El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un año de inhabilitación por desobediencia a Bernat Solé, exalcalde de la localidad catalana de Agramunt, por impulsar el referéndum del 1-O a pesar de las prohibiciones del Tribunal Constitucional. Primer alcalde condenado por facilitar las votaciones, los jueces le acusan de haber mantenido una “activa participación en la promoción, en la organización y en la celebración del referéndum ilegal en Agramunt”.
El Supremo rechaza el recurso del entonces regidor y confirma que su condena de inhabilitación afecta a su capacidad para ejercer un cargo público desde el ámbito local hasta el supranacional. También confirma que debe pagar una multa de 16.800 euros.
Solé, dicen los jueces, rechazó hacer caso a las órdenes expresas del Tribunal Constitucional y siguió impulsando las votaciones. Esto, dice la sala le hace merecedor de una condena de inhabilitación: “Si al condenado se le permitiera acceder a otro cargo de semejantes características y desde el que pudiera desplegar una análoga actividad, se estaría corriendo el riesgo de posibilitar que se reiterara en esa conducta delictiva que trata de prevenir la pena de inhabilitación impuesta”.
En las últimas semanas la sala de lo penal del Supremo ha dictado varias sentencias relacionadas con el 1 de octubre de 2017, las votaciones y los preparativos del referéndum. Por un lado ha ordenado repetir el juicio contra la entonces Mesa del Parlament de Catalunya al entender que dos de los jueces que participaron en la sentencia no era imparciales. Por otro, ha condenado a Eulàlia Reguant, diputada catalana de la CUP, a pagar una multa de 13.500 euros por negarse a contestar a las preguntas de Vox en el juicio del procés cuando compareció como testigo.