Las relaciones entre el Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP y Ciudadanos con el apoyo externo de Vox, y la Subdelegación del Gobierno de España, en manos del PSOE y Unidas Podemos, se encuentran en el momento más tenso de los últimos años. La llegada en avión de personas migrantes procedentes de Canarias la semana pasada ha servido al gobierno local para arremeter contra la izquierda por uno de los asuntos más manidos por parte de la derecha y de la extrema derecha.
Tras las declaraciones xenófobas del portavoz local de Vox, Mario Ortolá, en contra de la presencia de personas inmigrantes en Alicante, el alcalde Luis Barcala, del PP, pedía a la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, forzar un encuentro, enmarcado en la Junta de Seguridad Local para este viernes, donde le preguntaría tanto por las medidas adoptadas para el traslado de las 300 personas migrantes, como por el reforzamiento de las medidas de seguridad en Navidad contempladas en el nivel 4 del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, señalaban fuentes municipales.
De hecho, el consistorio había aprovechado el oficio remitido por la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior para que los policías locales de la provincia se sumaran a la reunión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para tratar la lucha antiterrorista e incluir el tema de la inmigración, que era el que le interesaba.
Por su parte, la subdelegada Poblador se ha negado a participar en la reunión del alcalde para este 18 de diciembre porque entiende que Barcala quiere “vender un mensaje xenófobo y más propio de la ultraderecha, ya que en esta provincia no hay ningún problema de inseguridad”. Sobre la alerta antiterrorista, ha acusado al gobierno local de que, al sacar este punto del orden del día a la opinión pública, “lo único que busca [el primer edil] es crear alarma social”.
Y, por último, sobre la petición ahora del regidor de hablar sobre violencia de género, Araceli Poblador ha desvelado que en estos últimos tres años el Ayuntamiento de Alicante no ha convocado ninguna Junta de Seguridad, y desde el mes de junio de este año, la Subdelegación ha instado al consistorio para que convocara una junta, para entre otros asuntos, firmar el protocolo que permite a la policía local de Alicante entrar en VIOGEN, el sistema para los casos de violencia de género. A fecha de hoy, dice Poblador “el Ayuntamiento no tiene preparado el documento para la firma, por lo que no tiene sentido hacer la reunión. El alcalde de Alicante demuestra con esta acción lo poco que le preocupan las mujeres víctimas de violencia machista, solo le preocupa hacer demagogia”.
Tras este movimiento de Poblador, el gobierno del PP y Cs de Alicante le ha pedido que se plantee su dimisión. En concreto, el concejal de Seguridad, José Ramón González, del PP, ha exigido a la subdelegada de Gobierno una rectificación pública por “mentir a los ciudadanos y hacer dejación de funciones al no acudir a la Junta de Seguridad convocada para mañana viernes 18 de diciembre”.
El edil considera “un insulto para los ciudadanos alicantinos que la subdelegada del Gobierno acuse al alcalde de vender un mensaje xenófobo cuando lo único que ha hecho el primer edil es pedir explicaciones en nombre de todos los alicantinos sobre los vuelos de inmigrantes procedentes de Canarias, para conocer las circunstancias en las que se han producido y las condiciones en que se han trasladado a estas personas, además de las ayudas y atención que han recibido una vez llegados a la provincia de Alicante”.
Para González, “las descalificaciones basadas en falsedades contra el alcalde, que como único objetivo persiguen ocultar los traslados irregulares, y que incluso se han producido vulnerando el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana, algo que ha denunciado hasta el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, son impropias de una persona que ostenta el cargo institucional al frente de la subdelegación de Gobierno, y dicen mucho de su poca talla política y del partido al que representa”, señaló el concejal de Seguridad.
El edil de Seguridad tacha de “censura el no querer abordar el problema sobre la llegada de inmigrantes a la ciudad y de querer esconderse para no dar explicaciones a los ciudadanos, que son a los que está faltando al respeto la Subdelegada del Gobierno, insultando y ocultando el problema real que tenemos en estos momentos tan complicados de pandemia”.
Por último, el concejal recuerda a la subdelegada que “además de ser responsabilidad del alcalde la convocatoria de las Juntas de Seguridad Local, está también dentro de sus competencias reclamar que se le informe sobre actuaciones de otras administraciones que afectan a la ciudad de Alicante. Parece que Poblador, que miente cuando dice que no tiene tiempo para asistir a la Junta de Seguridad y prefiere contarnos milongas para evitar dar la cara, cree que Alicante es su cortijo y que puede hacer cuanto se le antoje a ella o al gobierno que representa sin dar ningún tipo de explicaciones, algo que, esto sí, es impropio de un cargo público y que debería hacerle replantearse su continuidad en el cargo”.