La alcaldesa de Tortosa, de JxCat, justificó 39.000 euros en subvenciones con facturas de la empresa de su cuñado

Todos los grupos políticos municipales se financian con cargo a los ayuntamientos. El grupo de CiU-PDeCAT de Tortosa recibió durante la legislatura pasada algo más de 45.000 euros para cubrir los diferentes gastos generados por su actividad. Pero donde el resto de grupos presentó facturas de imprenta, electricidad, alquiler de locales o cáterin, el grupo que gobernaba justificó la mayoría de sus gastos con facturas de un estudio de interiorismo que, además, pertenece al cuñado de la entonces portavoz del grupo y hoy alcaldesa de la localidad, Meritxell Roigé.

Según los informes de la intervención municipal a los que ha tenido acceso este diario, en total el grupo de la actual alcaldesa de JxCat cobró 39.436 euros, entre los ejercicios de 2015, 2016, 2017 y 2018, gracias a los justificantes elaborados por la empresa en la que Jordi Simó es administrador único y en la que su hermano, el marido de Roigé, había sido apoderado en el pasado. En concreto, la empresa facturó al grupo de CiU y PDeCAT trabajos siempre relacionados con la gestión de las redes sociales, pese a que la sociedad se dedica a la venta de muebles y al diseño de interiores, con un conocido establecimiento en la localidad.

Esto y el hecho de que la subvención que se llevó suponga más del 85% del total otorgado es lo que levantó las suspicacias de la oposición. Son pagos que ya habían sido publicados en medios locales como Tarragona Digital y que vuelven a cobrar protagonismo ahora, cuando la Comisión de Transparencia catalana (GAIP) ha acordado reclamar la incoación de un expediente sancionador contra el ayuntamiento de Tortosa por haber ocultado los documentos justificativos de las subvenciones cobradas por los grupos. Esta resolución establece que el consistorio ha vulnerado la ley de transparencia mediante una infracción considerada como “muy grave”.

El organismo de transparencia resalta que el ayuntamiento ha mantenido una actitud de obstruccionismo para ocultar las justificaciones económicas de las subvenciones recibidas por los grupos. Entre los documentos que el consistorio se niega a facilitar se encontrarían precisamente las facturas emitidas a L'Espai arquitectura i interiorisme 21 SL, la empresa del cuñado de Roigé, como también el informe de la intervención municipal que avaló estos justificantes.

El ayuntamiento por su parte asegura que su silencio administrativo se debió a un “error” al confundir dos peticiones de información, hecho que achacan a que en uno de los documentos enviados por la Comisión de Transparencia aparecían los mismos números de reclamación para dos casos diferentes.

Pagos mensuales de 544 euros

La contabilidad a la que ha tenido acceso este diario muestra que el ayuntamiento gobernado por Ferran Bel, hoy diputado de JxCat en el Congreso, hizo a través de su grupo pagos periódicos a la empresa vinculada familiarmente a Roigé, que entonces era portavoz de la formación y después se convirtió en alcaldesa, cargo en el que continúa. En concreto, durante los años 2016, 2017 y 2018, se aprecian unas facturas mensuales de entorno a 500 euros, a los que se suman otros conceptos variables.

En 2015 los trabajos habían sido mucho más modestos, pues L'Espai arquitectura i interiorisme 21 SL había facturado únicamente 2.994 euros, de una sola vez. Pero a partir de 2016 la empresa comienza a facturar de forma continuada, y ya se aprecian los pagos mensuales, que se combinan con otras cantidades mayores, de 1.800 euros en algunas ocasiones, de 726 en otras y, finalmente, un último gran ingreso de 2.350 euros.

De nuevo, en 2017, hay un gran ingreso por valor de 5.929 euros con el concepto “trabajos anuales GM Partit Demòcrata”, y otros de menor cantidad, como dos facturas de 1.452 euros cada una por “posicionamiento SEO primer semestre 2017”. Finalmente, en 2018 vuelve a efectuarse un cobro trimestral de 1.452 euros, a los que se suman otros pagos variables hasta sumar 11.773 euros.

