El Supremo revisará el 17 de septiembre el recurso de Torra contra su inhabilitación

El Tribunal Supremo estudiará el 17 de septiembre en una vista el recurso del president de la Generalitat, Quim Torra, contra la sentencia que le condenó a año y medio de inhabilitación por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos antes de las elecciones generales del 28A.

La vista en el Alto Tribunal y la eventual confirmación de la condena a Torra puede acelerar el final de la legislatura catalana y obligar al president a convocar elecciones anticipadas. Torra se había comprometido en enero a anunciar la fecha de unas nuevas elecciones por las continúas discrepancias entre JxCat y ERC en el Govern, pero la crisis del coronavirus ha hecho que se desdiga de su intención inicial y ahora apueste por agotar la legislatura hasta 2022. Solo el Supremo podría impedírselo.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha fijado para el 17 de septiembre la vista del recurso interpuesto por Torra contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que le condenó por su “recalcitrante y reiterada actitud desobediente” al no acatar las resoluciones de la Junta Electoral sobre la retirada de lazos amarillos –que no obstante Torra retiraría de la fachada del Palau de la Generalitat diez días más tarde.

La sentencia, que le condenó por un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público, impuso también a Torra una multa de 30.000 euros y el pago de las costas del juicio, excepto las de la acusación popular de Vox. De la resolución de este recurso por parte del Supremo depende que la condena de inhabilitación adquiera firmeza, lo que le impediría ejercer cualquier cargo local, autonómico, estatal o europeo.

En caso de que el Supremo condene definitivamente a Torra, algo que podría ocurrir pocos días después de la vista de septiembre, el escenario político catalán pasaría bien por unas nuevas elecciones anticipadas –que solo podría convocar el propio Torra antes de ser condenado en firme por el Supremo– o la elección de un nuevo president por parte del Parlament.

En este sentido, la ley de la presidencia de la Generalitat es clara: cuando un president cesa del cargo por condena penal firme, el Parlament debe poner de nuevo en marcha el proceso para escoger a su sucesor, que debe salir de entre los 135 diputados de la Cámara. Si en dos meses no hay nuevo president, automáticamente se convocarían elecciones.

Salvo el titular de Interior, Miquel Buch, todos los actuales consellers, incluido el vicepresident Pere Aragonès (ERC), renunciaron a su acta de diputado tras conformarse el Govern en mayo de 2018. Mientras el Parlament no escoge un nuevo president o presidenta, Aragonès ocuparía de forma interina el cargo, pero sin poder convocar elecciones anticipadas.