No damos ninguna exclusiva rompedora si afirmamos que el medio ambiente es el gran infrafinanciado los presupuestos de la Generalitat El sector del medio natural ha sufrido un recorte del 66% en los últimos años que en este presupuesto no se ha visto revertido. Un sector fundamental para la dinamización económica del medio rural, para la prevención de incendios o para la supervivencia de la maltratada agricultura.
Por otra parte, está el cambio climático, con una Ley a punto de ser aprobada en el Parlament, la primera “de Estado” dicen desde el Govern, y con la que además de viajes a la COP-22 y fotos con líderes internacionales, poco más puede hacer la dirección general con menos financiación de todo el departamento –a pesar de la urgencia del problema, a pesar de la oportunidad de cambio de modelo, a pesar de las consecuencias para la salud y el triste legado que dejaremos para las generaciones futuras.
¿Y qué hemos hecho nosotros? Crear dos fondos –o cuentas corrientes– específicos para estos sectores. El primero, el fondo de patrimonio natural, destinado a medidas de gestión y protección del medio natural. Es el embrión de la futura Agencia del Patrimonio Natural que se creará esta legislatura. Permitirá políticas propias y directas y acabar con la dispersión de financiación y recortes. Es una demanda central e histórica de los movimientos ecologistas y de los profesionales del sector.
El segundo, el fondo climático, previsto en la futura ley de cambio climático, y destinado a la implementación de políticas públicas de adaptación y mitigación del cambio climático, incluyendo la reducción de emisiones, el fomento del transporte público, de las energías renovables, la descentralización de redes y el autoconsumo energético, la reducción de impactos sobre la salud, la implantación de medidas de eficiencia energética en edificios o la investigación e innovación en materia ambiental.
¿Y de dónde sale el dinero por los fondos? Haciendo un trabajo de hormiguitas hemos estudiado el gasto del departamento y hemos hecho limpieza (de las partidas de protocolo, los estudios externalizados y el oscuro cajón de sastre de “otros gastos”). Pero también pedimos la congelación de compra-ventas de nuevo suelo por parte del INCASOL –y evitar seguir con un modelo depredador del territorio– y hacemos ocho propuestas de fiscalidad ambiental. Si, ocho, porque hablar de fiscalidad también debería hacerse en términos ambientales. Porque aquello de “que los que más tengan, paguen más” también se traduzca en un “que los que más contaminen, paguen más”. Y a menudo hablamos de los mismos oligopolios –sí, los mismos– los de siempre.
¿Qué es la fiscalidad ambiental? Son tasas e impuestos finalistas (nosotros las hacemos, nosotros las cobramos, nosotros las invertimos. Y no el Estado español). De nuestras propuestas, cuatro graban los sectores con mayores emisiones de gases de efecto invernadero: los vehículos privados, las grandes explotaciones agro-ganaderas intensivas, los embalses artificiales para aprovechamiento hidroeléctrico y los grandes barcos en puerto.
Queremos transporte público, aire limpio y que los lobbies agroalimentarios, energéticos y turísticos paguen lo que les toca. Proponemos también un peaje por congestión en los municipios de más de 100.000 habitantes durante los episodios críticos de contaminación atmosférica y sólo para vehículos con combustibles fósiles y un ocupante. Aprendemos de las grandes ciudades europeas. Y proponemos un canon eólico para compensar a los municipios por las afectaciones en el medio rural causado por los molinos de viento. Una reivindicación histórica de los municipios afectados que ya se hace en otras comunidades autónomas. De hecho, no nos inventamos nada.
Y la medida estrella si de verdad nos creemos lo de la lucha contra el cambio climático y queremos estar a la altura de los países líderes: la tasa al carbono. O dicho de otro modo, grabar el uso de todos los combustibles fósiles con el objetivo de conseguir una sociedad nula en emisiones de carbono, la transición energética hacia un modelo 100% renovable y la adopción de medidas de ahorro energético . No nos hemos vuelto locos, Dinamarca, Reino Unido o Japón ya la tienen. Y nosotros proponemos una ejecución gradual a partir 2018, acompañada de la eliminación de subsidios a empresas contaminantes.
Y lo que ya hemos acordado, una versión remasterizada no impugnable por el Tribunal Constitucional del impuesto a las nucleares, que aceptaremos si tenemos el compromiso de no prorrogar las centrales ya impuestas en Catalunya más allá del 2020, cuando termina el actual licencia de explotación.
Por último, la ley de acompañamiento de los presupuestos también contiene muchas enmiendas importantes. Y os citamos sólo dos: el acuerdo para recuperar la gestión pública y directa de Aguas Ter-Llobregat, una vez tengamos la sentencia del Tribunal Supremo; y la petición de modificación de un solo artículo de la ley del Área Metropolitana de Barcelona que facilitaría las remunicipalizaciones del agua que piden muchos municipios. Tenemos una oportunidad para dar color a este presupuestos, de los grises a los verdes.
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