La Justicia, esa gran olvidada a pesar de ser uno de los tres pilares de cualquier sistema democrático junto al legislativo y el ejecutivo según la teoría clásica de Montesquieu, ¿será por fin protagonista en esta nueva legislatura?
Tras los cuatro años de rodillo legislativo del PP, que han conseguido incluso poner de acuerdo en el rechazo a muchas de sus medidas a la práctica totalidad de operadores jurídicos, en mi opinión, hay dos cuestiones que no pueden esperar más:
1. La derogación del plazo máximo para la instrucción de las causas penales. Con los actuales medios cumplir los plazos del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es una utopía, a no ser que se instruyan las causas de forma precipitada y cerrando sin concluir la investigación u obligando a la Fiscalía a pedir sucesivas prórrogas.
Una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como la operada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, sin dotación de medios no es ninguna garantía de una Justicia más ágil y más justa.
Causas como la Gürtel, los papeles de Bárcenas, o tantas otras de corrupción es prácticamente imposible que se instruyan con garantías en un plazo de 18 meses si han de remitirse comisiones rogatorias y practicar pruebas contables sin el correspondiente apoyo pericial.
Pero no hay que centrarse ni siquiera en causas complejas o noticiables. La realidad, como ya he descrito en varios ocasiones en mi propio blog, es que asuntos sobre delitos contra la propiedad industrial, robos con fuerza o falsedades documentales, que ni siquiera pueden calificarse de causas complejas, tienen instrucciones de más de 24 meses. Esa es la realidad y de la noche a la mañana no va a cambiar por arte de magia.
Y la consecuencia de la entrada en vigor de la norma es que tenemos a personal de Fiscalía revisando, una a una, las miles de causas por si hay que solicitar que se acuerde su complejidad o la prórroga del plazo, en vez de dedicar esos esfuerzos en investigar y solicitar la práctica de diligencias. Un disparate que necesita su inmediata derogación.
2. La eliminación de las tasas judiciales a pimes y ONG. No se puede seguir limitando el acceso a la Justicia a la pequeña y mediana empresa y a las organizaciones no gubernamentales con unas tasas que pueden ser contrarias al artículo 24 de la Constitución (seguimos esperando que un día de estos el Tribunal Constitucional se digne a resolver los recursos interpuestos en su día). Incluso el PP de la Comunidad de Madrid ha respaldado hace unos días una Proposición No de Ley para la derogación de las mismas, lo que demuestra el absurdo de su mantenimiento.
Estas dos medidas no deben esperar más pero ya es hora de acometer un verdadero pacto de Estado por la Justicia.
Como puntos esenciales, los que reivindiqué en mi promesa del cargo de Senador: Justicia independiente y con medios.
Pero hay mucho más, el desastre del papel cero, calificado recientemente por la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria como “fiasco”, acometer las reformas necesarias para conseguir un modelo de Administración de Justicia mucho más eficiente y propio del siglo XXI, aumento de Jueces y Juzgados, dignificar el turno de oficio...
Debe abordarse ya y con la participación de todos los operadores jurídicos. Mucho trabajo por delante pero que hay que acometer ya, sin excusas.
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