El Govern acusa al Estado de usar al Tribunal de Cuentas para una “campaña del miedo” previa al 1-O
“El Estado ha emprendido una estrategia desesperada del miedo para tratar de detener lo que no se puede detener”. Con estas palabras, de un tono especialmente duro, ha calificado el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la decisión del Tribunal de Cuentas de exigir a Artur Mas y a otros nueve altos cargos una fianza de 5,2 millones por la consulta del 9-N.
Tras serles comunicada la decisión, diversos miembros del Govern se han reunido con el expresident Mas y los representantes de las entidades soberanistas para abordar la cuestión. Puigdemont ha explicado en una rueda de prensa tras este encuentro que su Ejecutivo encuadra la decisión en una “campaña del miedo” y no ha dudado en calificar la exigencia del Tribunal como “confiscación de patrimonio personal”.
Precisamente el temor de los altos cargos de la Generalitat a tener que responder con patrimonio propio fue una de las razones que precipitó la crisis de Gobierno del pasado verano, comenzada cuando el conseller Jordi Baiget expresó este miedo, y por la que se acabó cesando a diversos consellers del PDECat.
“Se han saltado las garantías fundamentales del derecho de defensa y procesales, y lo ha hecho de forma claramente contraria al Estado de derecho”, ha denunciado Puigdemont. En el mismo sentido, Junqueras ha considerado que este es un asunto que atañe también a “todos los demócratas españoles” pues a su juicio no tienen ninguna garantía de “no sufrir el mismo abuso que los ciudadanos catalanes”.
El Govern ha querido lanzar un mensaje de contundencia “en una semana que todos sabemos que es fundamental”, anunciando que el referéndum del 1-O es irrenunciable y seguirá adelante “pese a las amenazas”. “Toda la determinación”, ha reforzado Puigdemont. “La mejor respuesta es una respuesta democrática”.
La decisión del Tribunal de Cuentas, conocida este martes, amplía a otros seis cargos políticos y técnicos las responsabilidades sobre los gastos derivados de la consulta del 9-N, que hasta ahora pesaban sobre Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau, los únicos condenados por ello. El órgano fiscalizador ha convocado a estas 10 personas para el 25 de septiembre para comunicarles que deben abonar los 5,2 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas rechazó en julio las alegaciones de la Generalitat, que pidió no investigar a los cuatro procesados por el 9-N al considerar que fue un gasto legítimo a petición del Parlament. Ahora, a menos de un mes del referéndum, la acción del organismo toca también a cargos del Govern de 2014 que no habían sido acusados ni tienen responsabilidades penales sobre el 9-N.
La denuncia ante el Tribunal de Cuentas fue interpuesta por dos entidades contra la independencia, Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, y la apertura de diligencias contó con el respaldo de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
