El Govern accede a gravar los bienes de lujo para intentar que la CUP valide los presupuestos
El Govern ha cogido el guante que le lanzó la CUP y ha propuesto crear un impuesto para gravar los bienes que los grandes patrimonios ponen en manos de sociedades para eludir el impuesto de patrimonio, como por ejemplo yates, pisos y coches de alta gama. El impuesto se concretará mediante una nueva ley en el Parlament, por lo que el Govern no tiene previsto todavía qué cantidad recaudará. Tampoco lo incluirá en la ley de medidas fiscales que llevará a la Cámara las próximas semanas junto a los presupuestos. Además, para intentar que la CUP valide las cuentas, el Ejecutivo incluirá en la ley de acompañamiento de las cuentas cambios fiscales progresivos con los que prevé ingresar 120 millones más en 2017 y 180 millones cuando estén plenamente en vigor.
La denominación que el Ejecutivo ha dado al nuevo gravamen es la de “impuesto a activos no productivos propiedad de empresas”. El secretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó, ha querido dejar claro que no es un impuesto sobre la riqueza como el que creó Gipuzkoa porque la Generalitat no tiene competencias para ello. Sí lo ha definido como un “mecanismo quirúrgico” para gravar determinados bienes “que no tiene sentido que estén exentos” del impuesto de patrimonio.
Desde el Govern aseguran que las medidas que ha presentado este jueves son el resultado del trabajo conjunto entre el Ejecutivo, Junts pel Sí y la CUP. Por su lado, desde las filas anticapitalistas se ha rechazado considerar las medidas como un acuerdo o un principio de acuerdo, y se ha instado a esperar al próximo sábado, cuando la CUP celebrará su consejo político, para una valoración completa.
El Ejecutivo también busca que la CUP permita discutir las cuentas en el Parlament y no repetir así el fiasco del pasado mes de junio, cuando por primera vez la Cámara catalana tumbó la tramitación de unos presupuestos.
Sin cambios en las rentas altas del IRPF
Con todo, el Ejecutivo no incluirá en las cuentas una subida del IRPF a las rentas superiores a 60.000 euros y cambios de calado para que los ricos paguen más impuesto de Sucesiones y Donaciones, dos reclamaciones de entidades contra la pobreza pero que generaban un profundo rechazo en Convergència. Preguntado sobre por qué el Govern no opta por subir el IRPF a las rentas altas, Salvadó ha alegado que el Ejecutivo ha querido ganar progresividad e ingresos “desde un espacio de consenso”.
El Govern ha destacado que la batería fiscal que sí se incluirá en el proyecto de ley de acompañamiento para 2017 tiene un carácter progresivo y de lucha contra la elusión fiscal. Destacan la eliminación de las deducciones del IRPF para inversiones en el Mercado Alternativo Bursatil (MAB) y de la sobrededucción autonómica para las rentas superiores a 30.000 euros en la compra de vivienda. En conjunto, ambas medidas reportarán 12,6 millones de ingresos extra en 2018.
Asimismo, el impuesto a las grandes superficies comerciales dejará de gravar los metros cuadrados de los centros para hacerlo sobre la contaminación de los vehículos que aparcan en sus párkings. La previsión es recaudar 17,3 millones en 2018. También se creará un impuesto sobre las bebidas azucaradas envasadas, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuya previsión de ingreso asciende a 41,3 millones (31 en 2017).
Otro de los cambios afecta al impuesto turístico. En concreto, se pretende que plataformas como Airbnb pasen a participar del pago del impuesto, que hasta ahora solo recaía en el propietario. También se incorporan al impuesto los cruceristas que pasan menos de 12 horas en la ciudad. Se pretenden ingresar siete millones Además, también se pretenden introducir cambios para evitar la elusión fiscal en el impuesto sobre actos jurídicos documentados en favor del IVA para recaudar 22,5 millones.
