El Supremo confirma la suspensión como diputados de Junqueras, Romeva, Sànchez, Rull y Turull
El Tribunal Supremo ha confirmado la suspensión como diputados de Oriol Junqueras y Raül Romeva (ERC) así como de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull (JxCat) ordenada por el magistrado Pablo Llarena. En un auto, la sala de lo penal del Alto Tribunal avala el artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal que aplicó el juez Pablo Llarena sobre los cinco diputados presos y Carles Puigdemont, y recuerda que no fue fruto de una “decisión discrecional” del instructor sino la aplicación automática de la ley.
El tribunal rechaza los recursos presentados por los cinco diputados suspendidos presos pero no menciona el de Puigdemont. Precisamente la suspensión del expresident motivó un agrio enfrentamiento entre Junts per Catalunya y ERC. Los de la lista de Pugidemont estaban de acuerdo con aplicar la figura del diputado sustituto que propuso el juez Llarena pero tan solo a los presos, mientras que los republicanos rechazaron hacer distinciones entre el expresident, que permanece en Bélgica, y los encarcelados.
Todos los diputados suspendidos ya no cobran, pero la Mesa deberá concretar y formalizar su sustitución a la vuelta del verano. La suspensión aplicada en base al artículo 384 bis, que suspende de cargo público a todos los procesados por rebelión en prisión provisional, es el paso previo a la inhabilitación de los políticos, que solo se puede aplicar una vez haya sentencia.
Los diputados presos alegaron que el juez Llarena había obviado la jurisprudencia sobre el 384 bis, en concreto la sentencia del Tribunal Constitucional que vinculó el delito de rebelión al uso ilegítimo de armas de guerra o explosivos y a las bandas terroristas. El Supremo rechaza este argumento y reitera que el concepto de “rebeldes” es equiparable al de banda armado debido a “sus finalidades y al grave ataque al orden constitucional que representan”.
En este sentido, los tres magistrados que revisan las decisiones de Llarena remarcan que los diputados suspendidos protaganizaron unos hechos “que atentan contra la misma esencia del Estado democrático”. Y rechaza que su suspensión sea desproporcionada “ante la gravedad de unos hechos que pretendían, con el auxilio de previsibles actos de violencia, alterar los límites territoriales, no solo de España, sino de la Unión Europea”.
A criterio de los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro, la suspensión automática del 384 bis aplicada por el juez Llarena no precisa de mayores justificaciones porque “la gravedad de los hechos resulta de tal evidencia que autoriza una motivación implícita perceptible por cualquiera”.
