Sànchez, Rull y Turull piden que el rey, Rajoy, Colau, Urkullu y Puigdemont testifiquen en el juicio al 'procés'
El juicio del 'procés' ante el Tribunal Supremo reunirá como testigos a personalidades destacadas de la política española si la sala acepta las peticiones de los diputados suspendidos de Junts per Catalunya (JxCat) acusados de rebelión, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. Su defensa ha solicitado al tribunal que testifiquen más de 90 personas, entre ellos el rey Felipe VI; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el lehendakari, Iñigo Urkullu; o los expresidentes de la Generalitat y del Gobierno Carles Puigdemont, Artur Mas y Mariano Rajoy.
Si la Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido que declaren más de 90 policías y guardias civiles supuestamente heridos por votantes el 1-O, la defensa de Sànchez, Rull y Turull replica con la solicitud de que declaren 70 personas, entre lesionados, lesionadas, votantes de colegios donde no se produjeron incidentes y “personas que estuvieron en colegios con intervención pero sin retirada de urnas”.
La ley de enjuiciamiento criminal estipula a partir de su artículo 410 que el rey de España, a la reina y al heredero y regentes del reino no están obligados a declarar como testigos en un juicio. La norma también recoge que están exentos de comparecer presencialmente los expresidentes del Gobierno y de comunidades autónomas, como Rajoy y Puigdemont, si bien sí los obliga a informar por escrito o a declarar por videoconferencia sobre los hechos que se juzgan.
Ni las defensas de los dirigentes de ERC ni Òmnium ni de Joaquim Forn han pedido citar al monarca ni a Rajoy. “Citar al rey o, en su defecto, al jefe de la casa real, Jaime Alfonsín, no es una revancha, es fruto del propio escrito de acusación de la Fiscalía, que cita el discurso del rey del 3 de octubre. Si no lo hubiera mencionado no habríamos dicho nada”, ha justificado Pina.
En esencia, el escrito de defensa de los tres políticos, representados por el penalista Jordi Pina, expone que los hechos que la Fiscalía considera un delito de rebelión no constituyen en realidad ningún tipo penal, por lo que el Supremo debe absolverlos. “La Fiscalía hace una reinterpratación de lo que ha pasado en este país que no es ajustada”, ha aseverado Pina en rueda de prensa. El ministerio público 16 años de prisión para Rull y Turull y 17 para Sànchez.
En línea con los alegatos políticos de otros acusados, los tres políticos de JxCat denuncian que se han vulnerado sus derechos fundamentales y aseguran que el juicio en el Supremo “de lo que trata en realidad es de poner en tela de juicio a la democracia española”.
“No en vano la percepción sobre la regresión en materia de derechos y libertades es cada vez más extendida y concierne a todo el mundo, tanto en Catalunya como en España e incluso en Europa”, asegura Pina, que acusa al Supremo de mantener en prisión privisional a sus clientes “por poner unas urnas y por su ideología”.
Sobre los hechos concretos, el escrito de Rull y Turull expone que ambos exconsellers “entendieron” que la celebración del referéndum “se iba a desarrollar de modo similar” a la votación del 9-N, esto es, sin cargas policiales, porque el TSJC “había dado instrucciones a los cuerpos policiales de que actuaran en todo momento sin alterar la normal convivencia ciudadana”.
Y respecto al 20 de septiembre frente a la conselleria de Economía, uno de los hechos clave para la Fiscalía que sustenta la rebelión, Sànchez defiende que la protesta contra el registro policial “fue un acto de ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica y una muestra más del civismo y el carácter pacífico que han presidido siempre las movilizaciones organizadas por la Assemblea Nacional Catalana”.
“Curiosa rebelión o sedición aquella en la que los principales dirigentes rebeldes o sediciosos instan a los ciudadanos a mantener en todo momento una actitud pacífica y tratan de evitar la confrontación con la policía animándoles a votar en aquellos centros en los que no hubiera presencia policial”, concluyen los escritos.
