El baile de cifras entre Hacienda, la Fiscalía y la Guardia Civil sobre la factura del 1-O
La cantidad de dinero público que la Generalitat destinó al referéndum está lejos de suscitar unanimidad. Y no sólo entre los exresponsables del Govern, que sostienen que todo se pagó con aportaciones privadas, y la Fiscalía del Tribunal Supremo, que eleva la factura a 3,1 millones de euros. La Abogacía del Estado rebaja esta cantidad a 2,9 millones de euros, mientras que el Ministerio de Hacienda, que tenía intervenidas las finanzas catalanas durante los preparativos del 1-O, la reduce a 812.000 euros, de los que el Govern pagó sólo 196.900. Por contra, la Guardia Civil fija el coste de la votación en 4,6 millones de euros.
El informe pericial de Hacienda no forma parte de la causa por rebelión del Supremo, sino que se ha aportado a la investigación del juzgado de instrucción 13 de Barcelona sobre los preparativos del 1-O. De este mismo caso han salido la mayor parte de los informes de la Guardia Civil que sustentan las acusaciones de rebelión, sedición y malversación en el Tribunal Supremo.
Hacienda, la Fiscalía y la Abogacía del Estado sólo coinciden en considerar malversados tres gastos de la Generalitat. Se trata de las dos partidas, que no se llegaron a abonar, destinadas a los anuncios del 1-O –336.143,34 euros– y del registro de catalanes en el exterior –266.506,54 euros–, así como los 177.304,90 euros en gastos de desplazamiento y alojamiento que el Diplocat pagó a un grupo de observadores internacionales. Hacienda añade una cuarta partida malversada. Son 32.670 euro que el Govern comprometió para sufragar la traducción al inglés de una página web del referéndum pero que se pagaron parcialmente. Por contra, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado incluyen esta cantidad en sus escritos de acusación.
De esta forma, para Hacienda, hay cuatro expedientes de gasto de la Generalitat vinculados a la malversación del 1-O, por doce por parte de la Fiscalía y once por parte de la Abogacía del Estado. Llama la atención que, pese a tener toda la información financiera de la Generalitat, Hacienda no haya incluido en el cálculo de la malversación los 976.661,96 euros que supuestamente el Govern se comprometió a pagar a Unipost mediante cinco facturas a cambio del envío de sobres, papeletas y notificaciones a los miembros de las mesas del 1-O. No figuran en el informe del Ministerio, ni como pagados ni como pendientes de pago.
La de Unipost es la partida que conforma el 31% del total malversado, según la Fiscalía, y de la que hay más indicios, habida cuenta de que la Guardia Civil se incautó de miles de sobres y papeletas en sedes de la compañía los días previos al referéndum. Pero en el transcurso de la investigación, la administración concursal de Unipost (la compañía quebró tras el 1-O) ha certificado que no ha cobrado de la Generalitat porque las facturas se anularon.
Al no tratarse de una cifra que se pueda encontrar en las partidas presupuestarias catalanas, Hacienda tampoco ha incluido en su informe los 900.906,7 euros correspondientes al coste que supuso abrir colegios el 1-O. Es un cálculo pericial realizado Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA) y que la Fiscalía y la Abogacía del Estado comparten en sus escritos.
Para la Fiscalía y la Abogacía hay malversación aunque no se abone la factura: basta con que se acredite una administración desleal de los recursos públicos por parte de la administración. En el 1-O sería el caso de la cesión de locales públicos para que fueran colegio electoral, así como los gastos previstos y comprometidos pero que no se llegaron a ejecutar ante la negativa de los proveedores o la marcha atrás del Govern. No obstante, ninguna de las dos acusaciones han reclamado al Supremo responsabilidad civil por el gasto público en el 1-O –el juez Llarena, al procesar a los dirigentes soberanistas, la fijó en 2,1 millones. Esto implica que la cantidad malversada la tendrá que concretar y reclamar a los políticos el Tribunal de Cuentas en otro procedimiento en vez del Supremo, aunque este último condene por malversación.
Fiscalía y Abogacía coinciden en el resto de partidas malversadas, que básicamente corresponden a los pagos para los observadores internacionales de la votación realizados por el Diplocat –una fundación que no depende formalmente del Govern, aunque el 90% de su presupuesto proviene de la Generalitat. En conjunto, el Diplocat destinó 274.676,12 euros a los observadores, de los que faltan por pagar 2.750 euros y 54.030 fueron devueltos por uno de los grupos “al conocer la ilegalidad de lo sucedido”.
Sin embargo, la Abogacía no ha incluido 167.065 euros que la Delegación de la Generalitat en Bruselas pagó a una fundación holandesa y que para la Fiscalía sí sirvieron para financiar el viaje de observadores, pese a que el exdelegado Amadeu Altafaj certificó al exministro Montoro que no era un gasto relacionado con el 1-O. Esta misma disparidad se repite con los 38.431 euros que la Fiscalía cree que la Generalitat, a través de Òmnium, destinó a carteles para el 1-O. Por contra, para la Abogacía “no consta la cuantía de fondos públicos destinada a esta actividad”.
Fuentes judiciales indican que las defensas, tanto en el Supremo como en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, intentarán defenderse alegando parte de estos gastos se comprometieron antes del 8 de septiembre, fecha en que el Constitucional suspendió el referéndum. Es el caso de las campañas publicitarias del entre febrero y junio para el registro de catalanes en el exterior –266.506,04 que no se llegaron a pagar, pero que reclaman las empresas adjudicatarias– o los 110.263,51 euros abonados en julio para publicitar el referéndum en medios internacionales. No obstante, otras fuentes sostienen que en esas fechas ya pesaba la advertencia del Constitucional vigente desde 2015 de no desarrollar el proceso soberanista.
Pese a basarse en los informes de la Guardia Civil para acusar por malversación, la Fiscalía y la Abogacía del Estado no han incluido todos los gastos que el Instituto Armado relaciona con el referéndum. Es el caso de 1,2 millones de euros, destinados a la reforma de una nave industrial que según la Guardia Civil se planeó como centro de datos del 1-O. Los pagos se terminaron de abonar cuando la Generalitat ya estaba intervenida por el 155. Asimismo, la Guardia Civil cifra en 161.315,7 el gasto público de la web para registrar voluntarios para el 1-O, un coste que para Fiscalía y Abogacía “no consta” si bien consideran “evidente que no pudo ser gratuita”.
En su cálculo, la Guardia Civil incluye además de pagos de la Generalitat gastos sufragados por entidades privadas como la ANC –115.218,28 euros del acto de inicio de campaña del 1-O– y el grupo parlamentario de Junts pel Sí –17.690,2 euros para un mitin sobre el referéndum en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC). También figuran otros 759.390,58 euros correspondientes a los viajes al extranjero la pasada legislatura del ahora vicepresident Pere Aragonès y a dos programas informáticos de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) que según los investigadores eran el embrión de la Hacienda de una Catalunya independiente.
