Castilla-La Mancha ultima ya la norma con la que quiere intervenir en el Tajo-Segura
Un informe “preceptivo”, es decir, que debe ser cumplido de manera obligatoria. Esa es la fórmula que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere incluir en su nueva Ley del Ciclo Integral del Agua, actualmente en consulta previa, para poder darse voz, opinar y decidir sobre cualquier transferencia hídrica que se realice desde la región, y más concretamente desde el controvertido trasvase Tajo-Segura. Se trata de una medida que Emiliano García-Page ya comprometió para su incorporación en la reforma del Estatuto del Autonomía. Pero el grupo de trabajo para esta modificación actualmente se encuentra paralizado y es muy probable que sea esta nueva ley, que cambia a su vez la vigente desde hace 15 años, la que finalmente pueda sentar un precedente importante en esta comunidad autónoma.
Desde el Ejecutivo castellano-manchego cuentan con el precedente de Aragón. En su Estatuto de Autonomía ya se estipula que una región puede emitir informe preceptivo sobre el uso del agua que transcurre en las cuencas de su territorio. De hecho, la incorporación de tal precepto sirvió para que el Gobierno aragonés obligara al Tribunal Constitucional a modificar algunas disposiciones del polémico Memorándum del Tajo, por no consultar el Gobierno central a esta comunidad autónoma.
Es una baza que la Junta de Castilla-La Mancha considera, por tanto, posible. Y así quiere incorporarlo en la nueva Ley del Ciclo Integral del Agua, con el horizonte de que pueda remitirse a las Cortes regionales durante el año que viene y pueda estar aprobada y vigente antes de que termine la presente legislatura.
“Tenemos que hacer, como siempre pero ahora más que nunca, una defensa esencial del agua en Castilla-La Mancha. Teniendo en cuenta que las competencias sobre planificación hidrológica son estatales, debemos articular de alguna forma la situación en la que nos encontramos: evitar que el agua pase sin quedarse y sin que sirva para el desarrollo de nuestra región”, subraya Antonio Luego, director de la Agencia regional del Agua.
Contra la “judicialización permanente”
El objetivo es muy sencillo. El Gobierno autonómico quiere que si se van a hacer transferencias de agua que afecten al territorio, poder opinar. “Que no se convierta esto en una judicialización permanente de la situación porque no podemos opinar y porque el Estado nos obvia cuando se producen estas transferencias, que además suponen un perjuicio importante para el desarrollo de nuestra región”, añade Luengo, en relación a los 25 recursos judiciales acumulados por otros tantos trasvases del Tajo al Segura.
El objetivo va más allá y Castilla-La Mancha también “tiene que ser un actor importante por su ubicación central en el país” y por su “papel esencial en la planificación de todas las cuencas hidrográficas” que transcurren por la región. Ahora bien, ¿tiene la comunidad autónoma competencias para establecer una obligatoriedad a ser escuchada y tenida en cuenta? Ahí el precedente aragonés es importante: “queremos tener las mismas facultades que cualquier otra comunidad autónoma; no queremos ningún privilegio pero tampoco ser los 'don nadie' de toda esta cuestión”.
En general, la nueva Ley del Ciclo Integral del Agua busca que se haga cumplir la Directiva Marco de Agua en todos sus términos, pero especialmente en lo referente a la prioridad de la cuenca cedente, en este caso la del Tajo. Con ese derecho positivo en la mano, subraya el director de la Agencia del Agua, “queremos poner objeciones e incluso barreras, si fuera necesario, para que se cumpla”.
Pero al margen del trasvase, esta nueva norma incluirá también una nueva regulación de ciclo integral, es decir, los canales de abastecimiento, las necesidades de agua en las ciudades y los métodos de depuración. Es intención del Gobierno castellano-manchego marcar una serie de previsiones de abastecimiento para garantizar agua en calidad y cantidad en toda la región.
En cuanto al tratamiento de aguas residuales será fundamental por su objetivo vinculado al medio ambiente y a las generaciones futuras. Se establecerán nuevos cánones y procedimientos sancionadores para posibles incumplimientos en caso de vertidos industriales, así como otras medidas concretas que no aparecen en la normativa de hace 15 años o que se han regulado mediante planes y decretos.
“Queremos que al incumplidor no le sea barato pagar la sanción y asuma las repercusiones”, subraya Antonio Luengo. “Actualmente, un alto porcentaje del coste de la depuración lo asumen los ciudadanos. Eso queremos evitarlo y que la carga vaya hacia quien contamine”.
En paralelo a este proceso se encuentra la inversión de más 450 millones de euros que la Junta quiere realizar hasta el año 2020 en 554 proyectos de depuración de aguas residuales, y que según sus estimaciones, supondrá la creación y consolidación de unos 5.000 puestos de trabajo. Las actuaciones forman parte del II Plan de Depuración Regional, paralizado por el anterior Gobierno regional, y abarcarán las cinco provincias de Castilla-La Mancha, con la financiación en su mayor parte de los fondos FEDER de la Unión Europea.
