¿Puede el Gobierno introducir el castellano en las aulas catalanas en tan solo medio año?
El Ministerio de Educación no solo se encontrará una revuelta educativa si trata de desmantelar la inmersión lingüística, sino también con serios obstáculos administrativos y organizativos. La intención del Ejecutivo central, a través del 155, de facilitar que las familias puedan escoger el castellano como lengua vehicular en Catalunya choca con un sistema educativo que no está pensado para segregar por idioma, mucho menos a falta de seis meses para empezar el próximo curso 2018-2019.
Para empezar, el aplicativo informático que utiliza la conselleria de Enseñanza para distribuir al alumnado en función de la oferta y la demanda en los colegios no tiene en cuenta la variable del idioma. “En la solicitud puede ser fácil introducir la casilla del castellano, pero no es tan sencillo trasladarlo al programa informático”, sostiene Emili Muñoz, director de servicios educativos de Mataró y buen conocedor del proceso de adjudicación de plazas escolares. La problemática adaptación del aplicativo, además, debería adaptarse antes de junio, cuando la lista de plazas suele ser ya definitiva.
Por ahora, el Gobierno no ha especificado cómo lo hará. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ni siquiera ha confirmado que vayan a introducir la casilla del castellano en el formulario de preinscripciones, pero sí ha dejado claro que su voluntad es hacer posible que los padres puedan escoger la lengua vehicular de sus hijos en clase. Algo que no sucede ahora en Catalunya, donde la lengua de enseñanza por defecto en las aulas es el catalán, de acuerdo con el modelo de inmersión.
La opción de separar a los alumnos en función de la lengua es, según Muñoz, “prácticamente inviable por las repercusiones organizativas que tendría sobre los centros”. Lo suscribe Francesc Colomé, exsecretario de Políticas Educativas del departamento de Enseñanza, que recuerda que para ello “haría falta que la demanda estuviera equilibrada”, por ejemplo a nivel territorial o por edades. “¿Qué pasaría si en P-3 hay cinco familias que quieren castellano y 45 catalán?”, se pregunta.
En los modelos en los que hay dos vías lingüísticas, como era hace años el caso de la Comunidad Valenciana, las familias hacían la preinscripción sabiendo en qué idioma se daba clase en cada colegio. Así, una hipotética casilla del castellano en Catalunya provocaría que los centros tuvieran que adaptarse a la demanda de lengua de las familias, en vez de hacerlo las familias a la oferta existente.
Con todo, el último escollo para plantear este modelo es la Ley de Educación de Catalunya, que en su artículo 11 establece que los alumnos “no pueden ser separados en centros ni en grupos clase distintos por razón de su lengua”. La misma idea queda plasmada en el Estatut, sin que ello fuera reformulado con la sentencia del Tribunal Constitucional. Explorar esta vía por parte del Ministerio a buen seguro acarrearía los correspondientes recursos ante el Constitucional.
El 25% de castellano si un alumno lo pide
Hasta hoy, quien ha decidido si en un colegio catalán se daba clase en castellano ha sido el propio centro en su proyecto lingüístico. Lo hacen el 14% de las escuelas en Catalunya motu proprio, desmintiendo así la idea de la inmersión como un modelo inflexible. Solo ha habido una serie de casos en que han sido las familias, tras recurrir a los juzgados, las que han conseguido cambiar la lengua de la clase de sus hijos.
Antes de empezar el curso, según fuentes de Enseñanza, había una docena de casos en los que un centro había tenido que dar un 25% de las clases en castellano por la petición de una familia (un porcentaje equivalente a una asignatura además de la de Lengua Castellana). Las sentencias, ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), interpretaban que el castellano no puede ser excluido como lengua vehicular, y que con ese porcentaje se acababa con dicha exclusión.
“El Gobierno podría optar por esta vía, que sería más sencilla que segregar; ahora bien, sería una locura cambiar la lengua de las clases solo porque un alumno lo pidiera”, reflexiona Colomé. A nivel administrativo, sería más viable forzar a los centros a que ampliaran las clases en castellano si tienen alumnos que hayan marcado la casilla, puesto que no conllevaría revisar aplicativos ni el sistema de adjudicaciones.
La respuesta social, eso sí, sería en cualquiera de los casos contraria a la modificación de la inmersión. Los sindicatos ya han dejado claro que animarán a la desobediencia entre el profesorado, y las principales asociaciones de familias también se oponen. Además, recuerdan que cualquier opción que utilice el Ministerio supondría también desmontar el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) de cada escuela, a menudo un documento elaborado por los docentes tras años de trabajo y deliberación.
