Convergència impone su criterio ante ERC para evitar que el Palau le acuse de corrupción
No habrá cambio de orientación de la acusación ejercida por el Consorcio del Palau de la Música en el juicio del caso Palau. El PDECat ha activado todo su poder en el Govern para evitar que la institución cultural acuse en sus conclusiones finales a Convergència de cobro de comisiones de Ferrovial, un criterio que ha logrado imponer este martes a sus socios de ERC en el seno del Govern.
Así, la Generalitat ha rechazado volver a reunir de urgencia al Consorcio, tal y como le había reclamado insistentemente el ayuntamiento de Barcelona y la propia alcaldesa Colau por carta a Puigdemont. Pese al rechazo inicial de ERC, que reclamaron este lunes el cambio de orientación, finalmente los republicanos han aceptado que el Govern del que forman parte pase el rodillo en el Comité Ejecutivo del Consorcio para impedir que el Palau acuse directamente a Convergència de corrupción. La pinza formada por los tres votos de la Generalitat y las dos abstenciones del Ministerio de Cultura ha tumbado las pretensiones de Colau.
La portavoz del Govern, Neus Munté, ha explicado este martes en rueda de prensa que la decisión en el seno del Govern se ha tomado por unanimidad, y ha considerado que responde a criterios técnicos. A su parecer será después de conocer la sentencia cuando el Palau deba reclamar el dinero saqueado, mediante la acción civil.
Munté además ha cargado contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a quien ha acusado de “falta de honestidad” por no haber explicado que los estatutos del Consorci del Palau le confieren potestad para convocar la reunión de forma unilateral. Sin embargo, en los estatutos se establece un plazo de 5 días para las convocatorias por las partes, mientras que se necesita unanimidad para convocar de urgencia, como reclamaba Colau. El Govern se ha quejado también de que la carta enviada este martes por Colau apareciese en los medios antes de que Presidència la conociese.
Esta es la primera decisión de calado sobre un juicio por corrupción de su partido que el president Carles Puigdemont ha debido tomar como presidente. Desde su partido habían dejado claro en los últimos días que no permitirían, ni siquiera con una abstención, que la institución cultural apuntase a su partido en uno de los mayores casos de corrupción de la política catalana.
El criterio había sido impuestos desde el Departament de Cultura, y Puigdemont lo ha respaldado, después de que este domingo Catalunya Plural revelara que el Govern había bloqueado el pasado viernes el cambio de orientación jurídica en una reunión mantenida con los miembros del Consorcio.
Según expone el Ayuntamiento, representado en la institución por el antiguo director del Palau y a quien se reconoce haber limpiado la institución tras el paso de Millet, Joan Llinares, el hecho de no acusar desde el Palau podría hacer perder al auditorio 6,6 millones de euros que, en caso de ser finalmente decomisados de Convergència, quedarían en manos del Estado.
Es por esta razón que desde Barcelona en Comú sospechan de un pacto entre la Generalitat y el Estado, a cambio de que el Palau libre a Convergència de las acusaciones de corrupción. Este miércoles el diputado de los comuns en el Congreso, Joan Mena, ha presentado una pregunta parlamentaria al Gobierno de Rajoy para saber por qué el Ministerio de Cultura se ausentó de la reunión del Consorcio mantenida el pasado viernes. La abstención de los representantes del Estado permitió al Govern imponer su criterio contra el Ayuntamiento, a la vez que, en Madrid, el PDECat negociaba su apoyo al Gobierno con el polémico decreto sobre la estiba.
Con la negativa de Puigdemont a volver a reunir al Consorcio, este miércoles la acusación ejercida por el ente llevará sus conclusiones definitivas ante el tribunal. En ellas no se señalará a Convergència como beneficiaria de delitos de corrupción que se juzgan en el caso Palau. Esta maniobra, sin embargo, no evitará que la acusación llegue, ya que tanto la Fiscalía como la acusación popular de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona han insistido reiteradamente en esta línea.
