Preocupante que no llegue la ambulancia. Preocupante para la persona enferma que perderá su sesión de rehabilitación, diálisis o quimioterapia o para quien, en caso de urgencia, no le llegue el equipamiento sanitario necesario. Preocupante para el personal que presta el servicio, que ve con enorme frustración como se ha degradado tanto su trabajo, como sus condiciones laborales y que espera el rociado que le caerá de de dicha persona enferma, como si la responsabilidad fuera suya. Una responsabilidad que no será para la empresa concesionaria del transporte sanitario, más preocupada en hacerse atractiva al mejor comprador. Y tampoco no será para el Departament de Salud, que está tardando demasiado en penalizar la empresa por sus evidentes incumplimientos contractuales.
Transporte Sanitario de Catalunya SLU (TSC) resultó adjudicataria de siete de los trece lotes del concurso del Transporte Sanitario, licitado en 2014 por un importe máximo de 2.556.000 euros, adjudicado con mucha polémica durante el pasado 2015 y puesto en marcha, según el lote, entre el pasado noviembre y el 14 de enero de este año. Tres lotes en exclusiva y los otros cuatro compartidos con varias UTE de las que forma parte. TSC es propiedad de Investindustrial, fondo de capital riesgo controlado por la familia Bonomi, también propietaria de Port Aventura. Y son tan buen hombres que, tan pronto como salieron las adjudicaciones mencionadas, regalaron una UCI pediátrica y un área adaptada de juegos infantiles al Hospital Sant Joan de Déu. Esta secuencia de eventos está en el centro de la denuncia que la CUP ha presentado a la Fiscalía esta semana pasada. Como hace unos días decía Ignacio Escolar: 'Menos caridad y más pagar impuestos, doña Pilar'.
No, no sabemos aún si la familia Bonomi o Investindustrial salen en los 'Papeles de Panamá', pero sabemos que el TSC presentó a concurso unos vehículos de transporte que tenía comprometidos con otra adjudicación, con unas tarjetas de transporte que no cumplían las condiciones requeridas por el concurso y unas bases de las que no disponía. Factores todos estos más que suficientes para excluir la empresa del concurso. Sabemos también que el concurso estaba mal planteado porque no partía de cifras reales de los servicios ordinarios que se deberían cubrir, por lo que la primera sospecha sobre los incumplimientos era la de un pacto entre el CatSalut y el TSC, según el cual esta no sería penalizada. Sabemos que José Maria Padrosa, el director del CatSalut que firma las adjudicaciones, no es precisamente una persona muy cuidadosa en sus adjudicaciones, como demuestra el hecho de que la Autoridad Catalana de la Competencia le anulara el concurso de Rehabilitación de 2012, multando, entre otros, su exempresa Fisiogestión para “repartirse el mercado”. Tampoco es cuidadoso en el control de sus papeles, como demuestra, por lo menos, el escándalo producido cuando se descubrió que constaba como apoderado de las empresas que contrataba como director del CatSalut. Además, su historial nos muestra que siempre ha ido sorteando la legalidad y que no ha sido ejemplo de transparencia. En Girona lo recordamos porque implantó y defendió cobros sin apoyo legal a pacientes sin tarjeta sanitaria a los CAP de la costa, porque protegía incompatibilidades de cargos intermedios, porque nos ocultaba los convenios con las entidades concertadas... Sabemos que Padrosa había ido cambiando de cargo de la mano de Xavier Pomés i Abella. Cuando Pomés dirigía el ICS, nombró Padrosa subdirector de Atención Primaria. Cuando Pomés pasó a ser conseller de Gobernación, hizo de Padrosa el director general de los Bomberos. Después Pomés fue conseller de Sanitat, pero entonces Padrosa ya se pasó a la privada.
¿Pero qué pinta Pomés en este alboroto? Pues ya hace mucho que es delegado de la Curia General de la Orden Hospitalaria de Sant Joan de Déu para los centros de América Latina. Pero no se pasa todo el tiempo en las Américas, ni mucho menos. Por ejemplo, fue él quien recibió la condecoración que dio Morenés a los médicos de nuestro Hospital Sant Joan de Déu para salvar la pierna de una niña afgana. Compatibilizaba estos trabajos con la presidencia de los hospitales Clínic y Sant Pau, con sus intereses privados, entre otros, con el Grupo MGO, que recibe contratos de la Generalitat pero que él abandonó a finales de 2014, y con el E-Center propietario de Ambulancias Reus, empresa que, mira por donde, ha perdido en este concurso la adjudicación que tenía con el anterior. En el consejo de administración de la E-Center entró por medio de su empresa Mandel Investments, que aún consta como administrador solidario. Es decir, que seguramente sus intereses se han visto perjudicados por el concurso y quizás necesitaba alguna compensación.
Está claro que el hecho de evidenciar estas 'coincidencias' será catalogado de populismo o de “francotiradores dispuestos a etiquetar cualquier intento de modernización como privatización del sistema” o de “discursos demagógicos más propios del Mayo del 68 que del siglo XXI”, como decían los señores Pomés y Josep Maria Via en un escrito conjunto, propugnando que nos liberáramos de los “actuales sistemas de gestión pública y control” y que abrazáramos, como si no los tuviéramos suficientemente abrazados, “los instrumentos de gestión y auditoría empresarial”. Pero es tan y tan grande el saqueo puesto en evidencia en estos últimos seis años de luchas en defensa de la sanidad pública, que finalmente hemos conseguido poner en cuestión el modelo sanitario catalán, en la calle y en el Parlamento, y hemos manifestado que queremos ya un cambio.
Quizás no es relevante la relación entre los señores Pomés y Padrosa, pese a ser ambos defensores del modelo en cuestión. Quizás hay que fijarnos más en el interés del CatSalut de Padrosa de traspasar lo público a lo privado, lo dirija quien lo dirija. Porque sí que es relevante que Sant Joan de Déu vive mayoritariamente del presupuesto público, del CatSalut, por mucho que la Orden religiosa se precie de ser cada vez menos dependiente de este presupuesto, y de la caridad como móvil supremo de la humanidad. Porque, mientras no quede claro si la UCI pediátrica y el área de juegos regaladas por la familia Bonomi a Sant Joan de Déu es de utilización privada o pública, siempre planeará la duda de si el regalo no se ha hecho, en realidad, al CatSalut como muestra de agradecimiento por la adjudicación múltiple recibida.
Esta adjudicación del transporte sanitario debería anularse. Tenemos suficientes argumentos jurídicos, éticos y económicos para hacerlo. Y no sería necesario ningún nuevo concurso. No necesitamos una colaboración pública-privada que no es colaboración sino sangría. Gestión directa por parte del CatSalut. Y que nadie la identifique con burocratización. La Catalunya que queremos tendrá una administración eficiente, ágil, supermoderna ... y participativa. Realmente participativa.
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