Microrrupturas o bordeo de la legalidad, las dos vías que vuelven a dividir el independentismo
La moción presentada por la CUP para que el Parlament reafirme su compromiso con la declaración de desconexión del 9-N ha vuelto a enfrentar a los dos grupos independentistas de la Cámara. Los anticapitalistas de la CUP defienden su moción asegurando que es el momento de que el Govern muestre su compromiso firme con la desconexión, mientras desde Junts pel Sí la consideran una gesticulación evitable. Pero la disputa tiene como fondo un debate entre dos visiones de cómo debe ser el camino hacia el nuevo Estado que las sensibilidades del independentismo no son capaces de acabar de sincronizar.
En su primera conferencia política tras las elecciones del 27-S, celebrada el 8 de noviembre en la Universitat Pompeu Fabra, la CUP explicó su visión sobre la siguiente legislatura. El diputado Benet Salellas pronunció un discurso en el que proponía avanzar hacia la ruptura a base de “microrrupturas” en temas estratégicos de alto contenido social, como lo eran algunas de las leyes catalanas paralizadas en el Constitucional que luego se incorporarían en el anexo de la Declaración del 9-N.
Según proponía la formación anticapitalista, su plan era desobedecer al Alto Tribunal español a la hora de aplicar legislación, nueva y de la última legislatura, comenzando por un primer gran acto de desobediencia como entendían que era la propia declaración. “El problema viene tras la resolución del Constitucional, delante de la cual hay dos actitudes posibles: asumirla o tirar adelante creyéndote la soberanía”, explica el diputado de la CUP Joan Garriga, ponente de la moción en discusión.
Junts pel Sí por su parte, siempre ha defendido otra vía, más acorde con una visión de acumulación de legitimidad democrática con la que Artur Mas ha guiado el proceso soberanista hasta ahora. El grupo mayoritario del independentismo rechaza terminología como “desobediencia” y, tras la resolución del Constitucional sobre la declaración del 9-N, ha optado por un camino que sigue adelante en los mismos propósitos, pero intentando no entrar en confrontación con la legalidad española.
A ese planteamiento responde la argucia legal de cambiar los nombres de las ponencias de las tres leyes de ruptura, para evitar así que se pudieran interpretar como un despliegue de la declaración del 9-N. Lo mismo ocurrió con el departamento de Raül Romeva, que al ser suspendido por el Constitucional utilizó un cambio de nombre para mantenerse activo. Los compromisos del 9-N se despliegan, consideran en JxSí, si bien solo en contenido y no formalmente para evitar consecuencias judiciales.
Desobediencia o preparación de la desconexión
“Nosotros estamos haciendo lo que nos comprometimos a hacer, nos da igual lo que diga el Constitucional”, explica Roger Torrent, portavoz adjunto de Junts pel Sí, “pero siempre que se pueda y que no desvirtúe el contenido, intentaremos ajustarnos a la ley”. La idea de mantenerse dentro de la legalidad pero avanzando hacia la formación de un nuevo Estado, mediante las llamadas “estructuras de Estado”, tiene largo recorrido en el independentismo de nueva ola. Fue este, sin ir más lejos, el impulso que articuló el programa con el que Artur Mas concurrió a las elecciones de 2012, las del “Estat propi”.
Ir ganando terreno competencial y preparar el escenario de la independencia dentro de los márgenes que permite la legalidad constitucional española es la tarea que, en teoría, llevan haciendo los gobiernos catalanes desde hace 4 años. Pero ahora hay una diferencia, según asegura JxSí. Tras el 27-S mantenerse en la legalidad es una condición deseable pero secundaria respecto al avance hacia la independencia.
“Nuestra filosofía es tener a punto las estructuras de Estado al final de esta legislatura, tanto si entran en la legalidad española como si no. Y para eso, asumimos que es posible que no siempre se pueda bordear la legalidad”, explica Torrent. Pese a eso, consideran que ese momento no ha llegado, puesto que se ha podido avanzar en lo acordado sin chocar con los tribunales. El ejemplo que se pone desde el Govern es el grupo de trabajo sobre la sostenibilidad de la deuda, contenido en el anexo de la Declaración del 9-N.
La CUP no rechaza esta visión, pero sí considera que hay tres asuntos ineludibles, a los que aseguran dar respuesta con la moción. En primer lugar calendarizar el cumplimiento del anexo del 9-N. En segundo, tomar una posición pública ante el Constitucional. En tercero, dar apoyo explícito a los ayuntamientos y concejales investigados por la Audiencia Nacional, como el regidor de Vic de la CUP, Joan Coma, primer edil imputado por dar apoyo a la declaración. “Entre las dos velocidades, la de JxSí y la nuestra, tenemos que encontrar un consenso en medio, y en la moción ya hay la voluntad de combinar estas dos velocidades. En ningún caso está hecha para poner contra las cuerdas a nadie”, asegura Garriga.
Consecuencias penales
Pese a la buena voluntad que afirma tener la moción de la CUP, el problema que esta plantea es que su aprobación desplegaría la Declaración del 9-N, algo explícitamente prohibido por el Constitucional. Tanto es así que el Alto Tribunal en paralelo a la suspensión de la declaración apercibió a 21 altos cargos de las instituciones catalanas, entre ellas los miembros de la Mesa del Parlament, recordándoles que deben “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada” y advirtiéndoles que, de lo contrario, se exponen a responsabilidades “incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.
Expertos consultados manifiestan dudas sobre si la mera decisión de admitir a trámite la moción de la CUP podría considerarse desobediencia a la decisión del Constitucional, atendiendo a la sentencia del Tribunal. Sin embargo, si la moción de los anticapitalistas se aprobase tal como está, hay pocas dudas de que supondría la desobediencia de la sentencia. Por ello, Junts pel Sí prepara enmiendas para adecuar la moción al ordenamiento constitucional, que intentarán transaccionar con la CUP. Según fuentes del grupo, la propuesta sería evitar instancias a terceros –como a los Mossos d'Esquadra, que aparecen en el texto original–, y cambiar la apelación de desobediencia al Constitucional por una de “obediencia al 27-S”.
Desde la CUP aseguran que son conscientes de las posibles consecuencia legales de su texto y que están “dispuestos a asumir ese riesgo como CUP”. Pese a eso, recalcan que no están exigiendo que otros lo corran. “Pensamos que la respuesta adecuada a las sentencias del TC es no quedarnos parados y contamos con las consecuencias judiciales que esto puede tener”, explican.
Sobre las posibilidades de aceptar las enmiendas de JxSí, se abren a introducir cambios siempre que no sean para ajustarse al Constitucional. “Hemos dicho que no movemos una coma, en referencia a presentar una moción condicionada por la sentencia de un tribunal que dimos por deslegitimado el 9-N. Esto no lo haremos”, marcan. “Ahora bien, si el cambio es para incorporar fundamentos ideológicos de otros independentistas, eso estamos dispuestos a hablarlo”, añaden.
