Las defensas esgrimen la mediación de Urkullu y las marchas constitucionalistas para desmontar la “insurrección” del procés
¿Puede una alzamiento violento transcurrir al mismo tiempo que negociaciones políticas entre bambalinas? ¿Se consumó la independencia cuando el Govern incumplió su propio plan? ¿Cabe hablar de rebelión cuando los constitucionalistas se pudieron manifestar sin problemas por las calles de Catalunya? Las defensas de los exconsellers han dedicado este martes seis horas a agrietar las tesis sobre la rebelión y han reconocido por primera vez que los políticos catalanes desobedecieron al Constitucional.
Los abogados no solo han puesto en duda la existencia, el alcance y la intensidad de los 40 días de “periodo insurreccional” en el otoño soberanista de 2017 sostenido por los fiscales, sino que han sembrado la sesión de elementos de descargo, incluso a costa de dejar en evidencia las posiciones políticas de sus partidos.
Ha sido el nexo común en las estrategias de defensa dispares de Andreu Van den Eynde, Xavier Melero y Jordi Pina. Todos los letrados se han esforzado en evidenciar que el alzamiento público y violento contemplado en el delito de rebelión tiene que incluir armas y desarrollarse en un breve periodo de tiempo al estilo 23-F y no puede alagarse entre la protesta del 20 de septiembre en Economía y la declaración de independencia del 27 de octubre, tal y como sostienen los fiscales. Más cuando en este plazo los acusados, han alegado, hicieron lo contrario a alzarse.
El primero en señalar esta paradoja ha sido Van den Eynde, que defiende al exvicepresident Oriol Junqueras y el exconseller de Exteriores Raül Romeva. Fiel a la apelación constante al diálogo que hizo el líder de ERC en su declaración, Van den Eynde ha ensalzado, sin mencionarla, la mediación que empresarios, clérigos y el lehendakari Urkullu intentaron llevar a cabo entre Gobierno y Generalitat en las fechas más críticas del procés.
Así, Van den Eynde ha llamado la atención al tribunal de que, en base a lo declarado por Urkullu y los acusados, en medio del supuesto “periodo insurreccional”, sus clientes mostraron “plena voluntad de diálogo”. “Las reuniones en despachos, llamadas, mediadores, políticos arriba y abajo”, ha recalcado Van den Eynde, acreditan que lo único que hicieron Junqueras y Romeva fue buscar una solución negociada.
Van den Eynde y Pina también han empleado la posición del PSOE el día del referéndum para recalcar que la “única violencia” el 1-O provino de los cuerpos policiales, no de los votantes. Para ello han recordado que el hoy presidente y líder socialista, Pedro Sánchez, mostró su “desacuerdo” con las cargas policiales. “Y no lo dijo un peligroso independentista”, ha recalcado Pina, que defiende a Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull (JxCat). “El PSOE se puso al lado de las víctimas”, había incidido antes Van den Eynde.
Más autocrítico se ha mostrado el abogado del exconseller de Interior Joaquim Forn, Xavier Melero. El letrado, en un ejercicio de pragmatismo que ningún político ha realizado hasta la fecha, no ha tenido problemas para reconocer que los independentistas incumplieron sus propias normas aprobadas el 6 y 7 de septiembre, no aplicaron los resultados del 1-O y la independencia no se llegó a declarar.
“Nadie votó nada, no se arrió la bandera, no se informó al cuerpo diplomático y todo el mundo se fue a su casa”. “Soy consciente que a alguien le puede molestar esta versión de los hechos, pero esto es lo que pasó”, ha agregado, sabedor de las ampollas que su alegato puede levantar en los sectores más cercanos a Carles Puigdemont, cuya reivindicación del 1-O es casi su único argumento político.
La rubrica a la negación del periodo insurreccional la ha puesto Jordi Pina. El abogado de los políticos de JxCat ha recordado que en pleno supuesto periodo insurreccional, Sociedad Civil Catalana (SCC) y otras entidades constitucionalistas se manifestaron en Barcelona el 8 y el 12 de octubre de 2017.
“¿A alguien le cabe en la cabeza que en pleno periodo insurreccional de los rebeldes se permita que miles de personas contrarias a la independencia se puedan manifestar?”, se ha preguntado Pina, muy vehemente a lo largo de su intervención. “En Catalunya hay paz”, ha sentenciado, “por mucho que hablen muchos políticos que quieren confrontación”.
Matices y diferencias entre defensas
Los titulares de la mañana se los ha llevado el delito menos grave por el que pueden terminar condenados los líderes soberanistas: la desobediencia, castigado solo con inhabilitación en vez de prisión. Por primera vez en lo que va de proceso, los acusados han reconocido que desobedecieron al Constitucional, en un intento para que esta admisión ayude a rebajar la dureza de la condena.
El más explícito ha sido Melero: “Cedo esa trinchera. El señor Forn desobedeció al Tribunal Constitucional”. Van den Eynde lo ha dicho de forma implícita: “Hablar de golpe de estado es confundir la desobediencia con la rebelión”. Por contra, Pina ha evitado sumarse al reconocimiento de la desobediencia.
Y si las diferencias entre Fiscalía y Abogacía del Estado a cuenta de la violencia en el procés fueron lo más destacado de los informes de las acusaciones, no ha pasado por alto el desmarque de Melero en uno de los pilares principales del resto de defensas. El letrado de Forn, en base a la sentencia del Supremo sobre el 9-N, ha dejado fuera del ejercicio de los derechos de reunión y manifestación las concentraciones en los centros de votación el 1-O.
Los ciudadanos, ha recalcado Melero, “no ejercían un derecho fundamental” cuando se concentraron para votar durante la jornada del referéndum, pero al mismo tiempo “no hacían nada ilícito”. “No se los podía perseguir ni detener por el hecho de acudir a la votación”, ha apostillado, aguando así una de las principales bazas del resto de acusados para la sentencia del Supremo y de cara al futuro recurso en Estrasburgo.
