Los jueces se hartan y denuncian ante Inspección de Trabajo el estrés, la falta de registro horario y la sobrecarga de causas
“Los jueces siempre hemos tenido un componente vocacional importante, pero corremos el peligro de confundir la vocación con poner en peligro nuestra salud”. Es el diagnóstico del magistrado Carlos Hugo Preciado, que en representación de la asociación Juezas y Jueces por la Democracia (JJxD), ha denunciado ante la Inspección de Trabajo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia por infringir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales de los jueces de lo social de Barcelona, Tarragona y Reus.
La denuncia expone cifras que reflejan la sobrecarga de trabajo que sufren los jueces de lo social de estas tres ciudades catalanas: según la propia evaluación de la carrera judicial que encargó el Consejo el año pasado, en los 30 juzgados de lo social de la capital catalana el 64% de los togados se halla en situación de riesgo psicosocial elevado o muy elevado debido al exceso de tiempo que pasa trabajando.
Además, el 92% de magistrados de la jurisdicción social en Barcelona presenta riesgos psicosociales elevados o muy elevados –vinculados a estrés, fatiga o ansiedad– debido al exceso de carga de trabajo. “El exceso de trabajo lo puedes aguantar un año, dos, tres... pero cuando se mantiene tanto tiempo acaba minando”, expone Preciado, que recuerda que los juzgados más saturados son los que están más en contacto con los problemas diarios de los ciudadanos, como los de lo social y lo penal.
Las consecuencias se dejan notar, por ejemplo, en el número de causas de estos juzgados, que rondan las 1.400 en el caso de los de lo social de Barcelona pese a que a efectos de productividad “lo normal serían 800”, remarca Preciado. El trabajo de los togados, además, no termina en el despacho: el 70% declara que trabaja sábados o domingos “casi siempre”, según una encuesta del propio CGPJ. “La gente tiene derecho a que puedas mirar su causa con calma, y ahora no siempre es así porque todo va entrando y no hay un tope”, expone Preciado.
“Hemos tenido casos de trastornos ansiosodepresivos, depresiones, ansiedad..., compañeros que tienen que salir de circulación hasta que no se estabilizan. En el 99% de los casos además no se quiere aceptar que se ha petado, precisamente por la vocación de servicio que hay en la carrera”, asevera Preciado.
La denuncia ante Inspección de Trabajo que JJxD ha interpuesto respecto a los juzgados de lo social de Barcelona, Tarragona y Reus es la primera de una serie que se presentarán en distintas ciudades de toda España donde la asociación ha detectado cargas de trabajo excesivas en los juzgados. Los próximos serán los jueces de Madrid. “Como el Consejo General del Poder Judicial no está por lo que tiene que estar a nivel global, denunciaremos ciudad a ciudad”, zanja el magistrado.
Los togados han interpuesto su denuncia por infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales contra el CGPJ, que es la institución responsable en esta materia, así como contra el Ministerio de Justicia. El motivo es que el Ministerio tiene suscrito con el Consejo un convenio sobre el sistema de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud de los miembros de la carrera, por lo que también tiene competencias en este ámbito.
“El Consejo tiene que fijar carga máxima de trabajo, los jueces y juezas no pueden estar indefinidamente trabajando sábados y domingo para sacar las sentencias”, reclama Preciado. Además, los togados denuncian ante la Inspección de Trabajo que el Consejo no ha implantado el registro horario pese a que tiene obligación legal de hacerlo. “Si a un juez le da por trabajar 70 horas a la semana, el Consejo no lo sabe”, resume el magistrado.
Además del registro horario y de fijar una carga máxima de trabajo a efectos de salud, Preciado explica que con la denuncia pretenden presionar al Consejo y al Ministerio para que aumenten la planta judicial. “Son tres medidas básicas para superar la tormenta perfecta que supusieron durante la crisis el aumento de litigiosidad y las restricciones presupuestarias. A primera vista pueden parecer reclamaciones corporativas pero no lo son porque afectan a los derechos de la ciudadanía”, concluye el magistrado.
