Junts pel Sí acepta una Renta Garantizada de Ciudadanía de 576,84 euros para todos los catalanes
Junts pel Sí acepta conceder una Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) de 576,84 euros por persona. Todos los ciudadanos que tengan ingresos inferiores a esta cantidad recibirán, si se aprueba la ley que regulará esta renta, una ayuda que alcance esta cifra. La iniciativa legislativa popular que suscribieron más de 120.000 catalanes y que llegó al Parlamento hace un par de años fijaba esta prestación en 664 euros mensuales.
Los diferentes grupos parlamentarios han presentado sus enmiendas a la proposición de ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía que quedó atascada en el Parlamento a raíz de su disolución anticipada para que se celebraran nuevas elecciones autonómicas. La reanudación del debate sobre la proposición de ley se ha hecho sobre la base del trabajo parlamentario que se avanzó en la legislatura anterior, a partir de la iniciativa legislativa popular mencionada.
Lógicamente, las enmiendas determinantes son las que ha elaborado el grupo mayoritario del Parlamento, Junts pel Sí. Este grupo pretende desdoblar la Renta Garantizada de Ciudadanía contenida en la ILP popular en dos rentas: una, la Renta Mínima Garantizada, y otra, llamada Renta de Inserción, que completaría la prestación hasta alcanzar la cantidad fijada en la RGC. La Renta Mínima Garantizada sería de 426,84 euros y la Renta de Inserción añadiría 150 euros hasta alcanzar el total de 576,84 euros.
La Renta Garantizada de Ciudadanía estaría dirigida a “las personas que no dispongan de ingresos para hacer frente a los gastos asociados a las necesidades básicas” y la Renta de Inserción estaría “dirigida a complementar el nivel de ingresos de las unidades de convivencia de las personas titulares de la Renta Mínima Garantizada y que se acogen a un proceso de inclusión social o de mejora de la situación laboral”. Para conseguir los 150 euros adicionales a la Renta Mínima, habría que apuntarse “obligatoriamente” a un Plan Individual de inserción laboral o inclusión social.
Se puntualiza que la Renta Garantizada de Ciudadanía se podrá percibir mientras se mantenga la situación de necesidad mientras que la de Inserción sólo se podrá percibir un año de cada cuatro, con lo cual se sobreentiende que durante tres años la RGC quedaría reducida a 426,84 euros durante tres años.
Junts pel Sí quiere introducir en la ley la exigencia de que los beneficiarios de la RGC acrediten “la solicitud y agotamiento del derecho a percibir cualquier otra prestación o subsidio de carácter sociolaboral”. Además, eleva a 25 años la edad mínima para recibirla, ante los 18 previstos en la ILP, y fija que deja de percibirse al llegar a la edad de jubilación. También sube de 12 a 24 los meses de residencia en Catalunya previos a su percepción, en relación con la propuesta de la ILP.
El grupo que gobierna Catalunya asume que “la prestación económica de la RGC se financiará con cargo al Presupuesto de la Generalitat, sin perjuicio de las aportaciones económicas que, en su caso, se puedan hacer por otras administraciones públicas”. Se compromete, por último, a desarrollar la Ley en un plazo de 12 meses después de su aprobación.
Añade, sin embargo, una disposición adicional que puede hacer temer que se recurra al argumento de la infra-financiación de la Generalitat para no implementar la ley: “El Gobierno de la Generalitat, mientras no se produzca una eventual asunción de las competencias sobre las prestaciones de protección social, que en el momento de la entrada en vigor de esta ley ejerce la Administración del Estado, deberá reclamar al Estado una mejora del sistema de pensiones no contributivas y de las pensiones contributivas mínimas de la Seguridad Social ”.
En cuanto a la CUP, socio necesario para el Gobierno de la Generalidad para sacar adelante sus propuestas, da por buena la ILP y sólo ha presentado dos enmiendas, que amplían el derecho a percibir la RGC a todas las personas “que residan en Catalunya y acrediten un arraigo social en el municipio donde viven, sin perjuicio para aquellas personas en situación administrativa irregular ”.
Será necesario, por tanto, estar pendientes de si en las negociaciones de las enmiendas, la CUP acepta rebajar los 664 euros mensuales de la RGC reclamados por la ILP a los 576,84 euros que está dispuestos a asumir Junts pel Sí.
