La Generalitat impulsará una nueva ley de vivienda sin el apoyo de la PAH
Cuando el Tribunal Constitucional impugnó la ley contra los desahucios, impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC, y aprobada por unanimidad en el Parlamento de Catalunya, el presidente Carles Puigdemont anunció el impulso de una nueva ley fruto del amplio acuerdo que generaba la ley impugnada. Dos meses después, la consellera Meritxell Borràs ha anunciado en TV3 un acuerdo en un texto para la nueva ley con los municipios, pero sin el apoyo de las entidades que impulsaron la ley que pretenden sustituir.
Borràs ha asegurado que la falta de acuerdo se debe a que los impulsores de la ley “querían ir más allá” de la sustitución de la ley impugnada. En cambio, la PAH ha emitido un comunicado en el que destaca varias carencias en la propuesta de ley y prevé que “tendrá pocos resultados”. Por ejemplo, las medidas de segunda oportunidad son sustituidas por un proceso de mediación, que la PAH destaca que es voluntario para las entidades bancarias y que “no conduce de forma clara a la cancelación de la deuda hipotecaria”.
Una de las medidas con las que la ley más presionaba los grandes propietarios y a la vez permitía ampliar el parque de alquiler social era la cesión obligatoria de viviendas vacías en la administración. La nueva ley apuesta por la expropiación de usufructo, una medida que estaba presente en la Ley del Derecho a la Vivienda y fue eliminada por el primer ejecutivo de Artur Mas. Esta medida se aplicará sólo a los pisos propiedades de entidades financieras y fondos de inversión, dejando de lado muchos grandes propietarios de vivienda –como por ejemplo inmobiliarias y constructoras– que sí estaban contemplados en la ley impulsada por la PAH.
Además, la aplicación de esta medida, así como la obligación de realojamiento en caso de desahucio por motivos económicos, sólo se aplica a los pisos inscritos en el registro de pisos vacíos de la Generalitat que es de carácter voluntario. La PAH considera que con estas medidas no se dará respuesta a la gran mayoría de casos de impago de alquiler.
La consellera Meritxell Borràs considera que con la nueva ley no se invade ninguna competencia del Estado y por lo tanto no puede ser impugnada. El texto irá al Parlament el próximo curso para comenzar su trámite parlamentario. La PAH, aunque encontrarlo insuficiente, asegura que velará para sacar el máximo provecho a las herramientas que dé la ley que se apruebe.
