Altos cargos del Govern procesados por el 1-O alegan que la fianza de 5,8 millones les lleva a “una completa quiebra patrimonial”
Las causas derivadas del 1-O siguen su curso en paralelo al juicio contra los líderes soberanistas en el Tribunal Supremo. La más destacada es la del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, en el que a partir de este viernes volverán a comparecer los 30 procesados. Antes de que la jueza les comunique los delitos por los que están a un paso de ir a juicio –malversación, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos– y ellos puedan volver a declarar –la mayoría lo hará–, los 17 procesados por malversación han recurrido y han pedido dejar sin efecto o rebajar la fianza de 5,8 millones de euros que les impuso la magistrada Alejandra Gil.
Entre los argumentos expuestos en varios de los recursos consultados por este diario destaca el hecho de que 2,1 de los 5,8 millones ya están consignados en la fianza que los exconsellers abonaron en el Supremo, por lo que el juzgado de Barcelona impone una “fianza doblada”, según se recoge en el escrito del director general de Relaciones Institucionales, Aleix Villatoro.
En sendos escritos, el director general de comunicación del Govern, Jaume Clotet; el exdelegado de la Generalitat ante la UE Amadeu Altafaj; y el secretario de comunicación, Antoni Molons; advierten que no está justificado “asegurar por partida doble” una responsabilidad civil por unos gastos ya incluidos en la fianza del Supremo.
Las defensas alegan además que “si en alguno de los dos procedimientos [en Barcelona o el Supremo] la cantidad a asegurar fuera más elevada, debería de ser en aquel que se sigue contra quien supuestamente tuvo mayor relevancia en el diseño, control, y ejecución” del 1-O, dado que los imputados por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona no dejan de ser cargos medios del “supuesto entramado delictivo”. En otras palabras: que quién debería correr con los gastos son los exconsellers, no sus subordinados.
Asimismo, varios de los acusados piden que la jueza enmiende su auto de procesamiento e individualice las fianzas en base a a la cantidad concreta presuntamente malversada por cada alto cargo, en vez de imponer a los 17 el abono solidario de 5,8 millones de euros.
Dicho importe total, alegan varios procesados, les supone “una completa quiebra patrimonial”, por lo que piden “evitar una desproporción de tal envergadura”. Por ello piden que la cantidad a abonar no sea el conjunto de los gastos, sino que se individualice los que corresponden a su supuesta participación en los hechos o de los que se encargó su departamento –observadores, anuncios, envíos postales, etc.–, lo que aligeraría la fianza a depositar.
En su auto de procesamiento, la juez instructora cuantifica en 980.000 euros el dinero supuestamente desviado para envíos postales del 1-O, en 900.906 euros el coste de haber alquilado locales públicos para la votación, en 472.694 euros el registro de catalanes en el exterior y en 391.381 los gastos del Diplocat y observadores internacionales. Todas estas partidas ya estaban incluidas en la fianza que impuso el juez Llarena a los exconsellers.
Otras partidas que la jueza Alejandra Gil incluye en el delito de malversación son 268.374 euros para impulsar el voluntariado vinculado al 1-O, 3.050 euros para el diseño de páginas web y 83.880 euros en propaganda y cartelería en 1,2 millones la reforma del centro de telecomunicaciones que supuestamente debía servir como “call center” del referéndum y cuyas obras empezaron cuando no estaba convocado el 1-O y terminaron de pagarse con el 155 en vigor.
Además, algunos de los procesados alegan que la jueza les ha procesado por gastos que no pueden ser ilícitos en ningún caso, como es el caso de la página web del Pacto Nacional del Referéndum, una entidad que nunca fue suspendida o recurrida al Tribunal Constitucional.
