Oleada de indignación por el recurso de Rajoy a la ley catalana antidesahucios
Al supuesto deshielo de relaciones entre la Generalitat catalana y Gobierno central fruto de las reuniones de las últimas semanas le ha seguido el recurso del Ejecutivo de Rajoy a uno de los asuntos más sensibles para el Govern de Puigdemont. Este viernes el Gobierno ha recurrido el grueso de medidas antidesahucios contenidas en la ley 24/2015 promovida por la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatori DESC y que el Parlament aprobó en julio. La Generalitat, varios ayuntamientos empezando por el de Barcelona, y los impulsores de la ley no han tardado en mostrar su indignación.
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acusado al Gobierno de “dejar conscientemente a la intemperie a muchas familias del país”. El presidente ha afeado al Gobierno que haga “politiquería” con una ley que afecta a la “dignidad” de la población ya que el recurso incluye la suspensión de los artículos referentes a las medidas de sobrendeudamiento o a la obligación de los bancos de ofrecer una vivienda social para garantizar el derecho a la vivienda.
Para Puigdemont, las explicaciones del Ejecutivo central al recurso son un intento “de vender gato por liebre” ya que “difícilmente se puede combatir la pobreza energética si no hay una casa”. Puigdemont se refería así a la insistencia de Soraya Sáenz de Santamaría en recordar que no se han impugnado los artículos referentes a pobreza energética.
Por su lado, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha mostrado “indignada” por el recurso del Gobierno a la ley que impulsó la PAH. Tal y como recordaba en el reportaje que Catalunya Plural ha publicado este viernes, Colau ha explicado que la impugnación afecta a las herramientas de los ayuntamientos para dar respuesta a la emergencia habitacional.
“Impugna la parte de la ley que corresponsabiliza a las entidades financieras y grandes propietarios y sobrecarga más a los Ayuntamientos. Seguimos estando obligados a buscar realojamiento pero nos quita las herramientas para conseguir viviendas vacías”, ha afirmado la alcaldesa. Colau ha lamentado que el recurso del Gobierno afecta a los artículos que permiten corresponsabilizar a los grandes propietarios y entidades en no desahuciar si no se puede ofrecer alquiler social.
A través de Twitter, Núria Marín (PSC), alcaldesa de la segunda mayor ciudad de Catalunya, L'Hospitalet de Llobregat, ha propuesto un “amplio frente común” contra el “nuevo ataque a las políticas sociales” que, a su juicio, supone el recurso del Gobierno. También ha pedido a Puigdemont que encabece la “suma de esfuerzos” de las instituciones para defender la ley. El president ha anunciado que convocará en los próximos días a los impulsores de la norma para valorar los próximos pasos.
Por su lado, la PAH ha calificado el recurso de inconstitucionalidad como una “declaración de guerra”. Su portavoz, Carlos Macías, ha criticado que el Gobierno del PP “no sólo no hace nada contra los desahucios y la pobreza energética, sinó que quiere evitar que otros tomen medidas para evitar estos problemas”.
Macías ha reafirmado la plena constitucionalidad de la ley 24/2015 y ha recordado que, a día de hoy, “es la única ley que hay para garantizar el derecho a la vivienda recogido en el artículo 47 de la Constitución”. Asimismo, ha considerado que el recurso no se ha interpuesto en base a la constitucionalidad de la norma catalana, sino porque la ley “recorta los privilegios de la banca y de las subministradoras de energía, que es donde todos acaban trabajando y marchándose de vacaciones a Panamá”.
