La Generalitat busca ir más allá del Gobierno con una regulación que ponga límite al precio de los alquileres

El Govern ha anunciado este lunes que prepara un proyecto de ley para regular el precio de los alquileres, una competencia hasta ahora en manos del Gobierno central. Tres días después de que el Consejo de Ministros haya aprobado un decreto en materia de vivienda que da más garantías a los inquilinos, la Generalitat ha asegurado que irá más allá y llevará a cabo una reforma que incluya la limitación de los precios, una de las medidas más reclamadas por los movimientos sociales.

La fórmula con la que el Ejecutivo catalán pretende regular los alquileres es una modificación del Código Civil de Catalunya, que hasta ahora no había entrado a regular el arrendamiento de fincas urbanas pero sí el de las rústicas. Se trataría entonces de un proyecto de ley, que está elaborando el Departamento de Justicia, y que incorporaría el alquiler de vivienda al libro sexto del Código Civil.

Con esta nueva legislación, que el Govern tiene previsto llevar al Parlament antes de que acabe el año, prevén también aumentar la duración de los contratos de los entre cinco y siete años actuales (aprobados por el Gobierno el pasado viernes) a entre seis y diez años, también en función de si los propietarios son particulares o sociedades, como es el caso de inmobiliarias o entidades financieras.

La regulación de los alquileres por parte de la Generalitat abriría de esta forma una nueva pugna competencial con el Gobierno central, que es quien tiene la potestad actualmente de legislar sobre ello. Desde Justicia argumentan que en derecho civil, el español es subsidiario del catalán, y interpretan así que si el Código Civil regula los contratos -incluso los arrendamientos rústicos, con la finalidad de preservar el patrimonio cultural- también puede hacerlo con los alquileres.

La redacción del proyecto va a cargo de la Comisión de Codificación de Catalunya, que es quien desarrolla el Código Civil catalán. Está formada por juristas, académicos y notarios y su presidenta es la consellera de Justicia, Ester Capella.

La limitación de precios

La reforma que prepara el Govern, si se acaba llevando a cabo y el Gobierno no la recurre, supondría que por primera vez se pusiera techo al aumento de los precios del alquiler, que en ciudades como Barcelona ha crecido un 38% en los últimos cinco años (un piso de 70 metros cuadrados cuesta a día de hoy unos 950 euros de media). Según ha informado Justicia, será el departamento competente en vivienda el que tendrá la potestad de fijar estos límites al precio de los alquileres y podrá traspasar esta potestad a los ayuntamientos. Esto último es lo que vienen reivindicando las grandes ciudades, con Barcelona y su gobierno, el de Ada Colau, a la cabeza.

La limitación de los precios era uno de los puntos del acuerdo al que llegaron el Gobierno y Unidos Podemos para el decreto de vivienda, aunque el Ministerio de Fomento retiró esta parte antes de aprobarlo. En el redactado del pacto inicial el Gobierno se comprometía a facultar a los ayuntamientos para que establecieran índices de subidas máximas en las zonas más “tensionadas”.