El fiscal pide hasta 10 años de cárcel para los excargos de CiU salpicados por el caso Adigsa

El fiscal pide penas de entre año y medio y diez años de cárcel para siete empresarios y excargos de la empresa de vivienda de la Generalitat Adigsa por las presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante el último gobierno de Jordi Pujol, en el llamado “caso del 3%”. Esta investigación se inició en 2005 a raíz de la insinuación del expresidente catalán Pasqual Maragall de que CiU cobraba comisiones del 3%, aunque finalmente sólo se han hallado indicios de una “mordida” del 20% que el empresario “arrepentido” José Antonio Salguero confesó haber pagado a cambio de la adjudicación de obra pública de Adigsa.

La causa comportó la imputación del entonces presidente de Adigsa y ahora diputado de CiU en el Parlament Ferran Falcó, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó en septiembre pasado archivar las actuaciones en su contra, al entender que no estaba al corriente de las irregularidades.

En su escrito de calificación provisional, el fiscal de delitos económicos Emilio Sánchez Ulled pide la pena más alta, de diez años de cárcel, para el entonces consejero-delegado de Adigsa Josep Antoni Fontevila, así como nueve años y seis meses de prisión para el exgerente de Adigsa Jordi Huguet y para Jordi Sala, que era el encargado del mercado secundario de la empresa de vivienda pública, por los delitos de malversación y falsedad documental.

El fiscal también pide 5 años de cárcel para el intermediario José María Penin -pariente lejano del entonces conseller de Política Territorial Felip Puig, que en la época dirigía el departamento del que dependía Adigsa-, por ser el encargado de adjudicar las obras a empresarios afines, obviando las normas de contratación pública, pese a no estar contratado formalmente para ello y carecer de los conocimientos técnicos necesarios para su función.

La Fiscalía pide hasta diez años de inhabilitación para los excargos de Adigsa por un delito de prevaricación y solicita cinco años para dos de los empresarios adjudicatarios de las obras, Angel Egido y Jordi Honrubia, así como año y medio para el “arrepentido” José Antonio Salguero, quien denunció el caso ante la Fiscalía después de que la empresa pública dejara de pagarle, con la llegada del gobierno tripartito.

Este caso se empezó a investigar a raíz de una querella que la Fiscalía presentó en 2005, después de que Maragall denunciara en el Parlament el cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras públicas por parte de los anteriores gobiernos de CiU, con Jordi Pujol al frente, con la frase dirigida a la bancada convergente: “Ustedes tienen un problema, que se llama 3%”.

Tras una investigación que se ha prolongado durante nueve años, el ministerio público cree acreditado que los exresponsables de Adigsa, que compartían “militancia y actividades políticas en CDC” con Penín, permitieron a este intermediario adjudicar “a dedo” obras públicas a empresarios afines, inflando los presupuestos.

Según la acusación pública, Fontdevila ordenó “caprichosa e injustificadamente” el pago de entre 3.000 y 4.000 euros a Penín “en la pretendida retribución de unas supuestas labores de tasación que nunca existieron” y se le encomendó que encargara obras de rehabilitación de vivienda pública a contratistas privados. De esa forma, la Fiscalía cree que los acusados desviaron 120.031 euros de Adigsa con el sobrecoste de los presupuestos, cantidad que ahora pide devuelvan solidariamente los imputados, y otros 28.895 por los pagos al pariente de Felip Puig.

En opinión del fiscal, mediante ese “sistema de contratación paralelo articulado” en torno a Penín se adjudicaron a empresarios amigos obras en 34 viviendas destinadas al alquiler para jóvenes, con “un sobrecoste medio de un 15,51 %, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio de la empresa pública”.

A cambio de la adjudicación, añade el escrito, Penín llegó a pactar con el principal empresario escogido, José Antonio Salguero, una comisión ilícita del 20 %, que en ocasiones comportaba que el presupuesto aprobado estuviera “artificialmente hinchado” en ese mismo porcentaje, de forma que el constructor no perdiera nada.

Según el ministerio público, ese “circuito paralelo de contratación no sólo respondía al afán de lucro” de los empresarios, sino que también aseguraba una rapidez en la ejecución de las obras que el Gobierno catalán iba a “poder presentar ante los electores como un logro en la campaña electoral en ciernes, amén de otorgar a los responsables de Adigsa, frente a sus superiores, un rédito político innegable”.