La respuesta judicial al procés encara su desenlace sin que la política ofrezca aún alternativas
“Tienen ustedes la responsabilidad de no agravar la crisis”. El exlíder de la ANC Jordi Sànchez lanzaba este dardo al tribunal en su turno de última palabra del juicio del procés, que ha quedado visto para sentencia. La función del Tribunal Supremo no es poner paños calientes a la situación política -así lo admiten en privado las defensas-, pero el juicio ha llegado a su fin y desde este miércoles los líderes del procés esperarán de nuevo desde la cárcel la sentencia y una solución política al conflicto que, de momento, no llega.
Ha sido el nexo común de las últimas palabras de los doce acusados: pedir una solución dialogada al contencioso catalán. Ha llamado la atención que Oriol Junqueras ya no se haya declarado “preso político”, como al inicio del juicio. El líder de ERC ha liderado desde la prisión la renuncia independentista a la vía unilateral, la apuesta por el pragmatismo y una salida dialogada con el Ejecutivo central.
Además del resultado de la sentencia, el nuevo plan de Junqueras tiene en la figura del actual president de la Generalitat, Quim Torra, uno de sus obstáculos. Las relaciones de Torra con Pedro Sánchez a día de hoy se han deteriorado después de la negativa del presidente en funciones a reunirse y sus reiteradas apelaciones a que los independentistas “no son de fiar”.
Pero además se da por descontado que habrá elecciones al Parlament más pronto que tarde una vez se conozca la sentencia. Serán los comicios en los que la ERC de Junqueras y la lista de JxCat de Puigdemont volverán a librar una batalla para liderar el independentismo, ocupar la presidencia de la Generalitat y ser el interlocutor de La Moncloa. Antes del fallo y de sus consecuencias en la política catalana se habrá despejado si Pedro Sánchez sigue en La Moncloa, y si para ello puede no contar con los diputados independentistas en el Congreso. En suma, la política no cuenta a día de hoy con todas las condiciones para ofrecer las alternativas que los acusados han reclamado desde el banquillo este miércoles.
Grietas en los relatos
A nivel jurídico, tras la vista oral poco han cambiado las posiciones de acusaciones y defensas. La Fiscalía se ha reafirmado en la rebelión. Una rebelión “distinta”, en palabras del fiscal Fidel Cadena. No con armas, pero sí con violencia. Un “golpe de Estado”, lanzó Javier Zaragoza, expresión que la Fiscalía no había acuñado hasta la fase de informes finales.
Y las defensas se han mantenido también en sus trece: los líderes del procés no llamaron a la violencia y los únicos golpes fueron los de la Policía el 1-O. Con todo, al final del juicio al que se presentaron proclamando que nada de lo que hicieron era delito, los exmiembros del Govern, cada uno con sus matices, han reconocido que desobedecieron al Constitucional.
Asimismo, a lo largo del juicio estos dos relatos opuestos, monolíticos, condenados a no entenderse y sobre los que tendrá que resolver el tribunal también han sufrido algunas grietas, que a su vez pueden ser aportaciones a la solución. Por ejemplo: hasta en los momentos más álgidos de la crisis, el Gobierno y la Generalitat tuvieron interés en negociar, según declararon los acusados y atestiguó el lehendakari Urkullu. Además, bien por estrategia bien por convencimiento político, todos los acusados han abjurado de la vía unilateral y han mostrado su convencimiento de que cualquier solución debe buscarse dentro de la legalidad.
Los Mossos d'Esquadra tampoco son la policía al servicio del Govern con la que soñaban algunos independentistas y ha sostenido la Fiscalía durante el juicio. El major Trapero, en la declaración más vibrante del juicio, y el resto de la cúpula policial catalana ha relatado con todo lujo de detalles su enfrentamiento con el Ejecutivo de Carles Puigdemont y su adhesión a la Constitución en plena escalada unilateral.
El duelo entre generales y el examen europeo
Precisamente el juicio se revistió de épica y trascendió lo jurídico con el enfrentamiento entre los dos 'generales' de las policías enfrentadas. Las declaraciones del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y del major Trapero resultaron relevantes en la estricta práctica de la prueba, pero también pusieron de manifiesto el enfrentamiento entre dos concepciones de la seguridad pública y un choque personal.
Trapero defendió en todo momento su concepto de la proporcionalidad y de evitar males mayores con una actuación policial que el que se pretende evitar. Pérez de los Cobos asomó su incredulidad por que un policía pueda traicionar su obligación de cumplir órdenes, más si proceden de un juez. Ha sido un duelo al que le espera el partido de vuelta en la Audiencia Nacional, donde Trapero se expone a once años de prisión por rebelión.
Por otro lado, el desenlace de la respuesta judicial al procés supone además un reto para el Tribunal Supremo y la propia justicia española, siempre bajo la sombra de la politización y envuelta en los últimos meses en grandes polémicas, como la de las hipotecas o la sentencia de la manada. Hay consenso en el ámbito jurídico en que la causa del procés es una de las tres más importantes de la democracia, junto a la del golpe de Estado del 23F y los atentados yihadistas del 11M.
De esta sentencia, por mucho que solo vaya a agradar a un sector, dependerá en parte que se acentúe el descrédito del sistema jurídico español o que remonte el vuelo. Entre otras cosas porque de su contenido dependerán también los recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que puedan presentar las defensas ante unas eventuales condenas.
