Los bancos deberán ofrecer un alquiler social antes de practicar desahucios en Catalunya

Catalunya recupera buena parte de sus herramientas para luchar contra los desahucios. El Tribunal Constitucional ha informado de que ha aceptado la renuncia del Gobierno central a los recursos interpuestos en la etapa de Mariano Rajoy contra dos leyes catalanas en este ámbito. Gracias a eso, varios de los artículos vuelven a estar vigentes en Catalunya, como el que obliga a los bancos a ofrecer un alquiler social antes de practicar desahucios contra familias por debajo de los ingresos mínimos.

Según han informado las entidades impulsoras de la primera de esta ley, tramitada en 2015 gracias a una Iniciativa Legislativa Popular de la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética, son dos artículos y dos disposiciones que se recuperan para el cuerpo legislativo catalán. Además de la obligatoriedad de ofrecer un alquiler social, la Generalitat volverá a poder a obligar a los bancos a ceder pisos vacíos, durante un período de hasta tres años, para ser utilizados como parque de vivienda social por parte de las administraciones.

En un comunicado hecho público este lunes, la PAH de Barcelona ha celebrado que las herramientas legislativas vuelvan a estar en manos de los gobiernos. Además han reclamado a la Generalitat que active inmediatamente los mecanismos para la cesión obligatoria y, a los ayuntamientos, que comiencen a identificar los pisos vacíos y notifiquen a los grandes poseedores de vivienda que deben cederlos.

La medida sobre la cesión temporal de vivienda supone una alternativa a la expropiación, contemplada en algunas leyes pero que, a la hora de ser aplicada, el Constitucional ha venido considerando contraria a la legislación fundamental española. De esta forma, los artículos que se recuperan ahora permitirían ampliar con urgencia el parque de vivienda social que gestiona tanto el Govern catalán como los ejecutivos locales, que podrán ofrecerlos a las mesas de emergencia habitacional.

El desestimiento de los recursos contra las dos leyes forman parte del segundo acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat para recuperar legislación autonómica suspendida por el Tribunal Constitucional. El pasado septiembre los dos gobiernos también pactaron retirar el recurso contra la ley de sanidad universal.