Los grupos municipales de Barcelona se niegan a presentar las facturas de los 8,5 millones cobrados en subvenciones
El Ayuntamiento de Barcelona ha llevado ante los tribunales a la comisión catalana de Transparencia (GAIP) por obligarle a aportar las facturas de las subvenciones que reparte entre sus grupos municipales. La alcaldesa Ada Colau, con el apoyo de todos los grupos menos la CUP, ha acudido ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en nombre del Ayuntamiento con el argumento de que no puede obligarse a los partidos a justificar estos gastos, que en lo que va de legislatura ascienden a 8,5 millones.
La disputa entre los grupos del Ayuntamiento y Transparencia se ha producido a raíz de que un ciudadano reclamara conocer los gastos, con sus correspondientes facturas, de las subvenciones obtenidas desde 2013 por cada uno de los siete grupos municipales: BComú, PDeCAT, Ciudadanos, ERC, PSC, PP y CUP. Al considerar el solicitante que no se le habían facilitado suficiente justificación, acudió ante la Comisión de Transparencia catalana (GAIP), que le dio la razón en diferentes resoluciones en septiembre pasado.
El organismo de Transparencia dictaminaba que el Ayuntamiento tenía la obligación de entregar a la persona reclamante las facturas con las que se justificaran todos los gastos hechos a cuenta de las subvenciones recibidas. Recordaba asimismo que la ley de régimen local obliga a los ayuntamientos a fiscalizar y controlar estas partidas. Sin embargo, el consistorio barcelonés alega que no tiene ningún mecanismo para supervisar qué hacen sus grupos con las subvenciones que reparte y que, por tanto, esas facturas no se le pueden reclamar a él sino, en todo caso, a los grupos.
Los grupos de BComú, PDeCAT, Ciudadanos, ERC, PSC y PP, por su parte, consideran que no están obligados a aportar las citadas facturas, en contra del criterio de Transparencia. Por esta razón, todos ellos han apoyado al Gobierno municipal de Colau en el recurso contencioso-administrativo interpuesto el pasado día 9 de noviembre ante el TSJC, aunque los grupos no figuren como parte en el procedimiento judicial por no tener personalidad jurídica.
Todos los partidos aseguran además que han llegado a un principio de acuerdo para elaborar, durante lo que queda de mandato, una normativa que clarifique en qué pueden o no gastarse este dinero y cómo justificarlo. El reparto de los 2,4 millones de euros anuales se ha saldado este 2018 con 585.203 euros para BComú, 522.054 para el PDeCAT, 308.795 para Ciudadanos, 304.447 para ERC, 270.698 para el PSC, 254.342 para el PP y 228.254 para la CUP. Los grupos lo reciben en función de su representación en el pleno, de forma fraccionada en ingresos trimestrales.
La disputa jurídica
Pese a que todos los grupos del Ayuntamiento de Barcelona, a excepción de la CUP, se han mostrado partidarios de llevar a los tribunales las resoluciones, entre ellos hay diferentes interpretaciones sobre cómo deben cumplir con la ley de transparencia. El problema con el que se encuentran la mayoría de los partidos es que estas subvenciones municipales, establecidas por la Ley de Bases de Régimen Local y otras posteriores, están escasamente reguladas. Así pues, no está claro qué permite la ley hacer con las cuantías recibidas y cómo deben justificarse.
Lo que sí establece la norma es que los grupos deben recibir estas subvenciones, una parte fija y otra en función de los resultados electorales, pero no pueden utilizarlas ni para contratar personal ni para adquirir patrimonio desde el propio grupo. La normativa además obliga a los grupos a tener una contabilidad propia donde se cuantifiquen estas aportaciones y a rendir cuentas al ayuntamiento, justificando sus gastos a cargo del erario público cuando el pleno lo reclame. En el caso de Barcelona, como en el de muchas otras ciudades, el pleno nunca ha reclamado estas facturas a los grupos.
Los argumentos de los grupos
Entre los argumentos jurídicos de los grupos está que la Ley de Financiación de Partidos Políticos permite destinar este dinero a las formaciones, que es lo que vienen haciendo muchos de ellos con buena parte del montante. También la Ley General de Subvenciones los ampara, no considera subvenciones como tal estas aportaciones. No solo en los ayuntamientos, sino también en las aportaciones a grupos políticos del Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos.
Este es, por ejemplo, el argumento de BComú, que asegura a eldiario.es que no tiene ningún problema en aportar facturas de estos y otros de sus gastos, pero que no dispone de estas en concreto porque las gestiona el partido junto con otros ingresos. En este sentido, tiene colgado en su web de transparencia el convenio que establece lo que se reparte cada uno de los partidos que integran la candidatura a partir de una estimación de 500.000 euros de ingresos (parecidos a lo que recibe).
En el caso de PDeCAT o PP, resumen además su negativa en que las facturas contienen información con datos personales de terceras personas. ERC, por su parte, asegura que apoyan el recurso para ganar tiempo, mientras sus asesores legales estudian el caso. El PSC, en respuesta a este diario, se desmarca de la responsabilidad sobre el recurso asegurando que es una decisión tomada por los servicios jurídicos, que como grupo “respetan”. Por último, la CUP se opone al recurso y ha cumplido con la resolución de Transparencia al haber mostrado al solicitante todas sus facturas el pasado martes, según explicó el propio ciudadano. Ciudadanos es el único grupo que no ha respondido a las preguntas de este diario.
El ayuntamiento de la capital catalana no es el primero que lleva a la Comisión de Transparencia ante los tribunales por esta misma cuestión. El consistorio de El Prat de Llobregat, gobernado también por ICV, pidió amparo al Tribunal Superior después de que la Comisión de Transparencia les reclamase las mismas facturas, tras recibir una petición similar de un particular. El pleno del municipio votó casi por unanimidad el pasado 3 de octubre a favor de personarse contra la Comisión de Transparencia.
