La Guardia Civil registra el Diplocat en busca de pagos a observadores internacionales del 1-O
Agentes de la Guardia Civil registran este jueves la sede del consejo exterior de la Generalitat, el Diplocat, en Barcelona. Fuentes del organismo han explicado que los investigadores buscan documentación sobre presuntos pagos de de la Generalitat a los observadores internacionales del 1-O. Los agentes tienen una orden de entrada y registro del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum.
El Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat), es un consorcio impulsado por la Generalitat dedicado a la proyección internacional de Catalunya. Fue disuelto en aplicación del 155, y su cierre definitivo estaba previsto para este viernes, han informado las mismas fuentes. 16 trabajadores se quedarán en el paro.
En el plano judicial, hasta ahora había sido el Tribunal Supremo y no el juzgado de instrucción 13 de Barcelona el que había liderado las pesquisas sobre la presunta malversación de dinero público en relación a los observadores internacionales del 1-O. El pasado mes de enero el juez Pablo Llarena ordenó a la Guardia Civil indagar sobre tres transferencias sospechosas de haberse destinado a los observadores internacionales.
En el auto por el que procesó por rebelión a los principales dirigentes independentistas del pasado mes de marzo, el juez señaló que el gasto público que “necesariamente había de realizarse o comprometerse” para pagar la participación de observadores internacionales ascendió a 119.700 euros.
Las pesquisas realizadas por los investigadores permitieron confirmar el pago de 58.250 euros con destino a The Hague Centre for Strategic Studies, la entidad sospechosa de recibir los fondos para los observadores, otro de 61.450 euros (al mismo destinatario) y 20.000 euros con destino a la Delegación del Govern en Croacia. Las transferencias se realizaron el 21 de septiembre y el 9 de octubre. La Delegación de la Generalitat en la UE realizó los pagos bajo el genérico concepto de “contrato de servicios”, sin mención alguna a los observadores internacionales.
Asimismo, el director de la delegación europea de la Generalitat, Amadeu Altafaj certificó, tal y como le obligaba la orden ministerial de Hacienda en vigor desde el 15 de septiembre, que “todos los gastos” pagados por transferencia, incluidos los investigados, “no responden a la financiación de ninguna actuación ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales”. La Guardia Civil no se fió, ya que, según apuntaron los investigadores en un informe, “numerosas fuentes señalan a The Hague Centre for Strategic Studies como la entidad que financió la presencia” de los observadores del 1-O.
La actividad del Govern en el exterior fue uno de los objetivos políticos de la aplicación del artículo 155: el Gobierno central cerró todas las delegaciones internacionales en el extranjero salvo la de Bruselas, y despidió a su veintena de trabajadores. De ahí que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, alardeara, en la intevención en la que presumió de haber “descabezado” a los líderes independentistas, de que ahora el Diplocat se encontraba “en liquidación”.
