la sentencia”, les dejó claro. “El Departamento de Educación está y estará siempre a vuestro lado, dando amparo a vuestra vocación de servidores públicos y a la implicación que habéis demostrado hasta ahora”. Posteriormente, en declaraciones en Rac-1 y en la cadena SER, aseguró que llegado el caso garantizarán amparo legal a los directores para mantener el modelo: “Cero presión y máxima tranquilidad para ellos, que sigan haciendo el trabajo como lo hacen”.

Pero lo que anticipa el encontronazo entre los Ejecutivos catalán y central es la aplicación de la sentencia. Al ser consecuencia de un recurso del Gobierno del PP, del año 2015, existía la duda de si el actual Ministerio de Educación, más favorable a la inmersión, instaría a que se ejecute de inmediato. “Yo tengo las garantías de la Ministra [de Educación, Pilar Alegría] de que esto no se hará”, declaró, tajante, González-Cambray.

Pero el desmentido a esta afirmación llegó pronto y desde varios ministerios a la vez. Pilar Llop, ministra de Justicia, fue la más clara en una entrevista en Espejo Público: “Hay que ejecutar esta sentencia porque es firme”. Además, añadió un argumento que fuentes de Educación corroboran, y es que le corresponde al TSJC y no al Gobierno instar a que se aplique la resolución judicial, de acuerdo con la ley 29/1998 de la jurisdicción contenciosa administrativa. Si en dos meses no se cumpliese la sentencia y la Generalitat persistiese en la desobediencia, entonces las partes afectadas sí podrían solicitar la ejecución forzosa. 

Sobre este último punto, nadie en el Gobierno ha anticipado cómo van a actuar. Pero el mensaje en estos momentos es que la sentencia se debe acatar. Así lo manifestó también el líder del PSC en el Parlament de Catalunya, Salvador Illa, que pidió al Govern que “respete” la decisión del Supremo y que no se declare “insumiso”. 

Illa defendió en la SER que el catalán sea la lengua vehicular, pero al mismo tiempo no vio mal la decisión judicial. “No me parece que esto ataque el modelo ni ponga en riesgo el catalán en la escuela”, argumentó, partidario de que haya “flexibilidad” en el sistema en función de la realidad de cada centro.

Paralelamente, el PSC declinó este martes asistir a una reunión convocada por la Generalitat de los grupos parlamentarios partidarios de la inmersión. Acudieron ERC, Junts, CUP y En Comú, pero no los socialistas, que justificaron su ausencia al entender que se tenía que reunir a todos los partidos con representación en el Parlament, según informa ACN.

Actualmente, la lengua de uso general en los centros, tanto en clase como en las comunicaciones con las familias, es el catalán. Pero también es cierto que existen casos en los que, gracias a su autonomía, algunas escuelas e institutos deciden incluir el castellano o sobre todo el inglés como idiomas vehiculares puntuales. También se da el caso de que la exclusividad de uso del catalán se ha ido desdibujando con los años debido al mayor uso del castellano en la calle por parte de los alumnos. 

Pablo Casado invoca el 155

El presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido por su parte que el Gobierno recurra al artículo 155 de la Constitución si la Generalitat de Catalunya no aplica la sentencia del Tribunal Supremo que limita la inmersión lingüística en los centros escolares. “Le ofrezco mis senadores”, ha dicho durante la concentración convocada por sindicatos policiales en Madrid contra la reforma de la ley mordaza.

Desde Ciudadanos, Carlos Carrizosa ha amenazado con llevar de nuevo al Govern a los tribunales si no cumple con la cuota del 25%. El presidente de Cs en el Parlament ha afirmado que es “absolutamente insólito” que el conseller de Educación pida por carta “a funcionarios públicos que no acaten una sentencia”: “Esto no tiene ni pies ni cabeza democráticamente hablando y es gravísimo en un estado de derecho. No vamos a consentir que haya políticos que digan que están por encima de la sentencia y, si esta situación continúa, no dejaremos de acudir a los tribunales si es necesario”, ha afirmado.

El apoyo de los sindicatos

En el otro extremo, la Generalitat ha esgrimido en las últimas horas el apoyo de los sindicatos a su intención de no tocar el modelo. CCOO, USTEC y UGT, las organizaciones con mayor representación en el sistema educativo catalán, público y concertado, rechazan las injerencias judiciales y políticas sobre el catalán en las aulas. Pero también piden garantías de protección al profesorado por parte del Departamento de Educación. Llegado el caso de que se exija ejecutar la sentencia, desde CCOO pedirán una “instrucción” específica al conseller sobre cómo deben proceder los docentes y bajo qué amparo.

Tras la sentencia del TSJC de 2014, en la que por primera vez fijaba ese 25% de castellano para aquellas familias que lo pidiesen para sus hijos, muchos colegios han tenido que introducir alguna materia en castellano por este tipo de reclamaciones. Según la Generalitat, han sido unas 80. Según la Asamblea por una Escuela Bilingüe, principal instigadora contra la inmersión, serían 130.

Sea como sea, fuentes de la Generalitat aseguran que en la actualidad hay 19 escuelas que, en alguno de sus grupos-clase, tiene que impartir una materia en castellano. Además, en seis casos el TSJC ha tumbado directamente todo su proyecto lingüístico, con lo que deberían adaptar el 25% de todas las etapas del centro. Sin embargo, estas sentencias no son firmes y están recurridas al Supremo por la Generalitat.