La Justicia mantiene imputada a la exjefa del CNI por espiar a Aragonès: “La investigación no está agotada”

Revés de la Audiencia de Barcelona a la pretensión de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban de archivar la causa que la mantiene imputada por espiar con el programa Pegasus al expresident de la Generalitat Pere Aragonès. “La investigación no está agotada”, concluyen los magistrados.

En un auto, la que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados de la sección 9ª de la Audiencia de Barcelona advierten a Esteban de que archivar ahora el caso sería “prematuro” y que es necesario terminar la investigación a fondo de la causa que comanda el juez Santiago García.

Los superiores del instructor respaldan la instrucción del juez García y advierten a Esteban de que todavía quedan por conocer el resultado de diligencias como el informe pericial respecto al móvil del expresident. La Fiscalía también había pedido el archivo del caso descartado por los magistrados.

Señala con insistencia el tribunal “la necesitad de agotar eficazmente la investigación y evitar cierres prematuros”, tal y como marca la ley para todos los casos y, en particular, ha recomendado el Parlamento Europeo respecto al escándalo de espionaje con el programa Pegasus.

El cierre de la investigación, advierten los togados, todavía está lejos, ya que además del informe pericial sobre el teléfono de Aragonès están pendientes de respuesta varias comisiones rogatorias dirigidas a Israel y a Luxemburgo, país europeo en el que NSO Group, fabricante israelí del 'software' espía, tiene una filial.

Esteban es el único cargo gubernamental imputado hasta ahora por el espionaje a los independentistas. En una escueta comparecencia como investigada no aportó dato alguno sobre el ataque con Pegasus al móvil del entonces president y se limitó a reiterar que el Supremo autorizó la infiltración.

Todo lo demás (el coste de Pegasus, dónde se almacenó la información extraída del terminal de Aragonès y el uso que se hizo de la misma) versaba, a criterio de la exjefa del CNI, sobre información protegida por secretos oficiales, por lo que Esteban se escudó en este extremo para no responder.

Tampoco ha aportado mucha luz hasta ahora el Gobierno, que al alud de datos solicitados por el magistrado respondió únicamente enviando los autos (eso sí, fragmentados y con varios tachones) del Supremo que avalaron el espionaje a Aragonès. Alegó el Ejecutivo que contestar a otros requirimientos del magistrado ponía en peligro a las fuentes del CNI.

El Supremo autorizó tres infiltraciones. La primera, en julio de 2019, con otras dos prórrogas de tres meses de octubre de 2019 y de enero de 2020, después de que los servicios secretos adujeran que Aragonès coordinaba las acciones de los CDR, un extremo que en realidad nunca se dio.

No obstante, una pericial informática que Aragonès aportó al juzgado concluye que el dirigente de ERC tuvo el móvil infectado con Pegasus entre julio de 2018 y marzo de 2020, más allá del período en que el espionaje del CNI contaba con cobertura judicial.

El auto de la Audiencia de Barcelona rechaza de forma tajante la tesis de la Fiscalía, que había pedido el archivo del caso. La Fiscalía argumentaba que Esteban dirigió el CNI entre julio de 2019 y mayo de 2022, cuando dimitió a raíz del escándalo del espionaje al independentismo, por lo que “bajo ninguna circunstancia” se le podrían imputar las eventuales infecciones con Pegasus llevadas a cabo en fechas anteriores a su mandato.

No obstante, la Audiencia discrepa de ese “estricto” criterio “cronológico” que esgrimen la Fiscalía y la Abogacía e insiste en que hay indicios de espionaje en el móvil de Aragonès en julio de 2018, cuando Paz Esteban llevaba más de un año como secretaria técnica del CNI.

Según apunta la sala, como número dos del CNI “no puede excluirse irrefutablemente” la participación de Esteban en las “intromisiones ilegítimas investigadas, aunque lo sea de forma compartida con otros cargos” de los servicios secretos. De hecho, añade, las peticiones de autorización judicial para el espionaje las dirigía la secretaría general técnica.