El Parlament alega que la Junta Electoral no puede retirar el escaño a Borràs hasta su condena firme

La Mesa del Parlament de Catalunya ha acordado, con los votos a favor de la mayoría independentista y el rechazo del PSC, pedir a la Junta Electoral Central (JEC) que no retire el escaño a la líder de Junts, Laura Borràs, hasta que el Tribunal Supremo resuelva su recurso y tenga una condena firme por corrupción.

Así lo ha informado este martes la Cámara catalana, que en su reunión semanal de la Mesa ha acordado que los letrados parlamentarios presenten alegaciones ante la JEC. El ente electoral dio de plazo hasta el 28 de abril para que el Parlament se pronunciara sobre la retirada exprés de su escaño antes de proceder a dejar sin acta a Borràs.

El intento del Parlament de que prevalga su reglamento está condenado al fracaso si se tienen en cuenta los dos precedentes anteriores análogos al caso de Borràs: tanto en el caso de Quim Torra como Pau Juvillà, la JEC optó por no esperar a la sentencia definitiva del Supremo y retiró el escaño a ambos parlamentarios tras su condena en primera instancia.

La discrepancia estriba en que, según el reglamento del Parlament, no se puede retirar el acta a un diputado hasta que no tenga sentencia firme. En cambio, según la la ley electoral general –Catalunya es la única comunidad que no dispone de una normativa propia–, la JEC puede retirar el escaño con condenas en primera instancia por delitos contra la administración pública, como es el caso de la prevaricación a la que ha sido sentenciada Borràs.

La líder de Junts también tiene hasta el 28 de abril para presentar alegaciones, aunque el caso terminará con la retirada de su escaño en la siguiente reunión de la JEC, que previsiblemente será la primera semana de mayo.

En su etapa al frente del Parlament, Borràs tuvo que gestionar la retirada exprés del escaño del diputado de la CUP Pau Juvillà. Pese a que Borràs prometió que defendería el acta de Juvillà, la entonces presidenta del Parlament terminó acatando la orden de la JEC. Todo ello pese a las numerosas críticas que vertió Borràs a su antecesor, el republicano Roger Torrent, por acatar la orden de la JEC de retirar el escaño de Quim Torra. Borràs terminó actuando igual que Torrent.

En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) concluyó que, eludiendo la exigencias de la contratación pública, Borràs adjudicó a su amigo Isaías H. los trabajos de elaboración y mantenimiento de la web de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que presidió entre 2013 y 2018, mediante contratos menores, pese a que ello exigía “fraccionar” los proyectos.

Para crear una “apariencia de respeto a los principios de pluralidad y libre concurrencia”, Borràs dio instrucciones a Isaías H. sobre la necesidad de que elaborara y aportara tres presupuestos por cada concepto, de forma que en los expedientes se incluían propuestas “comparsa” o “ficticias”, que fueron creadas “artificialmente” con el único fin de ocultar la “contratación prevaricadora”.

Pese a condenar a Borràs a la pena mínima de cárcel por falsedad documental, el tribunal constató que la líder de Junts no se llevó un euro al bolsillo, por lo que su entrada en prisión resultaría “desproporcionada” al daño causado. En consecuencia, los jueces pidieron su indulto parcial para que Borràs no entre en prisión, que no se empezará a tramitar hasta que el Supremo emita su sentencia definitiva.