Infracción “muy grave” de transparencia

Este diario reclamó en abril de 2019 al ayuntamiento de la capital del Ebro las facturas, justificaciones y el informe de la intervención municipal de todas las subvenciones otorgadas a los grupos municipales en la última legislatura, sin obtener respuesta. Tras ello, la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública (GAIP), órgano encargado de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia en Catalunya, elaboró una resolución en la que requería al consistorio para que entregase esta documentación y le recordaba que los documentos eran información pública.

Pese a esto, el Gobierno municipal de Tortosa siguió haciendo oídos sordos a esta resolución vinculante, y se mantuvieron en el silencio administrativo durante meses. La presidenta de la Comisión llegó a enviar una carta a la propia alcaldesa a principios de este mes en la que le advertía que, de no cumplir con su mandato, la GAIP consideraría que había infringido la ley de transparencia.

Así ha acabado ocurriendo esta semana, cuando el pleno de la comisión ha puesto en marcha la vía sancionadora, reclamando al ayuntamiento de Tortosa que incoe un expediente por una sanción “muy grave”. Es todo lo lejos que puede llegar la Comisión, que no tiene capacidad sancionadora por sí misma, pero que apunta en su escrito a la infracción más grave posible, y que lleva aparejada sanciones que incluso pueden llegar al cese del responsable público.

Un portavoz del gabinete de la alcaldía de Tortosa afirmó que la razón por la que el Ayuntamiento no respondió a la petición de información realizada por este diario hace 10 meses fue un “error administrativo”, pues el consistorio vinculó esta solicitud a otra, que también reclamaba cuestiones sobre las subvenciones a los grupos. Así pues, según la versión del ayuntamiento, la administración municipal entendió por error que había resuelto la petición de eldiario.es cuando dio acceso a la información al otro reclamante.

Pero esta versión choca con el hecho de que la Comisión de Transparencia ha realizado varios avisos en diferentes momentos, la última el 12 de febrero de este año, reclamando al ayuntamiento que diera acceso a la información reclamada.

La alcaldesa subraya que todo es legal

En conversación con este diario, la alcaldesa de la localidad aseguró este jueves que toda la contabilidad del grupo de CiU-PDeCAT, incluyendo las facturas a nombre de la empresa de su cuñado, habían sido avaladas por el interventor municipal, lo que acreditaba que todo se había hecho dentro de la legalidad. “No tengo nada que esconder”, aseguró Roigé, que resaltó el hecho de que un grupo municipal puede contratar a la empresa que desee para realizar trabajos, al tiempo que consideró que un estudio de interiorismo está facultado para realizar tareas de comunicación.

La alcaldesa de Tortosa señaló además que otros grupos municipales como el de ERC habían tenido que devolver parte de las subvenciones cobradas, al no haber podido justificar que hubieran gastado la cantidad total recibida, mientras que su grupo había podido acreditar, gracias a las facturas emitidas por su cuñado, que había gastado todo el dinero que el ayuntamiento le había aportado.

Desde el principal grupo de la oposición, Movem Tortosa, denuncian que no es la primera vez que el gobierno de coalición entre JxCat y el PSC incurre en prácticas “contrarias a la transparencia” y “oculta información a los grupos”. La formación denuncia además que, pese que la Comisión de Transparencia reclamó al equipo de la alcaldesa remitir la petición a los grupos, Roigé no lo habría hecho. Movem asegura que no tienen inconveniente en que se conozcan sus justificantes que, de hecho, tienen publicados en su web.

Después de que este diario se pusiera en contacto con la alcaldía de Tortosa para recabar su versión sobre los hechos, el ayuntamiento notificó que Roigé había firmado un decreto de alcaldía en el que autorizaba a trasladar los informes de la intervención y el resto de documentos reclamados. Por el momento sin embargo la administración municipal sigue sin facilitar las facturas justificativas de los gastos del grupo municipal de CiU-PDeCAT.