JxCat apuesta por apurar la vía judicial antes de proponer otro candidato a la investidura
“No podemos estar seguros de que si proponemos otro candidato no lo metan a la cárcel”. Con estas palabras ha resumido el vicepresidente del Parlament y miembro de JxCat, Josep Costa, la situación de incertidumbre por la que atraviesan los grupos independentistas y, con ellos, el futuro de la Generalitat, después de que el juez del Supremo Pablo Llarena haya truncado este jueves la cuarta intentona de investidura.
La respuesta del magistrado a la petición del diputado encarcelado Jordi Sànchez para poder ser investido ha sido la esperada. Es la segunda vez que dice que no a un debate sobre la presidencia de quien fuera el líder de la ANC y las circunstancias, según interpreta Llarena, no han cambiado. Otra opinión sostienen los independentistas, que aluden a la comunicación que el pasado 23 de marzo hizo el Comité de Derechos Humanos de la ONU cuando, a petición de la defensa de Sànchez, instó al Estado a respetar los derechos políticos del candidato.
Con la comunicación de la ONU en la mano, que para la oposición no es más que un “acuse de recibo”, el presidente de la Cámara, Roger Torrent, ha reaccionado suspendiendo el pleno y anunciando que propondrá a la Mesa del Parlament interponer una querella por prevaricación contra Llarena. Los independentistas han amagado en diferentes ocasiones con dar este paso pero, guiados por el equipo de juristas capitaneados por británico Ben Emmerson, consideran que ahora puede prosperar a instancias internacionales.
Pero, mientras todo esto ocurre, el reloj hacia la disolución automática del Parlament corre. Si el independentismo no logra investir a un candidato antes del 22 de mayo, la repetición electoral está asegurada. Pese a que quedan cuarenta días, JxCat ha mostrado este jueves que no tiene ninguna prisa en elegir a un nuevo candidato. “Debemos reunir al grupo parlamentario con Carles Puigdemont en Berlín, y posteriormente a todas las fuerzas del independentismo, para reflexionar sobre los próximos pasos”, ha asegurado la portavoz Elsa Artadi.
Desde el grupo han cargado con dureza contra la decisión de Llarena, que no han dudado en comparar con el golpe de Estado del 23-F. “Tejero entró en el Congreso para impedir la investidura de Calvo Sotelo y ahora un señor que se llama Llarena ha entrado en el Parlament para impedir la investidura de un candidato”, ha asegurado el vicepresidente Costa, recordando que es un derecho exclusivo de los diputados elegir a un president de la Generalitat de entre los 135 miembros del hemiciclo.
Vuelve la opción Puigdemont
Durante los últimos días la opción de volver a apostar por Carles Puigdemont como president ha sido agitada desde las filas de JxCat. “Para nosotros siempre es momento de investir a Puigdemont, es uno de los objetivos de esta candidatura”, ha asegurado Artadi. También para la CUP la investidura del president cesado sigue siendo la opción preferida, pues los anticapitalistas son conscientes de que eso supondría volver a la desobediencia abierta a los tribunales españoles.
Con todo, en el bloque independentista hay claras divergencias sobre cuál debe ser la dirección a tomar ahora. Incluso en el mismo grupo de JxCat hay quienes se inclinan por votar la presidencia de Puigdemont, pese a que eso implique una repetición electoral, mientras otros especulan con un nuevo candidato. Sería ya la “opción D” tras el president cesado, los dos intentos de Sànchez y el debate abordado por el encarcelamiento del candidato Turull.
El precio del Govern efectivo
En Esquerra, en cambio, hay un férreo consenso sobre que la repetición electoral pone en peligro la mayoría independentista. “Somos más fuertes controlando el Govern, los Mossos, la televisión pública. Podemos resistir mejor el embate antidemocrático del Estado desde nuestras instituciones”, ha resumido su postura partidaria del “Govern efectivo” el portavoz republicano Sergi Sabrià. A estas alturas, desde ERC aceptarían cualquier candidato investible que les propusieran sus socios, habida cuenta de que ahora, mientras la euroorden contra Puigdemont y Comín esté activa, no necesitan el apoyo de la CUP para investir.
Pero, en JxCat, pagar el precio de investir a un candidato adecuado para Llarena, esto es, sin causas judiciales abiertas, sigue viéndose con recelo. Antes de plantearse esta opción quieren comprobar si el Comité de Derechos Humanos de la ONU tiene algo que decir sobre la decisión del magistrado, y si hay camino judicial por recorrer en las instancias internacionales.
Por el momento consideran que la resolución dictada por Llarena este jueves ayudará a los encausados en Alemania, Bélgica, Escocia y Suiza para demostrar ante sus respectivos tribunales que, de ser entregados a España, sus derechos políticos podrían ser violados. Volver a proponer a Sànchez a la investidura perseguía, precisamente, conseguir este auto del Tribunal Supremo, y ahora ya lo tienen.
