Una entidad catalana de referencia que atiende a víctimas de agresión sexual cierra por falta de ayudas públicas

Cada día llega, al menos, una mujer a la sede de AADAS. Y cuando una mujer cruza el umbral de la puerta de esta entidad, es que ha sido víctima de una agresión sexual. Acceden a ella derivadas de recursos como Servicios Sociales, hospitales o Mossos d'Esquadra. Se trata de una entidad que es un servicio de referencia en Catalunya: desde hace más de 30 años ofrece atención especializada en este tipo de violencia machista, ofreciendo asesoramiento jurídico y psicólogico de manera gratuita.

Durante tres décadas han pasado miles de mujeres por sus instalaciones, pero hace semanas que no atienden casos nuevos. El motivo es que esta semana se verá obligada a realizar un ERTO a toda su plantilla por haberse quedado sin fondos. Como muchas otras asociaciones del tercer sector, AADAS depende de subvenciones. Cada año reciben unos 70.000 euros, dinero que va destinado a pagar nóminas y alquilar un local.

Pero este año se les han denegado los fondos correspondientes a la subvención del IRPF, dependiente de la Generalitat, que recibían desde 1991 y suponía un 77% de su presupuesto. Sin esa ayuda, apenas suman 15.000 euros de otras subvenciones provenientes del Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación. “Ese dinero no nos da ni para pagar un mes de gastos”, se lamenta Maria Sellés, co-coordinadora de AADAS. Ahora, les quedan unos 4.000 euros en el banco.

Sabiendo que se enfrentaban al cierre, hace semanas que decidieron dejar de abrir expedientes nuevos, aunque sí siguen atendiendo a las usuarias a las que ya acompañan. “Y no dejaremos de hacerlo. Continuaremos como voluntarias, pero no debería ser así. El nuestro debería ser un servicio garantizado y profesionalizado”, se lamenta Sellés. Reivindican que en tanto que los casos que atienden vienen derivados de recursos públicos deberían ser parte de la red pública de atención a las violencias sexuales y no “un servicio externo y precario”, apuntan desde la asociación.

El motivo por el cual la Generalitat ha denegado esta subvención, que se eleva a más de 53.000 euros, es que se presentó tres horas fuera de plazo, según el departamento de Derechos Sociales. AADAS reconoce el error, pero presentó una alegación porque “sin ese dinero no podemos funcionar”, admite Sellés. A pesar de eso, la alegación no fue admitida a trámite. Según el departamento, esto se debe a que no hay margen para admitir a AADAS porque “se han presentado más proyectos y entidades que el año anterior, mientras que los fondos siguen siendo los mismos”. Según datos facilitados por la Generalitat, el aumento de entidades es del 5%.

Los fallos del sistema de subvenciones

Esta inestabilidad, según denuncian desde la entidad, no es nueva, sino que se lleva dando desde hace tiempo. “El año pasado nos denegaron esta misma subvención y no hubo ningún problema técnico. Jamás nos dieron ninguna explicación”, recuerda Sellés. La situación se arregló in extremis: gracias a una campaña de presión pública, consiguieron una rectificación y recibieron el dinero. “Estábamos haciendo mucho ruido y quedaban pocas semanas para las elecciones”, apuntan desde la entidad.

Sellés considera que las sucesivas negativas por parte de la administración se deben a un “ataque hacia AADAS”, pero desde la administración lo niegan. “Valoramos la experiencia y el aporte social de esta entidad, al igual que todas las que atienden la violencia de género”, defienden desde el departamento de Feminismos e Igualdad de la Generalitat. Aún así, Sellés considera que la gestión que se hace de las subvenciones es “un insulto a nuestro trabajo”.

Esta crítica se debe, también, a la repartición que la Generalitat hace de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, creado por el Ministerio de Igualdad en 2019 y que cuenta con un presupuesto de 100.000 millones de euros anuales hasta 2024. De estos, 13 millones van a parar a Catalunya. Según recuerdan en AADAS, en 2019 hubo mucho dinero destinado a subvenciones, pero en 2020 solo hubo una única convocatoria, por valor de 500.000 euros. “¿Dónde están los 12 millones y medio restantes?”, se pregunta Sellés.

La primera aportación de dinero del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en 2019, fue a parar al departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, que fue reestructurado después de las elecciones de 2021, repartiendo competencias -y los fondos provenientes del pacto- entre tres departamentos de nueva creación: Trabajo, Derechos Sociales y Feminismos e Igualdad, siendo este último el que gestiona ahora los fondos.

Un retraso de 33 millones de euros

El diseño de sistema de subvenciones condena a la inestabilidad a muchas entidades que, como AADAS, aseguran que las previsiones de liquidez llegan “como mucho” a cuatro meses vista. “Se aprovechan de nuestra militancia, pasando por alto que somos trabajadoras y que realizamos un servicio público atendiendo casos que nos derivan desde las administraciones. Aun así, no nos pagan y, si nos pagan, es con retraso”, dice Sellés.

Este año, las principales convocatorias se están publicando en Catalunya con un atraso de más de medio año respecto al inicio de los proyectos subvencionados, llegando el ingreso de fondos casi al final de su ejecución. Es decir, que las entidades tienen que empezar sus proyectos sin saber sin serán financiados o no. El resultado de este calendario es que el tercer sector ya está avanzando más de 33 millones de euros, en muchos casos a golpe de crédito.

“Estamos asumiendo los intereses de estos créditos, que quedan fuera de la subvención y, como consecuencia, tenemos que reducir los equipos profesionales en un momento de máxima presión asistencial después de la pandemia”, asegura Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector. “Nunca habíamos estado tan mal”, añade.

Conscientes de esta precariedad, desde el departamento de Feminismos e Igualdad aseguran que la Generalitat está trabajando en un nuevo modelo de relaciones con las entidades del tercer sector que “asegure la continuidad de los servicios necesarios y garantice una gestión de los fondos que permita trabajar con una mirada larga”. Apuntan que es “injusto” para estas mujeres víctimas de violencia sexual ir un servicio que, en cualquier momento, podría dejar de existir, como ha pasado con AADAS.

Así, aunque continuará acompañando desde el voluntariado a las mujeres a las que ya atiende, esta entidad dejará de asistir a las más de 350 mujeres que llegan a su sede cada año, dejándolas huérfanas de asistencia psicológica. “Nosotras atendemos a mujeres y hombres independientemente de donde estén empadronadas o de si están en situación administrativa irregular, cosa que en muchos servicios públicos no se hace. ¿Dónde irán estas personas ahora?”, se pregunta Sellés.