La protesta 'Aturem el Parlament' llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Última parada judicial de 'Aturem el Parlament'. La protesta que confrontó al movimiento 15-M con los diputados del Parlament que en 2011 aprobaron el primer paquete de recortes sociales de los gobiernos de Artur Mas ha llegado a Europa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido a trámite la demanda de dos de los ocho condenados por el Tribunal Supremo.
De las varias demandas que había planteado a la justicia europea la defensa de los dos condenados, que ejerce el despacho Boye-Elbal, el TEDH ha aceptado la de vulneración del derecho a un juicio justo. El denominado Tribunal de Estrasburgo examinará la demanda, después de que el Constitucional rechazara admitir a trámite el recurso de amparo que presentó la defensa de los dos manifestantes contra la condena impuesta por el Supremo.
La defensa de los dos condenados ha expuesto que la sentencia condenatoria del Supremo, que anuló la absolución que dictó la Audiencia Nacional, vulnera la jurisprudencia española, ya que, según la tesis de la defensa, no se puede condenar durante la fase de apelación (como hizo el Supremo) sin pruebas nuevas y sin escuchar a los acusados. Según informa la agencia Efe, el Gobierno tiene hasta el 17 de enero para responder a la demanda planteada por los dos condenados.
El Supremo anuló en marzo de 2015 la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el cerco al Parlament y condenó a ocho acusados a 3 años de prisión por un delito contra las instituciones del Estado. La resolución incluyó un voto particular del magistrado Perfecto Andrés, favorable a mantener la absolución. Con todo, el alto tribunal revocó directamente la sentencia de la Audiencia Nacional en vez de ordenar que se repitiera el juicio.
El Supremo también se opuso el pasado diciembre a conceder el indulto a los condenados porque consideraron que no había “razones de justicia, equidad y utilidad pública” para concederlo. Señalaron que los condenados “comprometieron” una de las manifestaciones de la soberanía popular, en este caso en el pleno del Parlamento de Catalunya que, a pesar de la manifestación, acabó aprobando los presupuestos que recortar el gasto social un 10%.
