JxCat ignora a Torra y mantiene sus enmiendas para descafeinar la ley que limita el precio de los alquileres

La reunión que este jueves mantendrán el Sindicato de Inquilinos y Quim Torra para desencallar la proposición de ley para limitar los precios de los alquileres estará marcada por el papel del grupo parlamentario al que pertenece el el president de la Generalitat, Junts per Catalunya (JxCat). Los posconvergentes, tras enmendarse a sí mismos y proponer cambios que descafeinaban la norma, han ignorado la llamada del president a volver al redactado inicial de la ley.

Este martes, en la rueda de prensa del Govern, Torra apostó por mantener el texto inicial que JxCat, ERC, los 'comuns' y la CUP habían pactado junto al Sindicato de Inquilinos, y al que JxCat, una vez registrada ya en el Parlament la proposición de ley, presentó enmiendas que introducían excepciones en las limitaciones de los precios del alquiler y excluían a algunos municipios de las 60 poblaciones consideradas “zonas con un mercado de vivienda tenso”.

Este miércoles sin embargo JxCat ha decidido mantener las ocho enmiendas que rebajan la norma, han confirmado fuentes de los posconvergnetes a la agencia ACN, y que según el partido han sido pactadas con la conselleria de Territorio que lidera Damià Calvet.

El texto de la nueva normativa había logrado el consenso entre ERC, los 'comuns', la CUP y JxCat –quien finalmente se ha descolgado– tras más de un año de negociaciones que siguieron a un fracaso del Govern: en su anterior decreto sobre los alquileres el Ejecutivo no logró el apoyo de ningún grupo parlamentario de la oposición, por la que la norma no se aprobó.

Al margen de las enmiendas de JxCat, el PSC, el PP y Ciudadanos se oponen a la norma, y estos dos últimos grupos han dejado en suspenso su tramitación parlamentaria al recurrirla ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), equivalente el Tribunal Constitucional en asuntos autonómicos.

La nueva ley afectaría a todos los nuevos contratos en los 60 municipios de más de 20.000 habitantes con un mercado de vivienda más tensionado, entre ellos casi todas las capitales de comarca y municipios del área metropolitana de Barcelona. En total, de los cambios podrían beneficiarse unos 5 millones de personas, el 70% de la población catalana.

Como norma general, la ley indica los nuevos contratos para viviendas que ya estaban alquiladas no podrán superar el precio acordado en el contrato anterior. En el caso de las viviendas que tuvieran un precio por encima de la media de su zona o sean viviendas nuevas, el nuevo contrato deberá tener como valor máximo el valor establecido en el índice de de precios de referencia. Es decir, se limitan las subidas y se fomenta la bajada para equilibrarse con el índice de referencia.

Tal y como ocurre en otros países europeos con una normativa similar, la regulación prevé algunas excepciones para propietarios que hagan grandes rehabilitaciones, obras de mejora, las relaciones de parentesco y otros regímenes de renta. Además, las viviendas de obra nueva quedan libres de regulación durante los primeros tres años.