Torra pide al Supremo volver a ser diputado hasta que la condena por los lazos amarillos sea firme

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha recurrido este martes la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que le condenó a 18 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia al desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de descolgar los lazos amarillos de los edificios públicos. Además de pedir su absolución, el president ha solicitado a los magistrados de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que dejen en suspenso los “efectos asociados” de la sentencia del TSJC. En otras palabras: que le permitan volver a ser diputado en el Parlament hasta que no confirmen la condena que le impuso el TSJC.

Si el Alto Tribunal no acoge esta medida cautelar, la defensa de Torra argumenta que se vulnerarían varios derechos del president, como el derecho a la tutela judicial, a la presunción de inocencia, a la doble instancia penal y al juez ordinario predeterminado por ley. La petición de Torra implica solicitar a los magistrados de la Sala de lo Penal que corrijan el rechazo de los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativa a suspender la retirada del escaño de Torra ordenada por la JEC, y cuyo acatamiento por parte del presidente del Parlament, Roger Torrent, provocó la crisis entre JxCat y ERC que ha puesto fin a la legislatura catalana.

Después de quedarse sin escaño, Torra anunció que tras aprobar los presupuestos catalanes –algo previsto para mediados de marzo– convocaría elecciones. Para hacerlo debe seguir siendo president y por lo tanto es necesario que por entonces el Tribunal Supremo no haya confirmado la condena por los lazos. De ser así Torra estaría inhabilitado por completo y por tanto no podría ejercer la competencia del president de la Generalitat para convocar elecciones.

El Supremo puede tardar entre tres y cinco meses en emitir la sentencia definitiva sobre el caso, por lo que en principio Torra puede mantener su apuesta política para convocar elecciones antes de que el Alto Tribunal fije su futuro penal y político. Los plazos además podrían alargarse, ya que en su recurso de casación, al que ha tenido acceso este diario, Torra sostiene que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “tendrá que pronunciarse, por mucho que se pretenda tapar el sol con las manos”, respecto a las cuestiones prejudiciales sobre la imparcialidad de los jueces del TSJC que le condenaron en primera instancia y que fueron denegadas al final de su juicio en Barcelona.

En este sentido, Torra añade que la Sala de lo Penal del Supremo está “obligada” a plantear dichas cuestiones prejudiciales ante el TJUE. El president pidió elevar ante la Justicia europea sus dudas sobre la imparcialidad de los magistrados del TSJC que instruyeron el caso y lo juzgaron, empezando por su president, Jesús María Barrientos. Sin embargo, el TSJC lo descartó.

En su recurso de casación, Torra sostiene que la sentencia del TSJC persigue apartarle “ilegal e ilegítimamente” del cargo. A criterio del president, toda la causa judicial por los lazos, desde la primera orden de la JEC para retirarlos a la sentencia del TSJC, adolece de “una clara intencionalidad política que, a su vez, tiene serios visos de constituir una palmaria persecución política”. Ni los magistrados de la JEC ni del TSJC, apostilla Torra, “han guardado la más mínima apariencia de imparcialidad”.