PSC y CSQEP reclamarán que el Govern aplique medidas sociales que estaban en su propio programa
La oposición de izquierdas en el Parlament empleará el pleno monográfico sobre urgencia social, que se llevará a cabo este miércoles y jueves en el Parlament, para intentar forzar al Govern a adoptar algunas de las medidas sociales que Junts pel Sí llevaba en su programa y otras heredadas de la legislatura anterior pero que hasta ahora no se han desplegado. Los grupos de PSC y CSQEP, impulsores del pleno monográfico, presentarán propuestas de resolución conjuntas para lograr compromisos concretos en materias como la Renta Mínima, la pobreza energética, el derecho a la vivienda o la garantía alimentaria de los escolares.
Ambos grupos además tratarán de evitar que las propuestas que se aprueben en el pleno monográfico caigan en saco roto, tal como lo hicieron, según denuncian, las aprobadas en el último pleno de la misma naturaleza de 2014. PSC y CSQEP han acordado reclamar una comisión de seguimiento sobre todas las medidas que se aprueben en el debate monográfico, con el objetivo de garantizar su cumplimiento y de establecer indicadores para medir su impacto real. Ambos consideran que esta comisión debería ser interdepartamental y contar con la presencia de entidades de la sociedad civil y de los ayuntamientos.
Respecto a la renta mínima, tanto PSC como CSQEP desean que se derogue la restrictiva reforma del RMI llevada a cabo en 2011, como medida paliativa mientras la ILP de Renta Garantizada de Ciudadanía llega al pleno. Fuentes de ambos partidos explican que actuar sobre las rentas mínimas mientras se introducen las nuevas medidas es urgente y que exigirán que la consellería de Treball destine recursos para que los perceptores lleguen al menos a los 32.000 cubiertos en 2011, tal como el departament prometió.
Exigen además que el Govern despliegue el reglamento preceptivo de la ley 24/2015, de medidas urgentes sobre vivienda y pobreza energética. La portavoz del PSC, Eva Granados, asegura que de los 10 millones que el Govern prometió ampliar contra la pobreza energética en 2015 solo se han ejecutado dos. “Además son los ayuntamientos quienes, pese a su asfixia económica, están dando respuesta a situaciones de emergencia social que la ley prevé”, subraya Granados, quien considera que si bien una parte de la culpa de esto la tiene el mal estado de las finanzas de la Generalitat, otra parte es imputable a “mala gestión, insensibilidad e ideología”.
En CSQEP apuestan hacer de la cobertura total de las becas comedor uno de los principales caballos de batalla del pleno. Según explica la diputada Marta Ribas, el Parlament ha aprobado en dos ocasiones la partida abierta de becas comedor, sin éxito. “Demuestra que de nada sirve aprobar una ley si no se ponen recursos, por lo que el objetivo no es una declaración de intenciones sino que se pongan los recursos necesarios”, asegura. Reclama además que el Govern fuerce a las empresas eléctricas y suministradoras a hacerse cargo de los gastos de las familias en riesgo de exclusión social en vez de efectuar cortes de suministros, tal como prevé la ley 24/2015. CSQEP ha propuesto un plan de choque valorado en 4.000 millones de euros, de los que 2.600 saldrían de la lucha contra el fraude fiscal.
La CUP critica el “cinismo” del pleno
La CUP anticipa que centrará su discurso en las medidas estructurales de la pobreza, que considera que no es una situación casual sino un producto del capitalismo. Según ha explicado la diputada Mireia Vehí en rueda de prensa, este pleno tiene “un alto componente de cinismo”, ya que asegura que el cumplimiento de los compromisos alcanzados en plenos similares ha sido muy pequeño y que “hay partidos que dicen una cosa en la oposición y hacen otra en el Gobierno”.
Por ello, la CUP llegará al pleno con posiciones de máximos, y presentará 15 propuestas entre las cuales habrá medidas fiscales, sobre la deuda o sobre una economía de los cuidados a través de la Renta Mínima de las Iguales. La diputada Gabriela Serra defenderá además una moción sobre la actuación de los mossos y los cuerpos policiales en situaciones de vulneración de derechos como los desahucios.
El Govern asegura que el grado de cumplimiento fue del 86%
A las críticas de los grupos de izquierda de la oposición sobre el grado de cumplimiento de los compromisos del anterior pleno de pobreza se ha adelantado este martes la portavoz del Govern, Neus Munté, quien ha asegurado que el ejecutivo acudirá al pleno con un informe que asegura que el Govern ha cumplido el 86% de aquellas medidas.
Según ha exhibido la consellera, tras el pleno del 2014 el Govern puso en marcha un paquete de 158 medidas, la mayoría de ellas cumplidas y el resto en curso. Entre los incumplimientos que reconoce el Govern se encuentra la lucha contra la pobreza y la reducción de los indicadores de riesgo, mientras que en materia de acceso a la vivienda el ejecutivo saca pecho con un cumplimiento del 90%.
Desde JxSí los diputados Anna Figueras y Chakir El Homrani aseguran que llevarán al pleno propuestas realistas, y han avisado que se negarán a hacer “electoralismo con la situación de los más vulnerables”. Según los diputados, la prioridad de su grupo en el pleno será presentar las medidas del plan de choque pactado con la CUP para lograr la investidura. Pese a esa voluntad, el Govern no tiene “ni los recursos ni las herramientas” para luchar contra la pobreza, ha asegurado El Homrani, por lo que solo apoyarán “lo que se pueda ejecutar”.
