Un juez de Cornellà plantea a la Audiencia Nacional que impute al actual jefe de los Mossos por sedición
La causa por sedición contra el major de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero podría sumar nuevos imputados. El juez de Cornellà de Llobregat (Barcelona) que investigaba la actuación de la policía catalana el 1-O se ha inhibido en favor de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, a la que avisa de que existen indicios de criminalidad para imputar a ocho miembros de la cúpula de los Mossos, incluido su actual jefe, Ferran López.
Así lo sostiene el titular del juzgado de instrucción número 3 de Cornellà de Llobregat (Barcelona) en un auto en el que el juez expone a Lamela los resultados de su investigación. De esta se desprende que toda la cúpula de los Mossos, según el juez, elaboró unas “pautas de actuación” de obligatorio cumplimiento para el conjunto del cuerpo que perseguían “su incapacidad e inacción” con el objetivo de permitir el 1-O.
En concreto, el juez detalla que, además de Trapero, existirían indicios de criminalidad respecto a otros siete miembros de la cúpula de la policía autonómica, entre ellos el actual jefe de los Mossos tras el cese del mayor por el 155, el comisario Ferran López; el comisario superior de coordinación central, Joan Carles Molinero; y el comisario jefe de la Comisaría de Planificación de Seguridad, Emili Quevedo. Todos ellos han declarado como testigos tanto en la causa por rebelión ante el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional.
Asimismo, en el auto de inhibición en favor de la Audiencia Nacional el juez de Cornellà también señala como eventuales investigados dos intendentes, la jefa de la asesoría jurídica y al comisario de la prefectura de la Policía. “Tuvieron responsabilidad en la elaboración y aprobación de las pautas” para que la policía catalana no actuara el 1-O, sostiene el juez.
“Resultaría irracional pensar que el resto de miembros de la más alta categoría dentro del Cuerpo de Mossos d'Esquadra pudieran no darse cuenta del sentido de las pautas que estaban elaborando y aprobando, y que tan sólo se limitara la tal inteligencia al mayor Trapero”, indica. Según el juez, esas pautas de actuación perseguían su inacción con el fin de permitir la celebración del referéndum del 1-O, pese a la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que lo impidieran.
En este sentido, el magistrado pone de relieve las iniciales respuestas “evasivas” que dio el cuerpo ante su requerimiento para detallar los responsables de la elaboración y aprobación de las pautas de actuación de los Mossos el 1-O y el hecho de que “no fueran firmadas ni rubricadas por nadie desde su origen”. “Ambos detalle podrían revelar una intención de ocultar la identidad de los autores y evitar la responsabilidad derivada de su aprobación”, añade.
En su escrito de inhibición, el juez advierte además a la cúpula de los Mossos de que los policías “no son jueces ni interpretes de jueces, sino cumplidores de las órdenes de los jueces”, por lo que no pueden arrogarse la potestad de decidir “cuál es el mal mayor a evitar, como se pretendió realizar por la policía catalana” el 1-O.
